Después de la polvareda que levantó la noticia del desembarco de "casas chinas prefabricadas" en el país, el Gobierno salió a aclarar que “no existen contenedores en el puerto con casas chinas”, sino que se trata de un potencial financiamiento chino para la construcción de viviendas sociales.
El subsecretario de Vivienda y Urbanismo y titular del Procrear, Iván Kerr, aclaró ante un grupo de periodistas, que -a fin de año- se llamará a una licitación pública internacional, para la captación de fondos, "no sólo de China", sino también de otros países interesados en proveer sus sistemas de viviendas industrializadas. En el caso del país asiático, el financiamiento podría ser -en el primer tramo- de unos U$S 500 millones que servirían para la construcción de unas 7.000 viviendas, según los cálculos oficiales.
El funcionario aclaró que la movida del ministerio del Interior que dirige Rogelio Frigerio, se enmarca dentro del acuerdo de cooperación firmado entre la Argentina y China en 2014. En la primera etapa, el Gobierno priorizó otros proyectos (de energía eólica y transporte), dijo. "Ahora, se puso por primera vez, el tema Vivienda en la agenda".
Al ser consultado sobre el perjuicio que puede tener el sector de la construcción local frente a la competencia asiática, el funcionario contestó: "Nosotros no vamos a permitir que haya ingreso irrestricto sin tener en cuenta las condiciones locales, tanto de empleo como de producción en materia de vivienda", enfatizó. "Esto no sustituye ninguna fuente de financiamiento que se viene haciendo dentro del plan nacional de vivienda y dentro de Procrear", retrucó.
Kerr explicó que la incursión china sólo viene a cubrir parte del déficit estructural de vivienda que tiene el país: No hay cantidad de presupuesto que alcance para cubrir ese déficit. Se necesitan 150 mil soluciones de vivienda al año. El déficit es de 3,5 millones de hogares. Un tercio de los cuales, es vivienda nueva, y unos 2,3 millones es cualitativa", enumeró.
"Si el presupuesto del Estado es de $25 mil millones y cada vivienda cuesta un millón de pesos, sólo se llegarían a construir unas 25 mil viviendas. Siempre estaríamos por detrás y entonces se debe generar mayor cantidad de soluciones", explicó. Y respecto de la competencia con los locales, insistió: "Hay espacio para todos". De hecho, dijo, ya hay empresas de la Cámara de la Construcción que están en conversaciones con empresas chinas para asociarse en los proyectos.
A su lado, Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de Obra Publica Federal, explicó que "China va a ser concretamente financiamiento de exportaciones". A través del ministerio de Comercio de ese país, va a tratar de vender empresas, insumos, mano de obra china. Y recalcó las condiciones que está negociando la Argentina: "todo el empleo debe ser local y los insumos como mínimo, deben ser la mitad locales".
Las empresas chinas, "vendrían y montarían plantas de construcción" en el mercado local. Ya que, por encima de las 5.000 viviendas que licitan, montan la planta en el lugar, aclararon los funcionarios. Mientras tanto, el Estado nacional avanza con prefactibilidad de los terrenos y también en la definición de los términos de la negociación. Las casas serían del estilo de las Procrear, con paneles de hormigón, de fabricación nacional.
Según los datos oficiales, dentro del Procrear hay 23.000 viviendas en ejecución. Se entregaron hasta ahora 3.000 y este año se van a entregar otras 10.000. Con lo cual, quedan 10.000 mas para concluir en 2018- 2019. El financiamiento chino "es una fuente adicional" para cubrir el déficit de la vivienda social, insistieron los funcionarios.
MINING PRESS/ENERNEWS/Diarios
El presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss es blanco de fuertes críticas por su silencio ante esta iniciativa del gobierno.
Con las elecciones como máximo objetivo para este año, el Gobierno de Macri busca dar impulso a las obras públicas tras la parálisis de 2016. Además de rutas y autopistas, fuertemente promocionadas en spots televisivos, ahora se sumarán las viviendas.
Luego de reformular el programa ProCreAr y quitarle a las provincias el manejo de los fondos nacionales para viviendas sociales (algo que muchos dan como un hecho), Macri apuesta a importar casas prefabricadas de China. La principal ventaja es que pueden instalarse rápidamente y tienen menores costos que los de la construcción tradicional.
Las políticas sociales del gobierno de Mauricio Macri no escapan a la lógica del mercado que domina la cabeza del cuerpo ministerial. Por caso, mientras el Presidente anuncia la construcción de 100 mil viviendas destinadas a los sectores populares, con el consecuente impacto positivo en la generación de empleo, al mismo tiempo el mismo mandatario adquiere casas prearmadas de China. Un mecanismo que la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) define como “prácticas bipolares” del Gobierno y que la Unión Obrera Ladrillera (Uolra) prefiere calificar como “una decisión destructiva de la producción de ladrillos”.
Apenas tres días antes del primer paro general, Macri anunció junto a empresarios del sector y el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, un plan para levantar 100 mil casas en el país. Una decisión que puede enmarcarse en un intento del oficialismo por reactivar la economía. Sin embargo, también está en marcha la adquisición de casas premoldeadas que se realizan en China y que, en una primera tanda, significaría el ingreso de 15 mil viviendas. El acuerdo con la República Popular de China se terminaría de cerrar en mayo, cuando el Presidente viaje a ese país.
El acuerdo se concretaría durante la visita que realizará al gigante asiático en los primeros días de mayo y rondaría los 1.000 millones de dólares con financiamiento por parte de bancos chinos.
China ya exporta esas casas prefabricadas, de la empresa Sany, varios países, como Brasil e India, y desde diciembre mantiene conversaciones con autoridades argentinas. En el gobierno existe una gran expectativa de que la visita de Macri a ese país tenga como eje las viviendas, además de los proyectos de dos centrales nucleares, las represas de Santa Cruz y el ferrocarril Belgrano Cargas.
En el gobierno prometen que no afectará el trabajo argentino porque “tendrán un 50 por ciento de componente local y 100 de mano de obras argentina en la instalación”.
Entre las empresas constructoras de viviendas existe mucha preocupación y malestar con la Cámara Argentina de la Construcción, que preside Gustavo Weiss, el propietario de Eleprint, por la falta de una posición contundente en relación al asunto que ven como una “amenaza seria a la factibilidad de sus empresas”.
“El problema es que el negocio de ellos (por Weiss) son los emprendimientos para la clase media, como los que hicieron para el ProCreAr, mientras para quienes hacemos viviendas sociales esto sería el certificado de defunción de nuestras empresas”, dispara desde una constructora mediana.
“Fuimos a aplaudir al gobierno por un anuncio de 100 mil viviendas y ahora no hacen esto, no se entiende qué intereses representa la cámara”, admiten con furia desde otra compañía.
Los defensores de las prefabricadas dicen que cuestan un 60 por ciento lo que sale una convencional, aunque desde los que las cuestionan dicen que existen fabricantes locales que el gobierno podría apostar por desarrollar.
De la misma manera, las empresas que fabrican insumos para la construcción, como cemento o hierro, también están en estado de alerta.
Desde la UOCRA, su titular Gerardo Martínez cuestionó la iniciativa por el “impacto negativo en la generación de puesto de trabajo” aunque evitó confrontar con el Gobierno de Macri, con quien mantiene un trato cordial
Luis Cáceres, titular de la Uolra, es más dramático. “Este tipo de viviendas es mucho más barata y perjudica de manera directa a la actividad ladrillera”. El sindicalista sostiene que la destrucción del sector abarca a las 29 cooperativas ladrilleras que hay en la Argentina y que con mucho esfuerzo luchan por sobrevivir al parate que sufre la construcción desde la asunción de Macri. “Nosotros lo venimos advirtiendo desde el año pasado. Ya en la movilización de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de noviembre anunciamos nuestro rechazo a esta decisión del Gobierno.”
El dirigente ladrillero descree de las buenas intenciones oficiales. No sólo destacó la contradicción de anunciar un plan de viviendas y al mismo tiempo la compra de estas casas chinas. También recordó que durante la campaña electoral Macri había prometido la construcción de un millón de viviendas: “Ya llevamos 15 meses y recién anunció la construcción de cien mil lo que confirma que al Gobierno le interesa más la apertura de la economía que favorecer la industria nacional”.
Hasta hace cuatro años la actividad ladrillera contenía a unos 160 mil trabajadores, muchas de ellos realizando sus tareas en fábricas, emprendimientos familiares y cooperativas. Para Cáceres “todas estás familias están en riesgo”.
A diferencia de las casas tradicionales, las premoldeadas requieren de mucho menos mano de obra y esto es lo que preocupa a los gremios. Es más, voceros de la Uocra advirtieron que la realización de barrios para sectores de menores recursos suele reclamar la presencia de mayor mano de obra que lo que implica el levantamiento de edificios. “Entonces, si se generalizan las casas chinas se afectará de manera negativa nuestra actividad”, reconocieron.
