Hoy se cumple un año desde que la publicación de los 'Panama Papers' por parte de un consorcio periodístico internacional revelara como a través del bufete Mossack Fonseca se crearon sociedades que podrían haber ayudado a ricos y famosos de todo el mundo a evadir impuestos. El escándalo golpeó también a la Argentina. Desde Lionel Messi al mismísimo presidente Mauricio Macri. Sin embargo y mientras muchos tienen aún asuntos pendientes por aclarar, Mauricio Macri ya estaría fuera de la nube.

A un año de que la publicación de los 'Panama Papers' sacudiera la escena internacional, una abogada del bufete involucrado en el escándalo aseguró que todas las sociedades creadas fueron constituidas dentro de la legalidad: "No existe el delito, porque no se blanqueó dinero, se constituyeron sociedades dentro del marco de la ley y se guardó la debida diligencia", dijo Marlene Guerra, una de las abogadas de Bel que se filtraron los 'Panama Papers'.

Además, las entidades encargadas de supervisar las sociedades "en ningún momento señalaron a la firma como si estuviese constituyendo sociedades para un ilícito", añadió Guerra. 

Más precisamente, el lunes 3 de abril se cumple el año desde la publicación por parte de un consorcio periodístico internacional, que reveló como a través del bufete Mossack Fonseca se crearon sociedades que podrían haber ayudado a ricos y famosos de todo el mundo a evadir impuestos. Fue una filtración de 11,5 millones de archivos digitales de la firma legal panameña. Los datos fueron obtenidos por el diario alemán Sueddeutsche Zietung, que los compartió a través de ese consorcio de periodistas de investigación, y aún hoy las revelaciones continúan apareciendo.  

El presidente Mauricio Macri, como el ruso Vladimir Putin, el futbolista argentino Lionel Messi o el cineasta español Pedro Almodóvar aparecieron entre los clientes del bufete.

 La Fiscalía panameña investiga este escándalo internacional que vincula a 87 jurisdicciones de todo el mundo, según Guerra. 

Hasta ahora no hay arrestados ni procesados por esta causa en Panamá, donde la evasión fiscal no es delito, aunque los fundadores del bufete, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, están detenidos en el país centroamericano en relación al escándalo de Lava Jato en Brasil. 

"Es casi misión imposible que se pueda saber en qué parte del mundo se compró o no una sociedad y si se utilizó para evadir impuestos", afirmó Guerra, quien retó al a fiscalía a que diga dónde está la cuantía del supuesto blanqueo de capitales, la procedencia del dinero y que demuestre que se obtuvo de manera ilícita. 

"Van a tener que seguir buscando en el resto del planeta un delito cometido por ellos, porque no lo han hecho. Son inocentes", declaró Guerra, para quien constituir sociedades para salvaguardar el patrimonio "es un derecho inalienable" en "cualquier parte del mundo". 

"Mientras nosotros estamos dialogando sobre lo ocurrido, el resto de las firmas en Panamá y el mundo lo siguen haciendo tal cual. Consideramos que es justicia selectiva", dijo Guerra en diálogo con la agencia 'AFP'. Según la abogada, el 70% de los clientes de Mossack Fonseca a nivel global "se fueron para los Estados Unidos". 

"Panama Papers no dijo nada que no supiéramos, (pero) ni un solo dólar de esos (de las sociedades constituidas) está en Panamá, están en bancos de Gran Bretaña, Miami, Nueva York", afirmó recientemente el jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Ricardo Zubieta. 

Muchos en Panamá consideran que todo se trata de un "complot" para dañar la imagen del país y beneficiar a plazas financieras de Estados Unidos y Europa que se dedican al mismo negocio. 

"Estamos viviendo un nuevo orden que se impone en el mundo y en el cual Panamá había permanecido convenientemente oculto", dijo a la misma agencia el economista Francisco Bustamante, que trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

"Al margen de que sea o no un complot internacional, lo relevante es cómo el país va a manejar estos escándalos", añadió.  

Tras los Panama Papers, Francia reincorporó a Panamá en su lista de paraísos fiscales y el país centroamericano forma parte de la lista provisional de la Unión Europea sobre "jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal".

 El gobierno panameño buscó mejorar su imagen internacional mediante reformas para blindar su centro financiero. Además, firmó un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para intercambiar información fiscal de manera automática con más de un centenar de países a partir de 2018. 

"Panamá cumple con los más altos estándares internacionales en materia de transparencia fiscal. Nosotros aspiramos a que eso sea reconocido por nuestros socios y países amigos", declaró recientemente la vicepresidenta y canciller panameña Isabel de Saint Malo. 

 No obstante, las revelaciones de hace un año continúan golpeando la imagen de Panamá. "Al país no se lo toma seriamente en el ámbito internacional, sobre todo por la incapacidad de sus organizaciones judiciales para investigar y procesar adecuadamente éste y otros casos de suma gravedad", expresó Guevara Mann, catedrático de Ciencia Política de la Florida State University.

 Por el escándalo se abrieron al menos 150 investigaciones en 79 países para examinar posibles casos de evasión fiscal o lavado de dinero, según el Centro de Integridad Pública, un grupo estadounidense sin fines de lucro.  

Aún no está claro si ya se disipó la tormenta: algunos políticos aún tienen asuntos pendientes de aclarar mientras otros, como Macri y el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, ya están fuera de la nube. 

En efecto, a principios de mes, en la Unidad de Información Financiera (UIF) desvinculó a Macri de actividades delictivas por sus empresas offshore. La misma informó a la Justicia que "de las participaciones accionarias en las empresas" offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri "no surge elemento alguno que permita vislumbrar  una hipótesis delictiva de lavado de activos".

 El organismo dependiente del Ministerio de Justicia se expresó de esa forma en un informe que dirigió al juez federal Sebastián Casanello, quien investiga al presidente Mauricio Macri en una causa abierta a partir de este escándalo. 

La UIF había presentado una semana antes un informe ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en el que aseguró que no se encontraron vínculos entre el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y el caso de corrupción en Brasil conocido como 'Lava Jato', que involucra a la empresa Odebrecht.

 Las empresas que fueron investigadas por la UIF a pedido de la Justicia son Fleg Trading LTD, Kagemusha S.A., SIDECO Americana  S.A., Macri Investments Groups, Foxchase trading S.A., Global  Collection Services y Owners Do Brasil, entre otras.

 La UIF dejó asentado que Macri fue director de Kagemusha S.A., una firma registrada en la ciudad de Panamá  y agregó que el titular de la compañía sería Francisco Macri, el padre del Presidente.

En el resto del directorio, según su inscripción, estaban también el hermano del jefe de Estado, Gianfranco Macri; el padre de ambos, Franco, que ocupó dos roles en esta empresa; un empresario, Rodrigo Arosemena; y un abogado caribeño, fallecido, llamado Gianfranco Benedetti. 

La UIF afirmó que Kagemusha "no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a  procesos relacionados con drogas, o criminalidad organizada, encontrándose en la lista con riesgos de ser disueltas por el no pago de sus impuestos anuales".

 Respecto a Fleg Trading LTD, la UIF sostuvo que se trata de una empresa inscripta en Brasil en el año 2002, con "capital nulo". Y agregó que también fue radicada en Bahamas, un paraíso fiscal. Se especificó que la firma fue 'dada de baja' en 2009 debido a  la falta de pago de la cuota para mantenerla activa. 

La UIF señaló que "la persona responsable de la firma (Fleg Trading LTD) habría sido Mariano Macri identificado con el número 227.778.298-02". 

Y sostuvo que el hermano del Presidente "no sería socio o responsable de ninguna empresa en Brasil". 

El fiscal Federico Delgado pidió al organismo que analice si a través de la sociedad Fleg Trading se transfirieron 9 millones de dólares a SOCMA Americana S.A. (propiedad de los Macri) como pago por "el 99,9% de las acciones de Owners Do Brasil Corporations". 

La UIF sostuvo que "no está acreditado con ninguna probanza documental que el pago de la suma de nueve millones de dólares hayas sido efectuado". 

El organismo aseguró que de la "vida social" de las empresas Kagemusha y Fleg Trading LTD "no surge la existencia de antecedentes o actividades que puedan vincular a infracciones de índole penal" al Presidente.