Artíículo 306 plantea que la negociación colectiva de un proveedor no afecta a la firma principal. Proyecto de ley que se tramita en el Congreso busca limitar la subcontratación.
El pasado sábado entró en vigencia la nueva normativa que regula las relaciones laborales y su puesta en marcha tiene a varios sectores con más dudas que certezas. Si recientemente el debate estuvo enfocado en la aclaración de la Dirección del Trabajo (DT) sobre los grupos negociadores y sus procesos de negociación, ahora el foco está puesto en las negociaciones colectivas al interior de las empresas contratistas.
El tema que tiene dividido a los expertos es que la nueva normativa permitiría que una empresa pueda reemplazar a trabajadores subcontratados en caso de que estos realicen una huelga, dando paso a que se produzca eventualmente un aumento en la tercerización de funciones.
El artículo 306 de la reforma laboral, inciso quinto, establece que “la negociación colectiva en una empresa contratista o subcontratista no afectará las facultades de administración de la empresa principal, la que podrá ejecutar directamente o a través de un tercero la provisión de la obra o el servicio subcontratado que haya dejado de prestarse en caso de huelga”.
De esta forma, la nueva ley permitiría a las empresas reducir la dependencia de un gran volumen de trabajadores internos y del poder de los sindicatos. Cristian Carvajal, gerente general de la empresa de outsourcing y recursos humanos GrupoExpro, detalló que “si durante el proceso de negociación colectiva los trabajadores contratistas hacen efectiva la huelga, la empresa principal podrá suspender el servicio de la contratista y contratar a otra firma para que la producción no se detenga”.
Según datos de la Octava Encuesta Laboral (Encla) realizada por la DT, el 17,6% de las empresas subcontrata funciones, siendo las empresas de mayor tamaño las que más optan por esta alternativa.
“Las grandes empresas han tenido siempre una participación en la subcontratación notablemente más alta que la mostrada por las empresas de menor tamaño (…) hoy el nivel de subcontratación en las grandes empresas se sitúa en un 40,7%”, plantea la Encla.
La encuesta de la DT afirma que “en todas las ramas hay empresas que subcontratan una parte, mayor o menor, de su actividad productiva”. Destacan tres rubros en que la subcontratación alcanza un nivel importante: “el suministro de electricidad, gas y agua, en el que participa el 37,8% de las empresas; la intermediación financiera, sector en que el 30,2% de las empresas subcontrata, y la explotación de minas y canteras, donde la proporción de empresas que subcontrata trabajo alcanza al 27,3%”.
Luis Lizama, asesor laboral de Sofofa, subrayó que la huelga efectuada en una empresa contratista “no afecta a la empresa principal, y en consecuencia la empresa principal va a poder mantener el servicio que le prestaba la empresa que está en huelga del modo que la empresa lo determine. Puede dar término al contrato y buscar otra firma”.
Sin embargo, Lizama sostuvo que, si bien pareciera que con la nueva ley hay un incentivo a la externalización de funciones, “no es una tarea sencilla de tomar”. Agregó que “hay un proyecto de ley en el Congreso, en la Cámara de Diputados, una moción del diputado Osvaldo Andrade, que limita las posibilidades de externalizar y que habla de la subcontratación impropia (…) Por lo que si una empresa opta por externalizar funciones y luego se aprueba este proyecto, tendrá que enfrentar algunas complicaciones en ese momento. Para una empresa no es sencillo externalizar funciones para mitigar el efecto de una huelga”.
El proyecto de ley impulsado por Andrade señala que “no serán susceptibles de ser subcontratadas las labores inherentes al giro principal de una empresa, salvo que se trate de la totalidad de ellas mediante un contrato de administración general o similar a éste, y que la empresa principal no ejerza facultad alguna de dirección laboral sobre los trabajadores de la empresa contratista, o subcontratista en su caso”.
Héctor Humeres, asesor laboral de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), indicó que “es muy temprano para sacar una conclusión de ese tipo. Hay que esperar que este asunto se vaya desenvolviendo en el transcurso del tiempo”.
Fernando Alvear, gerente general de la CPC, apuntó a la violencia que se da en algunas movilizaciones como factor a tener en cuenta. “Para que esa norma opere necesitamos que no haya violencia. Hemos visto lo que sucedió en Escondida y ahí se afectó instalaciones de funciones que no estaban en huelga. Por lo tanto veo complejo que se dé ese tipo de espacio. Mientras haya violencia no hay margen”.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, recalcó que “la reforma es clara en que la huelga es sin reemplazo ni interno ni externo”. Añade que de existir un aumento en la tercerización “no es por la reforma laboral, sino que por la búsqueda e interés de algunas empresas de tercerizar sectores para ir abaratando los costos de la mano de obra”.
Jorge Arredondo, director de Grupo Laboral, se mostró preocupado por el espacio al aumento de la subcontratación que entregaría la reforma laboral. “Más que un incentivo, lo que me temo pudiese pasar es que algunas empresas no solo subcontraten labores accesorias a su giro, sino que también labores de sus procesos productivos, haciendo que estas sean desarrolladas tanto por trabajadores propios como por dependientes de un subcontratista”, sostuvo.
Arredondo, si bien valoró la existencia de un proyecto de ley para limitar la subcontratación como la del diputado Andrade, expresó que “se hace perfectamente posible, cumpliendo con los supuestos que mandata la ley, que una empresa pueda subcontratar labores que puedan ser críticas en caso de una paralización absoluta de la empresa. Ahora bien, tiendo a creer que las empresas no solo adoptan estas decisiones por temas de relaciones laborales, sino que también fundado en razones de especialización, eficiencia, desarrollo de conocimiento, etc”.
