En cabinas de RPP Noticias,Juliaca (región Puno), el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, señaló que una de las metas de su sector es formalizar como mínimo a 15 mil mineros, entre ellos, los que están establecidos en La Rinconada, Sandia y Carabaya.
Mencionó que se envió un paquete de decretos legislativos al Congreso de la República para generar un nuevo proceso de formalización simple y claro, que incluye la creación de un fondo minero para mejorar las condiciones laborales, ambientales y de seguridad. Reconoció que una de las mayores preocupaciones de quienes quieren formalizarse son los decretos legislativos 1106 y 1106, que en cierta forma han criminalizado su actividad.
El ministro Tamayo precisó que los que realizan trabajos con dragas en cursos de agua y en reservas naturales, no pueden ser considerados en este proceso. Por ello se ha establecido diferenciarlos como mineros en proceso de formalización y minería ilegal. Indicó que con el anterior modelo se exigía estudios complicados con altos costos, que no podían afrontar los pequeños mineros. Por eso, afirmó que están preparando implementar una ventanilla única que satisfaga todos los requerimientos.
Durante su breve estadía en Juliaca (región Puno), el titular de Energía y Minas se reunió con algunos mineros de La Rinconada, para recoger algunas de sus preocupaciones referidas al proceso de formalización.
El delegado de la Central de Cooperativas Mineras de La Rinconada, Edwin Ajahuana Mayta, explicó que en La Rinconada y Cerro Lunar de oro se trabaja en dos concesiones dentro de la acumulación de una concesión, las que técnicamente son denominadas como unidades económicas administrativas, “esta ley no nos está alcanzando”, destacó Ajahuana.
Por ello plantearon al ministro, ampliar el proyecto de ley y ser acogidos en el proceso de nuevo registro de formalización minera, que ya cuenta con 940 contratos de explotación minera inscritos en Registros Públicos.
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, informó que se debe continuar con el proceso de formalización para la minería en el Centro Poblado de La Rinconada (San Antonio de Putina), así como en las provincias de Sandia y Carabaya.
El funcionario de gobierno dijo que esto se realizará con los nuevos decretos legislativos, que buscan simplificar el proceso de formalización, para el cual se emitirá decretos supremos de reglamentación, que contemplarán, entre otras cosas, ampliar el plazo a tres años.
Sostuvo también que de acuerdo al régimen anterior de formalización, solo alcanzaron a un centenar de casos en el país. “Realmente fue un fracaso y lo que hemos hecho es hacer una simplificación”, dijo el representante de la cartera, añadiendo que esperan lograr 15 mil mineros formalizados con la nueva normativa.
En otro momento, señaló que en febrero pasado se inició con el registro integral de formalización ante la Sunat, cuyo plazo vence en el mes de agosto, y que a partir de esta fecha corre el plazo de tres años para cumplir con los requisitos que exigirán los decretos supremos.
Respecto a los casos de accidentes en las zonas de pequeña minería del país, refirió que igualmente se tomarán en cuenta los derechos laborales de los trabajadores mineros, en coordinación con las direcciones regionales.
Sobre las interdicciones, dijo que es un proceso muy aparte del proceso de legalización, referido principalmente para zonas prohibidas en donde se ubica la minería ilegal. “Se han hecho en la zona de Tambopata, con el Ministerio de Ambiente y la Marina”, finalizó Tamayo Flores.
“Dentro de la formalización de la economía está una de las tareas, que es la minería; La Rinconada está ahí”
El Ministerio Público dirigió tres operativos simultáneos en los distritos de Puente Piedra y Carabayllo, que tuvieron como propósito frenar la minería ilegal en la zona norte de la capital.
En su recorrido por el distrito de Puente Piedra, la fiscal Ángela Cabezas López pudo verificar la existencia de una cantera informal de extracción de materiales como arcilla y piedra, donde fue intervenido el propietario del predio, identificado como Guillermo Castillo Quilcat. En el lugar, la magistrada dispuso la inutilización de tres zarandas metálicas y la inmovilización de tres montículos de mineral no metálico.
Por su parte, el fiscal Paúl Alarcón Soto se dirigió a la planta procesadora ‘Bella Vista Zapallal S. A. C.’, ubicada en el mismo distrito, donde verificó que carecía de la declaración de compromisos de actividad minera y de las autorizaciones de explotación correspondientes.
La Fiscalía dispuso el decomiso de dos máquinas pesadas y de la planta procesadora, además de la intervención de cuatro personas en flagrancia, al considerarse que pertenecerían a una organización criminal destinada a la minería ilegal.
Mientras tanto, en la segunda etapa de la asociación Ángeles de Carabayllo, el fiscal provincial Javier Antonio Zapata García Rosell dispuso la destrucción de dos retroexcavadoras, un volquete y una zaranda, tras verificarse la depredación del suelo lo que pondría en riesgo a las viviendas aledañas.
Las intervenciones estuvieron a cargo de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Norte, con la participación del Ministerio del Ambiente y Policía Nacional, así como personal de las municipalidades de Carabayllo y Puente Piedra.
La Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial realizará del 24 al 28 de abril, en la ciudad de Arequipa, el Taller Especializado en Contaminación Ambiental y Minería Ilegal, evento que cuenta con el apoyo de la cooperación estadounidense.
Esta actividad -donde serán capacitados seis magistrados del Poder Judicial-, forma parte del Plan de Gestión Ambiental aprobado recientemente por el Consejo Ejecutivo de este poder del Estado y que incluye diversas acciones a lo largo del año.
La Comisión Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad dirigir la política institucional de gestión ambiental enfocada en dos aspectos: garantizar el uso responsable de los recursos tanto en el área jurisdiccional, como administrativa y la justicia ambiental en todos sus niveles y estructuras organizacionales.
Es por ello que para noviembre próximo está programada la realización del Primer Congreso Internacional de Justicia Ambiental, en la región Madre de Dios, localidad escogida “de manera simbólica porque que viene siendo devastada por la minería ilegal”, explicó el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo.
