La firma acordó trabajar en los puntos planteados por el ministro de Minería y el gobernador de San Juan. Pero hasta cumplirlo, la mina seguirá sin operar.

Tras el último derrame que se produjo en Veladero, la minera Barrick suma complicaciones y varios frentes de conflicto. Con las actividades suspendidas en ese desarrollo de San Juan, la firma se comprometió ahora a diseñar un plan integral para volver a desarrollar sus tareas sin riesgos de nuevos incidentes.

El dato surge de una reunión que mantuvieron la semana pasada el ministro de Energia y Minería, Juan José Aranguren; el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el CEO de Barrick Gold, Kelvin Dushnisky. Del encuentro surgió que la continuidad de las actividades de Barrick en el país está condicionada a la aprobación de un plan integral con estricta sujeción a la normativa minera y ambiental vigente. 

El Cronista intentó comunicarse, sin suerte con voceros de Barrick, aunque fuentes cercanas a la firma admitieron que se trabaja para cumplir el reclamo. Es decir, en una estrategia que contemple la reingeniería de los procesos y estándares operativos y ambientales de Veladero. "Debe ofrecer un proceso de diálogo permanente con las autoridades, un plan de inversiones y la sujeción a un mecanismo de auditoría integral", detallaron desde la cartera de Energía Y Minería. Mientras ese plan no sea validado, las actividades en Veladero seguirán suspendidas.

En tanto, en la Cámara de Empresarios Mineros hay preocupación por el impacto que pueda tener el caso en el marco de la firma de un acuerdo federal del sector para fortalecer la actividad. Ayer, representantes de esa entidad se reunieron con Aranguren. 

Pero mientras ese plan no se concreta, tanto en la Justicia como en el gobierno nacional y provincial se evalúa el cierre definitivo de las operaciones. El juez federal Sebastián Casanello reclamó informes a la justicia de Jáchal sobre los incidentes ocurridos en la mina ya que se trata de "material clave para que el poder administrativo revea su habilitación", dijo. Sostuvo también que "la producción de eventos contaminantes obliga a considerar de modo definitivo el cierre".

En tanto, el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, advirtió que con ese "nivel de manejo, necesitamos profundizar las medidas y no permitir que mantenga la actividad". Incluso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en declaraciones televisivas que habría una sanción más dura para la empresa que se conocerá en los próximos días.

Pero el frente más complejo para Barrick es el provincial, la jurisdicción con facultad para quitar la concesión de la mina. La presencia de Barrick en San Juan es muy relevante para tomar una decisión de esa envergadura rápidamente. La empresa representa un tercio del PBI provincial.

La minera Barrick Gold rechazará la denuncia que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman presentó el pasado viernes en la Justicia Federal ante los “sucesivos” accidentes ocurridos en Veladero. El escrito hizo hincapié en las fallas estructurales que encontraron los expertos y reclamo que las actividades no se retomen hasta tanto no estén garantizadas las condiciones de seguridad.

Distintas fuentes del sector señalaron que los argumentos esgrimidos en la denuncia “no tienen fundamento porque es materia de la Justicia provincia y no Federal”.

Basándose en la Ley de Glaciares, Bergman apunta a que un potencial nuevo derrame “implica un peligro potencial sobre ríos interprovinciales, napas y cuerpos de hielo”.

“Hay fallas estructurales en el valle de Lixiviación el cual pone en riesgo no sólo la práctica minera sino también el ambiente en general. En éstas condiciones no pueden operar”, sostuvo el funcionario.

Sin embargo vale recordar que ya la Corte Suprema dictaminó hace casi un año que sólo la Justicia de San Juan es competente por lo que suceda en Veladero mientras que la Federal, sólo tiene incidencia sobre el accionar de los funcionarios nacionales.

Se entiende entonces que dependiendo de donde caiga la denuncia, la misma debería ser rechazada. Ambiente a través de un comunicado afirmó que se debe “determinar a los responsables por los recurrentes percances en el funcionamieto de la mina”. Aunque también pone sobre el tapete lo que establece el artículo 41 de la Constitución que sostiene que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Deberá entonces la Justicia Federal evaluar si tiene o no potestad sobre lo que se presentó.

Vale recordar que la ley promulgada en el 2010 sostiene en su artículo 3 la creación de un inventario nacional de glaciares que nunca se hizo y que la actual gestión empezó a armar. Según fuentes consultadas la misma se encuentra en un 70 %.

Ambiente basó sus reclamos en el artículo 41 de la Constitución que vela por las generaciones futuras.

Para la Auditoría General de la Nación (AGN), a la fecha no se publicaron todos los mapas que delimitan las zonas protegidas. Sostiene que de los 16 mapas que se aprobaron a la fecha, sólo 9 fueron publicados. Aunque criticó que la ex Secretaria de Ambiente tardó cinco años en validar la documentación.

Por lo pronto Veladero está cerrada hasta tanto no presente el nuevo plan de obra a las autoridades de San Juan. Se descarta que las actividades no se reabrirán hasta diciembre próximo.