CLAUDIO LEIVA
La decisión de suspender la actividad en la mina Veladero tras el incidente del 28 de marzo pasado le ocasionará pérdidas a la Provincia por, al menos, unos 59,4 millones de pesos, según estimaciones que hacen empresarios del sector y funcionarios oficiales.
El cálculo corresponde sólo a lo que debería percibir el Gobierno local en concepto de regalías, que equivalen al 3% sobre el importe total del mineral comercializado, y está hecho presumiendo que el parate al emprendimiento durará unos 3 meses, hasta junio próximo, según prevé la empresa Barrick.
La minera canadiense había proyectado tener para este año una producción aurífera del orden de las 830.000 onzas, pero en un informe dado a conocer esta semana redujo la cifra a unas 730.000 onzas, con lo cual dejará de producir unas 100.000 onzas de oro.
El freno se debe a la decisión del Gobierno sanjuanino de suspender la actividad en el emprendimiento, sobre el cual pesa también una restricción impuesta por el juez de la Segunda Circunscripción Judicial, Pablo Oritja. Esas 100.000 onzas, a un valor de 1.260 dólares, equivalen a unos 126 millones de dólares que, traducidos a pesos, según la cotización de ayer, que estaba a 15,73 por cada unidad de la moneda estadounidense, suman unos 1.981,9 millones de pesos. Sobre ese monto se calcula el 3% de las regalías, que se traducen en 3,78 millones de dólares. O su equivalente en pesos, 59,4 millones. La cantidad que dejará de llegar a las arcas provinciales son más que suficientes, por ejemplo, para realizar las obras de consolidación del edificio 9 de Julio, donde quieren llevar oficinas públicas, que están presupuestadas en 53,3 millones de pesos.
Otras cuentas que sacan en el sector empresario consignan que de los casi $ 2.000 millones que dejará de vender Barrick en el trimestre, el 75% queda en San Juan en concepto de impuestos, sueldos y pagos a proveedores, entre otros. Por lo que en ese caso la pérdida en la economía local sería nada menos que de $1.486,4 millones.
El incidente que dio origen a la actual situación se produjo a partir del desacople de una cañería que transportaba material rico, es decir mineral más solución cianurada, aunque fue dentro de los límites del valle de lixiviación y no afectó las fuentes de agua de la zona. A partir del hecho, el Gobierno provincial dispuso suspender la operación en la mina y condicionó el levantamiento de la medida a una serie de exigencias que debe cumplir la minera.
Entre ellas se encuentran la reingeniería del valle de lixiviación, un cambio en las políticas ambientales, un plan de inversiones y someterse a la fiscalización permanente de un comité de expertos. Un adelanto de lo que será el plan fue presentado el viernes en la Casa de San Juan en Buenos Aires durante un encuentro en el que la Barrick, con su nuevo socio chino, Shandong Gold, anunciaron que en esta nueva etapa tienen previsto invertir 500 millones de dólares.
En la reunión se acordó que la propuesta definitiva será entregada esta semana al Ministerio de Minería de la provincia, pero mientras tanto iban a continuar los contactos entre la compañía y los funcionarios sanjuaninos para que el plan avance sin contratiempos y no haga falta hacerle mayores correcciones.
Una de las medidas que dispuso el juez Pablo Oritja para constatar si habitantes de Jáchal e Iglesia tienen metales pesados en sus organismos por la operación de la mina y los incidentes ambientales fue la toma de muestras de sangre a un grupo de unas 340 familias que viven en localidades de ambos departamentos. Son de las iglesianas Angualasto, Malimán, Malimán de Arriba, Chinguillo y Buena Esperanza, sumado a los habitantes del paraje La Isla, La Represa y la zona del Dique Pachimoco, en Jáchal.
En el procedimiento participan profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Ministerio de Salud de San Juan.
El magistrado quiere determinar si hay presencia de metales como manganeso, plomo, mercurio, cadmio, cobre, cromo total, zinc, aluminio, bario y cianuro.
FLORENCIA DONOVAN Y PABLO FERNÁNDEZ BLANCO
El ex presidente del gobierno español Felipe González aterrizó en Buenos Aires el 21 de diciembre de 2001. Lo había traído el empresario Carlos Bulgheroni, quien quería que hiciera gestiones en el país para sostener al gobierno de Fernando de la Rúa. Pero cuando llegaron a la Argentina, el líder de la Alianza ya había tomado el recordado helicóptero un día antes. González dedicó el viaje a "ayudar a armar un acuerdo nacional".
a tradición del lobby español por parte de ex mandatarios sumó un nuevo capítulo la semana pasada. El ex jefe del gobierno español José María Aznar se reunió el martes de esa semana con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. El cronograma inicial estimaba que el encuentro debía durar 20 minutos, pero se extendió hasta una hora. No hubo información oficial respecto de sobre qué conversaron Macri y Aznar. LA NACION, sin embargo, pudo reconstruir una parte de la charla.
El ex presidente del gobierno español hizo gestiones con Macri para defender los intereses en el país de Barrick, la compañía minera canadiense que produce oro y plata en la mina Veladero, en San Juan.
Barrick es dueña de un triste récord: en los últimos tres años registró derrames de solución cianurada que despertaron polémica a nivel provincial y nacional. El último inconveniente, que no implicó el derrame de cianuro, según la empresa, fue el 28 de marzo por la tarde, algo que derivó en la suspensión del proyecto por orden del gobernador Sergio Uñac.
Aznar fue presidente del gobierno español con los colores del Partido Popular desde 1996 hasta 2004. Desde hace tiempo forma parte del denominado International Advisory Board (consejo internacional de asesores) de Barrick Gold Corporation, un espacio compuesto por hombres influyentes de diversos países que componen el equipo de lobbistas de la empresa. Si bien se trata de una práctica con mala prensa en el país, el lobby es muy común en la industria a nivel mundial y largamente defendido por quienes lo practican.
El jefe del cuerpo es el ex primer ministro de Canadá Brian Mulroney, y también lo integran el ex gobernador de Florida John Ellis Bush (hijo de George H. Bush y hermano de George W. Bush, ambos ex presidentes de Estados Unidos), el empresario de medios de comunicación Gustavo Cisneros y Andrónico Luksic, presidente del grupo homónimo chileno, una de las mayores fortunas de ese país.
En su reunión con Macri, Aznar no defendió el pasado de la empresa canadiense en el país, pero le confirmó al Presidente que en el futuro será muy distinta. En esa línea, el viernes pasado se anunció una reingeniería total del proyecto cuestionado, a la que se sumaría un extenso plan comunitario.
El relanzamiento de la empresa está relacionado con la venta del 50% de Veladero al nuevo socio chino de Barrick, Shandong Gold, que pagó US$ 960 millones, que tiene intenciones de crecer en la Argentina.
La empresa presentó el nuevo plan tres días después de la reunión de Macri con Aznar.
La actuación de Aznar como referente internacional de Barrick es pública. Figura en su propio currículum, así como también en los documentos de la empresa canadiense. De hecho, en su último paso por la Argentina asistió a varias reuniones junto con Santiago Soldati, uno de los empresarios más influyentes de los años 90 a través de la conducción de Sociedad Comercial del Plata.
Soldati es asesor de Barrick en el país y amigo de Peter Munck, fundador de la empresa canadiense. Se conocieron hace años en una reunión del World Economic Forum en Davos.
Tanto en el Gobierno como en el sector empresario hay preocupación por las dificultades operativas de Barrick, que dejan sin argumentos a quienes sostienen que la actividad se puede desarrollar en el país de manera sustentable. Es por eso que las dificultades operativas de la empresa canadiense generaron un entuerto que abarca tanto a los ejecutivos como a la Casa Rosada, habitual defensora de la actividad.
Días atrás, un funcionario de primera línea lamentó ante la consulta de LA NACION que Barrick estaba "demorando el desarrollo minero argentino". El motivo es fácil de explicar. Al sector le lleva años de trabajo mejorar su imagen, que retrocede velozmente ante las dificultades de la firma canadiense.
“Tengo una excelente relación con Ricardo y en algún punto coincido con él. Pero este es un país federal y nosotros somos los dueños de los recursos, pero la política minera se determina desde el Gobierno Federal”, dijo el gobernador de la Provincia.
“Nosotros hemos establecido que no hay doble discurso sobre como hacer minería en San Juan, nosotros nos definimos institucionalmente al respecto, porque los sanjuaninos no queremos sobresaltos cada 30 o 90 días. La nación ha definido lo mismo.
Lo que el ministro Bergman debería entender es que acá no ha habido un conflicto interjurisdiccional entre dos o mas provincias, entonces no habría un presupuesto para la intervención de la Justicia Federal. Pero con el ministro Aranguren hemos estado trabajando con la nueva gente de Barrick y con el ministro de Minería de San Juan también, tratando de encaminar la situación que tiene que tener una sola solución que es hacer minería cumpliendo lo que establece el Código de Minería y las leyes que se establecieron en su consecuencia”, explicó el primer mandatario de San Juan.
