El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, propuso un proyecto de Ley que podría ser tramitado a través del mecanismo “fast-track” en el congreso. Se trata de una nueva norma que permitiría esclarecer si los municipios pueden prohibir o no la minería, como sucedió en Cajamarca, Tolima. Además, quedaría claro el alcance de las consultas populares para dejar sin efectos proyectos extractivos como los de hidrocarburos, por ejemplo.
“Aquí hay una discusión muy de fondo, que es la estamos dando en este momento, y es cómo se armonizan las diferentes competencias legales, porque los alcaldes tienen competencias en el ordenamiento del suelo; y la Nación, en la administración del subsuelo”, le dijo el ministro Arce a la agencia Reuters.
El interés para que el proyecto se tramite por la “vía rápida” tiene que ver, en parte, por el efecto bola de nieve que generó Cajamarca. La consulta popular en este municipio, que con el 97 % de los votos a favor del ‘No a la minería’ puso en jaque al proyecto La Colosa, de la multinacional AngloGold Ashanti, ha despertado interés en municipios como Pijao (Quindío), Marmato (Caldas) Carmen de Chucurí (Santander) y El Paujil (Caquetá).
El dilema que se presenta actualmente es el siguiente: el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de gestionar los recursos del subsuelo, donde están los minerales y el petróleo, y los alcaldes y gobernadores pueden decidir sobre los proyectos extractivos en sus jurisdicciones. “Ni la Nación tiene el poder de imponerle una decisión al territorio, ni el territorio tiene la capacidad legal de vetar una competencia de nivel nacional”, afirmó Arce.
Teniendo en cuenta que actualmente proyectos como el de La Colosa están frenados, donde existen reservas estimadas en 28 millones de onzas de oro, el ministro considera que el mecanismo de vía rápida sería idóneo para resolver las incertidumbres. Sin embargo, a través del “fast-track” el Gobierno está priorizando las leyes necesarias para implementar el acuerdo de paz con las Farc.
Por esta razón, académicos como César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, se opusieron a la propuesta del ministro argumentando que “ el Gobierno no puede regular consultas populares sobre minería por fast track. No tiene nada que ver con el acuerdo de paz”.
Para Arce, sin embargo, es necesario aclarar las normas para garantizar la inversión extranjera. “Darles una regla clara a los inversionistas debería quitar parte de esa incertidumbre que se ha generado por el activismo de algunos tribunales y cortes y por estas consultas, así como la sensación de riesgo que se está observando. A los inversionistas hay que darles una regla clara”, dijo el ministro Arce.
El procedimiento legislativo especial, o también denominado ‘fast track’ o vía rápida, es una forma de acortar los tiempos para el trámite legislativo de las reforma constitucionales y de las leyes ordinarias que se presentarán en el tal sentido.
Según la reforma, para recibir ese tratamiento los proyectos sólo podrán ser presentados por el Gobierno y deberán acoger lo que se dice en el Acuerdo del Teatro Colón. Además estas iniciativas tendrán prelación en los órdenes del día en las comisiones respectivas y en las sesiones plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.
La principal modificación sobre los tiempos legislativos es que las reformas constitucionales, como por ejemplo la que se presente para tramitar la justicia transicional, se podrá discutir en comisiones primeras conjuntas y sólo requerirán de una vuelta de estudio y aprobación.
En la actualidad, cualquier cambio a la Constitución Política que se tramite, se tiene que hacer en ocho votaciones distintas, las primeras cuatro en un mismo periodo legislativo (con dos debates en el Senado y dos en la Cámara), mientras que el periodo inmediatamente seguido de sesiones se tramita la segunda vuelta, con otras cuatro votaciones.
De la misma forma los cambios en los proyectos sólo se podrán hacer con el aval del Gobierno Nacional, a la vez que su aprobación se hará en una votación por todo el articulado, es decir no se votará artículo por artículo como sucede en el procedimiento normal.
Los tiempos de trámite entre comisiones y plenarias se mantienen en ocho días calendario. La aprobación de los proyectos en las plenarias será por separado.
Tras la aprobación de cada uno de estos proyectos, la Corte Constitucional les hará control automático, con la precisión de que para los actos legislativos, la revisión se hará sobre posibles vicios de procedimiento.
