El Ministerio de Justicia aprobó el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1327, que establece medidas de protección para los denunciantes de actos de corrupción en el Estado, los cuales gozarán de protección jurídica y tendrán garantizados sus derechos personales y laborales.
En el reglamento, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se establecen también las medidas en caso la denuncia sea de mala fe, y aquellas para que las denuncias lleguen directamente al titular de la entidad o la jefatura de la Oficina de Integridad Institucional, a fin de garantizar la reserva.
La protección al denunciante se otorga en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la presentación de la denuncia y se le otorga un código cifrado, se establece la reserva de la identidad y protección laboral, que, de ser el caso, puede merecer su traslado temporal sin afectar sus condiciones laborales o de servicio ni el nivel del puesto.
Asimismo, considera la renovación de la relación contractual del denunciante, convenio de prácticas pre o profesionales o de voluntariado o similar; en el caso del denunciado, se contempla licencia con goce de remuneraciones o exoneración de la obligación de asistir al centro de labores en tanto su presencia constituya un riesgo para los hechos materia de denuncia.
Se indica que el traslado o goce de remuneraciones solo pueden otorgarse por la contundencia de los elementos de prueba, aportados acerca de la comisión de una falta disciplinaria grave, y en tanto dure el procedimiento administrativo disciplinario.
La norma señala que, para el otorgamiento de medidas de protección, la denuncia debe tener trascendencia (se otorga cuando está en riesgo o peligro los derechos del denunciante), gravedad y verosimilitud.
En el caso de las medidas de protección laboral, se debe considerar la existencia de una relación de subordinación entre el denunciante y el denunciado o de superioridad jerárquica.
Las obligaciones del denunciante pasan por reafirmar la veracidad de los términos de su denuncia en cualquier estado del procedimiento, permitir y facilitar cualquier investigación contra su propia persona, si la naturaleza de los hechos investigados así lo requieren y otras que disponga las autoridades encargadas de darle la protección.
Si se detecta que la denuncia sea de mala fe, las autoridades comunicarán al denunciante, el cese de las medidas de protección y le darán un plazo máximo de 5 días hábiles, para que formule sus alegaciones.
La autoridad deberá fundamentar la presunción de mala fe y posteriormente comunicará al procurador público de la entidad para los procedimientos correspondientes de presuntas faltas disciplinarias.
La Oficina de Integridad de Institucional de la entidad pública es la encargada de recibir las denuncias sobre actos de corrupción así como de evaluar los hechos y documentos que las sustentan, aplicar las medidas de protección y determinar si se trata de un acto de mala fe.
Se indica también que los servidores que intervengan en cualquier trámite de la denuncia que contengan medidas de protección, están prohibidos de divulgar la identidad del denunciante.
Igualmente, ninguna autoridad o servidor puede solicitar información acerca de la identidad del denunciante o detalle de la denuncia, si esto se produce se hará la denuncia correspondiente.
El reglamento en sus disposiciones complementarias señala que las entidades públicas tienen un plazo de 90 días para la implementación del DL 1327 y la difusión correspondiente en los espacios comunes y de atención al público.
El decreto supremo de aprobación del reglamento está refrendado por presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y la ministra de Justicia, María Soledad Pérez Tello.
El ex presidente Ollanta Humala negó ayer haber recibido US$3 millones de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña electoral del año 2011. Sin embargo, también anunció que su agrupación participará en los comicios del 2018 y que hay interesados en dejarlo fuera del escenario político.
En una entrevista concedida al programa dominical “Cuarto poder”, el ex mandatario defendió que el Partido Nacionalista respetó y cumplió la ley electoral en 2011, y añadió que si hubieran recibido US$3 millones lo hubieran reportado inmediatamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“Nosotros hemos mantenido nuestra posición de que ese aporte de campaña no ha existido”, dijo en respuesta a las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, quienes aseguran que sí se dio la entrega de dinero a pedido del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Sobre ese asunto, Ollanta Humala admitió que se ha reunido en varias ocasiones con el ex mandatario brasileño y que hay una afinidad ideológica, aunque negó haber recibido algún financiamiento.
En otro momento, señaló que el Partido Nacionalista se ha visto debilitado en los cinco años que se desempeñó como jefe del Estado. No obstante, precisó que sí participarán en las elecciones regionales y municipales del 2018, así como en las elecciones generales del 2021.
Sobre la relación de su familia con diversas investigaciones, refirió que su esposa ha estado siendo citada innecesariamente por el Congreso de la República para responder sobre asuntos que ella misma desconoce.
Repasa aquí las frases destacadas del ex mandatario.
1. “El Partido Nacionalista va a postular [en 2021] con sus mejores cuadros”.
2. “Los aportes de campaña en el Perú son legales. Nosotros mantenemos nuestra posición de que ese aporte de campaña [de US$3 millones] no ha existido”.
3. “Yo no tengo nada qué decir con respecto a estas personas [Jorge Barata y Marcelo Odebrecht]. Sus declaraciones no son ciertas”.
4. “Si nosotros hubiéramos recibido [un aporte de US$3 millones] lo hubiéramos dicho a la ONPE porque hubiera sido absolutamente legal”.
5. “Nosotros ya hemos sido examinados por la ONPE. Hicieron observaciones y hemos absuelto las observaciones”.
6. “Tienen una estrategia. Odebrecht no puede autocorroborarse. Después de la firma del acuerdo de colaboración del número 1 de esa empresa le han seguido todos sus ejecutivos”
7. “En estos prácticamente más de 10 años en los que hemos sido investigados han habido otros colaboradores eficaces que nunca han logrado corroborar lo que dicen”.
8. “Sí, nos hemos reunido no solo con él [Lula da Silva], sino también con la presidenta Rousseff. Hay una cercanía ideológica, pero no económica”.
9. “En todo caso, en nuestro gobierno estas empresas [brasileñas] han visto frustrados sus intereses”.
10. “A nosotros se nos avisó en el segundo semestre del 2015 que había un Niño extraordinario en el verano del 2016. En nuestro último año de gobierno tomamos todas las previsiones”.
11. “Gracias a las previsiones que tomamos, al equipamiento, a la implementación que compramos, el costo para enfrentar El Niño fue de S/200 millones”.
12. “No solo estoy con la consciencia tranquila […] Hemos hecho, considero, el mejor gobierno de los últimos 15 o 20 años. Me siento orgulloso de lo que hemos trabajado”.
13. “El Partido Nacionalista ha quedado un poco debilitado. Eso es cierto. Lo estamos fortaleciendo para continuar en 2018, en 2021”.
14. “Están poniéndome como investigado en todo. ¿Cómo no va a haber una sospecha de que están tratando de inhabilitarme?”.
15. “Tratan de involucrar a mi esposa [Nadine Heredia]. La llevan al Congreso a explicar operaciones en el Vraem. ¿Qué tiene que ver ella con el Vraem?”.
