Hay dos guerras que el país está perdiendo y ambas envenenan gente. Una de ellas es contra los cultivos ilícitos de coca y la otra, contra el uso del mercurio para la explotación ilegal de oro que además de contaminar 232 ríos del país, está enfermando silenciosamente a pobladores de al menos 373 municipios.
Se calcula que de las 118,8 toneladas de ese metal que ingresan legalmente al país cada año, un 50 por ciento termina en la minería ilegal. Pero hasta ahora nadie sabe cómo y lo más grave es que, por la naturaleza líquida del mercurio, se mimetiza y moviliza clandestinamente y esto hace prácticamente imposible su persecución.
Información obtenida por reporteros de este diario y corroborada por la Dirección de la Policía de Carabineros (Dicar), señala que luego de traer el metal del exterior, lo desvían a zonas mineras en pequeñas cantidades. Para evadir controles, lo camuflan en botellas de gaseosa o en pimpinas de gasolina que son movilizadas por lugareños.
Eso explicaría por qué, a pesar de la letalidad del metal y del daño que le está haciendo al país, en los últimos 5 años tan solo se han incautado 500 kilos, una cifra pírrica si se tiene en cuenta que para obtener un solo gramo de oro, se requieren de 5 gramos de mercurio.
“Ya tenemos bajo investigación a siete importadores implicados en el delito. Su mercurio es el que se está usando en las minas de aluvión o de río y ninguno ha reportado robo de mercancía. Además, las cantidades que traen no cuadran con el consumo nacional legal”, le reveló a EL TIEMPO un oficial de Inteligencia que calcula que en septiembre se judicializará a los responsables.
Este diario rastreó los domicilios de esas firmas y estableció que algunas funcionan en casas de barrios populares del valle de Aburrá, se constituyeron hace pocos años y cuentan con un capital de menos de 10 millones de pesos.
¿Por qué nadie las había detectado antes? La respuesta a este interrogante parece estar en cuatro palabras: el pago de sobornos.
Al respecto, autoridades tienen información que señala que un influyente excongresista del Chocó repartió 200 millones de pesos para que liberaran unas dragas incautadas. Y también hay complicidad de algunos alcaldes.
La conjugación de importadores y mandatarios corruptos, unida a bandas criminales, permite que la minería ilegal le arranque al país 2 millones de onzas de oro al año que equivalen a 2.510 millones de dólares. De hecho, la ilegalidad tiene prácticamente anulado el mercado legal. Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), este último tan solo mueve una octava parte: 250.000 onzas al año, unos 313 millones de dólares.
Los proveedores del metal en el exterior conocen el destino del ‘veneno plateado’ que suministran a clientes colombianos. Por eso, la Policía no duda en afirmar que se trata de una red transnacional.
“Colombia produce 58 toneladas de oro, y el 86 por ciento es ilegal. Lo más grave es que, de las 1.150 fuentes hídricas que cruzan el país, 232 pasan por zonas con mercurio. Por eso es urgente darle el mismo tratamiento que se le dio en los 80 a los precursores para la coca”, asegura Simón Gaviria, jefe de Planeación Nacional.
Después de recoger información directamente de los campamentos de explotación ilegal, la investigación sobre la ruta del mercurio se focalizó en Antioquia y Santander.
“Ya sabemos que desde Medellín sale mercurio importado a municipios mineros del nordeste antioqueño, Chocó, Nariño y Córdoba, en especial al Bajo Cauca. Y un par de importadores de Santander lo desvían hacia el sur de Bolívar y Cesar”, explicó el oficial de inteligencia de la Dicar.
El metal pesado llega de Kirguistán, Rusia, Países Bajos, China, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos y México. Y aunque se están monitoreando envíos de todos esos puntos, la ilegalidad se concentra en cargamentos que parten de México.
Una de las pistas que se sigue conduce a tres estudiantes paisas que figuran como zares del mercurio en Colombia. El año pasado, entre los tres ingresaron 43 toneladas provenientes de México, por 1,8 millones de dólares. Así consta en bases de datos de la Dian que EL TIEMPO obtuvo.
Al menos uno de ellos aparece entre las prioridades de la investigación de la Policía. De hecho, será emplazado para que explique cómo un universitario obtiene recursos para importar ese volumen del metal y en qué lo emplea.
Otro de los jóvenes de ese grupo registra ingresos económicos que no respaldan los montos de las importaciones que realiza.
EL TIEMPO encontró a su nombre contratos de prestación de servicios con un municipio de Antioquia, por tan solo 900.000 pesos al mes, e importaciones de mercurio, en lo corrido de 2017, por 63.000 dólares, unos 180 millones de pesos.
En cuanto a las seis empresas bajo la lupa, se sabe que comparten socios y direcciones. Se omiten sus nombres y los de los otros implicados mientras son judicializados.
Pero no todo el mercurio usado en minería ilegal entra por esa vía. Otra parte ingresa de contrabando por la frontera con Ecuador, camuflada en mercancía de todo tipo.
Ese mercurio, según cálculos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), podría superar las 50 toneladas al año, viene de China y es importado a Perú por empresas que ya son rastreadas.
Cada kilo del metal pesado se comercializa clandestinamente en 400.000 pesos (cuatro veces su precio original). Pero guerrilla, bandas criminales y comerciantes corruptos están dispuestos a pagar el sobreprecio porque los réditos que les deja son multimillonarios.
Además del vertimiento en ríos, el gran crimen ecológico y sanitario se comete en en los campamentos y en las trastiendas de las compraventas de oro que pululan en los pueblos del llamado circuito de oro.
Mineros le han admitido a las autoridades que el mercurio que desvían las importadoras es distribuido y fundido en esos negocios, ubicados en municipios como Quibdó (Chocó), Nechí (Antioquia), Ayapel (Córdoba) y Barbacoas (Nariño).
“Los dueños de esos locales les regalan el mercurio a los mineros a cambio de que todo el oro que saquen se los vendan a ellos. Es una técnica para fidelizarlos”, señaló Álvaro Pardo, experto en el tema.
Allí, con sopletes y a mano limpia separan la amalgama de mercurio y oro y que botan miles de dragas de fabricación brasilera, diseminadas por todo el país.
Para aislar los metales, elevan la temperatura a 40 grados centígrados, punto en el que se evapora el mercurio. Aunque, por goteo, alcanzan a recuperar un 40 por ciento del veneno, el 60 por ciento restante se dispersa en la atmósfera y empieza su recorrido letal.
Según Planeación Nacional, de eliminarse el uso de mercurio, cada año se evitarían costos en salud del orden de 931.000 millones de pesos.
Satélites oficiales han detectado más de 7.000 puntos en todo el país en donde se usa ese metal para explotar oro en ríos o aluvión.
El número de hectáreas afectadas ya supera las 100.000, concentradas especialmente en Chocó, Antioquia, Bolívar y Córdoba. También hay un daño ambiental importante en Cauca, Nariño y los límites con Perú y Brasil.
La Policía calcula que en septiembre de este año realizará las primeras capturas de importadores involucrados en este crimen ambiental. Pero habrá una segunda fase en la investigación, que implicará el rastreo con la participación de autoridades de otros países. La idea es judicializar a los proveedores extranjeros involucrados en esta red que tiene convertida a Colombia en un territorio tóxico.
Según la ONG Mercury Watch, Colombia es el tercer país que más libera mercurio en el mundo, con 75 toneladas al año, después de China e Indonesia. Incluso, por internet se ofrece mercurio importado por kilos. Una empresa vende metal mexicano y de Singapur, con “las mejores normas y estándares”.
Dentro de sus catálogos hay una pimpina de 34,5 kilos a 8,5 millones de pesos. Y ofrecen llevar el producto a cualquier lugar del país. De hecho, si el cliente quiere el metal le llega a cualquier país de Suramérica, pero debe pagar entre 40 y 49 dólares por kilo.
La buena noticia es que, a partir del 15 de septiembre quedará prohibido ingresar mercurio al país para uso minero y se reducirá el cupo de importación del metal, a tan solo 2 toneladas, para cerrarles las puertas a los importadores corruptos.
La mala noticia es que el mercurio ya empezó a ser reemplazado por cianuro, igual de tóxico. Y que la prohibición puede disparar las rutas de contrabando del ‘veneno plateado’.
