"Nuestra situación es tan delicada que estamos a pocos días de quebrar", dijo hoy Hugo Alache, presidente de la Asociación de Proveedores de Odebrecht, luego de señalar que más de 40 mil trabajadores de cerca de 60 empresas subcontratadas por la constructora brasileña no pueden cobrar desde hace más de cuatro meses, ya que Odebrecht no ha abonado lo que les debe.
"Al incautar [el Estado] las cuentas que tenía Odebrecht para el pago de proveedores, rompió la cadena de pagos", agregó el representante de las subcontratistas. La deuda que tiene Odebrecht con ellas alcanza los US$11 millones 583 mil.
Como se sabe, la Sunat ha embargado al grupo brasileño por un monto que bordea los S/150 millones. De este, cerca de S/46 millones es dinero efectivo que proviene de sus cuentas bancarias y de valorizaciones con sus clientes, señaló la asociación.
Los proveedores aseguran que han conversado con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Justicia y con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que se coordine una solución. De acuerdo con Alache, esta última institución les comunicó que podría levantarse el embargo si se conseguía que Odebrecht se comprometiera a usar esos S/46 millones para pagar sus deudas.
En este sentido, los proveedores suscribieron el 20 de abril una "acta de acuerdo" con Odebrecht Ingeniería y Construcción, firmada por Alache y los funcionarios de la brasileña Guilherme Borges de Queiroz y Pedro Rodríguez Ferreyra.
La constructora, que ya ha aceptado su participación en distintos casos de corrupción, se obligó en este documento a que "una vez liberado el monto retenido por Sunat, que asciende al valor aproximado de S/46 millones [...], utilizará el íntegro de este valor para pagar" la deuda con los proveedores (82% del "valor liberado"), y las liquidaciones pendientes del personal del grupo Odebrecht (con el 18% restante).
Alache aseguró que al contratar con la brasileña, esta "no les dio ni un sol". "Nosotros hemos invertido nuestro dinero en base a préstamos bancarios y financiamientos". Además, anunció que a partir del 15 de este mes los bancos empezaron a ejecutarles las garantías.
Por otro lado, las subcontratistas aseguran que tienen cuatro meses sin pagarle los impuestos correspondientes a la administración tributaria.
"Del dinero que nos deben, que son S/40 millones a todos, entre 65% y 70% va a ir la Sunat", apuntó. "Pero cómo le pagamos [a Sunat] si ellos mismos tienen intervenidas las cuentas de Odebrecht que son exclusivamente para pago de proveedores", dijo.
Por su parte, Nagib Hamideh, miembro de la asociación, cuestionó que las resoluciones que reglamentan la aplicación del reciente Decreto de Urgencia 003, que busca asegurar la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, la continuidad de proyectos y la cadena de pagos, en realidad solo cautelan la primera. Es decir, lo que el Estado recibirá por el daño causado.
"La reparación civil la va a cobrar de la venta de los activos de Odebrecht en Perú, que tiene valorizados US$2.500 millones en activos, pero no se ha pronunciado del pago a los proveedores", anotó.
El empresario dijo que a pesar de las reuniones que tuvieron con el Ministerio de Justicia sobre este tema, a la fecha no ha habido ninguna modificación a la norma, por lo que el Gobierno "ha dejado esa vía de solución trunca".
"El decreto y las resoluciones que ha sacado el ministerio en todo sitio dice 'para cautelar la cadena de pagos' y lo primero que han hecho es romperla", advirtió por su parte Alache.
En esta línea, ambos consideraron que la solución inmediata a lo que consideran un problema urgente es que SUNAT levante el embargo.
Por su parte, César Sarria, gerente de comunicaciones de Odebrecht, declaró que Odebrecht estaba "cien por ciento comprometido en realizar estos pagos". Además, señaló que para fines de abril, los trabajadores de la compañía habrán pasado a ser menos de 5 mil, cuando en julio del año pasado eran cerca de 20 mil.
Michael Valdiviezo, vocero de los trabajadores y ex trabajadores de Odebrecht, dijo que estos estaban de acuerdo con la lucha contra la corrupción y las sanciones a las empresas, empresarios y políticos implicados. "Con lo que no estamos de acuerdo es con ser parte del daño colateral de un decreto de urgencia que solo ha previsto cautelar la reparación civil para el gobierno", puntualizó.
