Los proyectos minero-energéticos que se desarrollan en 11 departamentos del país podrían tener la misma suerte de la mina La Colosa en Cajamarca (Tolima), si su continuidad dependería de las consultas populares.
Así, los habitantes o autoridades locales de 21 municipios, ubicados en el citado número de departamentos del país, definirían a través de las urnas si una mina, una hidroeléctrica o un pozo petrolero ubicados cerca a sus zonas tendrían luz verde.
El número de cabeceras municipales llama la atención y prende las alarmas en el Ministerio de Minas y Energía, ya que la cifra podría aumentar.
“Desde que la Corte Constitucional sentenció que los entes territoriales sí pueden
prohibir la minería, el fallo sentó jurisprudencia para todo el sector minero energético, lo que creó un vacío jurídico ya que no tomó en cuenta un acto administrativo del Gobierno Nacional, el cual definía que las consultas populares deben realizarse antes de la expedición de las licencias”, señaló un vocero de la cartera minero energética.
Del total de municipios citados que han manifestado su intención de realizar consultas populares, 13 tienen programados proyectos mineros, cinco los desarrollan en hidrocarburos y cinco para la generación de energía.
“Esta falta de claridad jurídica quita certidumbre para que los inversionistas depositen capitales en algún proyecto, en nuestro caso en minería, ya que aunque haya sido expedida una licencia, una consulta popular puede detener su proceso de producción”, afirmó Santiago Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Una opinión similar expresó el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales Segovia, al afirmar que la decisión sobre los proyectos minero-energéticos no pueden ser tomados en una consulta popular.
“Así se abusa de los mecanismos de participación ciudadana. Las decisiones deben ser técnicas, justificadas y fundamentadas, y no políticas”.
Para el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, debe sincronizarse la legislación local con la nacional, ya que si bien el uso del suelo depende de los entes territoriales, el subsuelo es competencia de la Nación, y aclaró que los efectos de las consultas no son vinculantes ni retroactivas por ser un debate político.
“En las actividades de explotación del recurso se requiere un principio de acuerdo entre la Nación y el territorio. Ni la Nación le puede imponer al territorio una actividad, ni el territorio a la Nación un veto”, indicó hace poco en una entrevista a Portafolio el jefe de la cartera minero energética.
Recientemente, fue anunciado por la Alcaldía de Cumaral (Meta) que el próximo 4 de junio los habitantes de este municipio definirán en las urnas la continuidad de las tareas que adelanta la petrolera Mansrovar Energy Colombia en la región.
A esta consulta popular se suman dos que ya fueron realizadas hace poco tiempo. La primera fue el pasado 26 de febrero en el municipio de Cabrera (Cundinamarca) y en donde sus habitantes le dijeron ‘No’ a un proyecto para crear ocho minicentrales sobre 50 kilómetros del río Sumapaz, que pretendía adelantar Emgesa, tanto en esta cabecera, como en Pandi y Venecia (Cundinamarca) e Icononzo (Tolima) y que se denominó como El Paso.
La segunda, fue un mes después en Cajamarca (Tolima) y en donde la población negó el desarrollo del proyecto minero de La Colosa.
Otros municipios que podrían tener consultas populares en el corto plazo para que los habitantes definan en las urnas la continuidad de proyectos mineros son: Pijao (Quindío), El Paujil (Caquetá) y Marmato (Caldas)
En la mitad de los municipios del Quindío se habla de consultas populares, pero la que ha estado más cerca de concretarse es la de Pijao, que continúa en su lucha por conseguir que –a través de este mecanismo–, la población decida si quiere esta actividad, luego de que en octubre del 2016 la Corte Constitucional falló a su favor una tutela contra el Tribunal del Quindío, que declaró como inconstitucional la pregunta que se llevaría a las urnas.
En el caso de El Paujil, ya se han recolectado más de 1.500 las firmas, de las 2.737 necesarias, para la realización de una consulta popular que busca suspender las actividades de exploración petrolera adelantadas por Emerald Energy y Ecopetrol en la región.
Y en Marmato, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional Minera (ANM) a dar mayores garantías de participación a diferentes sectores del municipio, sobre la actividad minera de la multinacional Gran Colombia Gold en la zona.
