La oposición venezolana ha acusado este jueves al presidente Nicolás Maduro de llevar a cabo un “golpe de Estado”, después de que el Tribunal Supremo —controlado por el chavismo— decidiese retirar las competencias a la Asamblea Nacional (el Parlamento),con mayoría opositora, por estar en “desacato”. "Nicolás Maduro ha organizado un golpe en Venezuela", ha declarado el presidente de la Asamblea Julio Borges.
La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional venezolana, el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia —controlado por el chavismo— y la asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro supone un mazazo institucional de una gravedad extrema, sin parangón desde que comenzara la crisis institucional en Venezuela. Es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más mínima matización. En un continente donde la democracia ha avanzado espectacularmente desde que dejara finalmente atrás regímenes de los años setenta y ochenta, el retroceso de Venezuela hacia una dictadura constituye una tristísima noticia y arroja preocupantes sombras sobre el futuro del país que de ninguna manera merece quedarse al margen del sistema de libertades felizmente mayoritario en la región.
La Asamblea Nacional es el órgano legislativo legítimo según establece la Constitución venezolana —diseñada e impulsada, por cierto, por el propio Hugo Chávez— y fue democráticamente elegida por última vez en las elecciones de diciembre de 2015. Como presidente del país, Maduro está obligado no solo a reconocer los resultados, que dieron una abrumadora victoria a la oposición, sino a colaborar institucionalmente con la Cámara por el bien y la gobernabilidad de Venezuela.
Pero el mandatario no ha hecho nada de esto, sino que ha intentado, desde el primer momento, saltarse la legalidad con todo tipo de argucias. Estas han incluido el recurso a un fantasmagórico parlamento alternativo o la aprobación de los presupuestos despreciando por completo el parecer de la Cámara. Finalmente, ha ordenado a la justicia, intervenida completamente por el chavismo, un proceso indefendible desde el punto de vista legal que ha terminado con la inhabilitación total del Parlamento. Algo inconcebible en cualquier país que aspire a ser reconocido internacionalmente como una democracia.
En este contexto no pueden extrañar las durísimas declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el informe de la misma organización que exige unas elecciones. En palabras de Almagro, “de una dictadura se sale por elecciones”.
La ruptura del orden constitucional amparada por Maduro y los suyos supone un peligrosísimo punto de no retorno en la fractura creada en Venezuela por el chavismo. A pesar de los llamamientos serios a la cordura y al diálogo reiterados durante meses por personalidades e instituciones internacionales y al intento de mediación del Vaticano, Maduro se ha negado tozudamente a cumplir los requisitos mínimos que hicieran posible siquiera buscar el entendimiento y ha acelerado su resistencia al cumplimiento de la ley en una estrategia que ha finalizado con el golpe del pasado miércoles.
Hoy Venezuela es un país aislado del resto de sus vecinos, con presos políticos, la oposición perseguida, el Parlamento suspendido y la economía destruida. Este es el verdadero legado de Nicolás Maduro y el chavismo. Algo que no merecen los venezolanos, a quienes no se les puede negar el derecho, como exige la OEA, a elegir a sus gobernantes en unas elecciones libres
El diputado ha asegurado que el Legislativo desconoce el fallo del tribunal, al que ha calificado de "basura". También el líder opositor Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda y ex candidato presidencial, ha calificado la maniobra del Supremo como un "golpe de Estado". Borges ha pedido al Ejército que rompa su silencio ante la "ruptura del orden constitucional".
La sentencia número 156, divulgada el miércoles por la noche, ordena que la Sala Constitucional del TSJ o una instancia que esta designe asuma el rol del Legislativo para garantizar el “Estado de derecho”. Entre otros argumentos, el tribunal defiende que se han juramentado tres de los cuatro diputados del Estado de Amazonas (sur de Venezuela) a la Asamblea Nacional cuya investidura había sido impugnada por supuestas irregularidades en su elección. "[La sentencia] confirma el golpe de Estado continuado del Gobierno forajido y fallido repudiado nacional e internacionalmente", escribió en su cuenta de Twitter el opositor y expresidente del Legislativo, Henry Ramos Allup.
Este dictamen es un golpe fulminante para el Legislativo. Hace dos días, el máximo tribunal arrebató a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria y concedió atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil. “Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica”, dijo el mandatario venezolano, informó El País.
Este fallo se justifica en el estado de excepción vigente en Venezuela, aunque su Constitución no establece la desaparición de los poderes públicos. Borges ha pedido al Ejército que reaccione ante la ruptura del orden constitucional. “Sabemos que los oficiales de la FAN (Fuerza Armada Nacional) sufren el mismo drama del costo de la vida, de la violencia. Queremos hacer un llamado para que sean los primeros guardianes de la democracia y de la Constitución en Venezuela y se conviertan en parte de la solución”, indicó.
El TSJ todavía no ha indicado cómo asumirá las funciones del poder Legislativo. Pero Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea, supone que se dictarán nuevas “leyes-sentencias” a favor del régimen. “Esta no es una sentencia más, sino una que marca un punto de no retorno de la dictadura. Ya no sólo se trata de anular todo lo que hace la Asamblea Nacional, si no de usurpar todas sus competencias”, explicó.
Después de un pronunciamiento en la Asamblea Nacional, los opositores acudieron a la sede del TSJ, en el centro de Caracas, donde se encontraron con un cerco militar y un grupo chavista. Pronto, esta manifestación se ha transformado en violenta. En la trifulca entre la Guardia Nacional y los parlamentarios ha resultado herida Ana Vargas, una periodista del canal de la Asamblea Nacional, Capitolio TV, según el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. También han sido golpeados los diputados Juan Requesens y Carlos Paparoni.
La oposición anunciará este viernes las acciones de calles y protestas. “Sabemos que hay miedo y represión, pero es el momento de ponernos de pie”, agregó Borges.
Pero el chavismo ha preferido el silencio ante los reclamos de los opositores. Unas 45 ONG venezolanas han alertado sobre las catastróficas dimensiones de las decisiones del Supremo. “Rechazamos el control constitucional ejercido por un Tribunal Supremo de Justicia, carente de independencia, que ha permitido el ejercicio de facultades ilimitadas por parte del poder Ejecutivo y la interpretación arbitraria del texto constitucional, reiterando el actual poder dictatorial del presidente de la República”, dicen las ONG en un comunicado.
Muchos interpretan que las sentencias como una reacción al intento de la Organización de Estados Americanos (OEA) de activar la Carta Democrática Interamericana, que ha apoyado la Asamblea Nacional, y la petición de elecciones generales en Venezuela. Maduro advirtió el martes, tras conocer los resultados del debate en el organismo internacional, que ejecutará una agenda ofensiva en “defensa de los pueblos”.
El Supremo, que ha emitido 56 sentencias contra el Parlamento desde enero de 2016, deja ahora a los diputados opositores en manos del chavismo, que ha acusado a los asambleístas de traición a la patria por apoyar al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El encarcelamiento del diputado de Voluntad Popular Gilber Caro supone un mal precedente en esta trama. En enero, el parlamentario fue detenido por presunta posesión de material de guerra. El vicepresidente Tareck El Aissami instó a los tribunales a castigarlo con “todo el peso de la ley” por estas acusaciones. Para Unidad Democrática este caso se suma a la lista de presos políticos que hay en el país caribeño.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió asumir las competencias de la Asamblea Nacional en un controvertido fallo que según la oposición busca darle plenos poderes al presidente Nicolás Maduro. La sorpresiva sentencia, señalada de estar controlada por el gobierno, agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis en el país caribeño. Hubo fuerte repudio internacional.
En el fallo el Tribunal resolvió que "mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga".
En enero de 2016 y tras una aplastante victoria la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años. Desde entonces el Tribunal Supremo ha emitido casi medio centenar de sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato, agravando una situación que lleva más de un año en plena ebullición.
Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor Leopoldo López, tras hablar con el presidente Mauricio Macri señaló que "en las últimas horas se ratificó la dictadura en Venezuela, porque eliminaron la Asamblea Nacional. Han dado un golpe de Estado".
"Ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela", dijo el diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, coincidió con Guevara y denunció que "en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado".
El Tribunal declaró en desacato a la Asamblea por negarse a cumplir una sentencia que había bloqueado la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas por la supuesta compra de votos.
Aunque posteriormente el Legislativo revirtió dicha juramentación, el máximo tribunal mantuvo la medida invocando una serie de tecnicismos y dejó en un limbo legal la situación de los legisladores electos de Amazonas.
El secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció un “auto-golpe de Estado” en Venezuela perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro .
“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció Almagro en un comunicado difundido por la OEA en Washington.
Almagro reaccionó a la última movida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dictó dos decisiones por las que despoja de sus inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional, que se encuentra en manos de la oposición desde al año anterior.
“Es una dictadura que la comunidad internacional tiene que ayudar a que se prendan las alarmas para apoyar la decisión del pueblo venezolano para que cambiemos esta dictadura por una Venezuela de libertad, justicia y democracia”, expresó una confernecia de prensa en Caracas.
La última puja entre el TSJ, que responde a Maduro, y la Asamblea Nacional surgió justamente por el respaldo del parlamento venezolano a la ofensiva de Almagro en la OEA contra el régimen chavista.
Anteayer, el Consejo Permanente de la OEA había cerrado una sesión extraordinaria, resistida por el gobierno de Maduro, para discutir el último informe de Almagro, donde denuncia “una ruptura total del orden democrático” y solicita la suspensión de Venezuela como miembro del organismo. Al final de la sesión, 20 países llamaron a diseñar una hoja de ruta para zanjar la crisis institucional, económica y humanitaria que vive el país.
“Las normas internacionales regionales y universales a las que Venezuela soberanamente ha adherido, y que por ello la obligan a su cumplimiento, reafirman el respeto a la separación de poderes como garantía ineludible para la protección de los derechos de los ciudadanos y la defensa del sistema democrático y del estado de derecho”, dijo el comunicado difundido por la oficina de Almagro.
“Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”, agrega.
“Asumir la restauración de la democracia es tarea de todos”, insiste, una frase reiterada más de una vez por Almagro para unir a la región contra el régimen de Maduro.
Almagro dijo que es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática.
La comunidad internacional expresó su repudio luego de difundirse el fallo del TSJ. EEUU, Perú, Colombia, Brasil, Chile y México cuestionaron el accionar como un revés para la democracia y en igual sintonía se manifestó la Unión Europea.
El organismo europeo pidió en un comunicado "establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros, como prevé la Constitución".
En Argentina, el presidente Mauricio Macri , la diputada nacional Elisa Carrió y sus pares Sergio Massa, Mario Negri y Ricardo Alfonsín condenaron el hecho y pusieron el foco en convocar la Carta Democrática para expulsar a Venezuela de la OEA. En tanto el CELS repudió el "golpe institucional" y pidió resguardar la democracia.
A comienzos de esta semana el Tribunal Supremo también abrió el camino para poner límites a la inmunidad de los legisladores tras declarar nulo por inconstitucional el respaldo de la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana, según informó Ambito.
MARCELO CANTELMI
Lo que acaba de suceder en Venezuela no admite confusiones; es un golpe sin atenuantes. En términos más precisos, un autogolpe palaciego al estilo fujimorista destinado a desbaratar a la oposición. Ese propósito se lee en la arremetida contra el Parlamento donde la disidencia tiene un protagonismo excluyente debido a su mayoría legislativa. La disposición que anula ese Poder, emitida por la Corte Suprema --revestida de una cínica narrativa legalista, un clásico del chavismo--, en el mejor de los casos profundiza o directamente blanquea el perfil autoritario del régimen. Venezuela ha girado hace tiempo al formato de una dictadura clásica con presos políticos, censura periodística, asfixia social y urnas bien guardadas.
Pero hasta ahora venía maquillando el despotismo con el relato de un socialismo inexistente y la compañía del aliado cubano como certificado de ese registro político. No le fue mal. Con esa acrobacia evitó hasta ahora la condena de la región por el temor de sus gobiernos, casi todos con crisis económicas, de agregarse otro esperpento de protestas en las calles si entraba en peligro la estabilidad del régimen. Pero este suceso cambia completamente el paradigma. O debería hacerlo.
El país, que tenía ya muy malogradas las instituciones, sencillamente carece ahora totalmente de ellas. Es un desafío para el hemisferio que no puede ser cómplice de esta ruptura constitucional como no lo fue en su momento cuando el empresario Pedro Carmona, apoyado por un puñado de militares, cerró el Congreso y la Corte y derribó por dos días a Hugo Chávez. No es claro por lo tanto si es esta una medida suicida del chavismo resultado de las disputas en la cúpula entre los ganadores económicos de “la revolución” que son más bien carteles. O, en cambio, si el episodio desnuda la impotencia de la región y la debilidad de una oposición cuya fragilidad alimenta la fortaleza inclemente del otro lado.
La alusión al autócrata peruano refiere al zarpazo que Alberto Fujimori cometió en 1992 con el cierre del Congreso y la Corte Suprema. Lo de Venezuela se limita al Parlamento porque el golpe contra la justicia había sido dado antes, en las épocas del fallecido Chávez quien colonizó desde el comienzo ese Poder y el propio legislativo quitándole total autonomía. Con esos métodos el líder bolivariano construyó un modelo de control total y de democracia plebiscitaria que ilusionó a sus imitadores en la región que se planteaban el mismo camino de ir por todo.
Ese sistema se quebró en diciembre de 2015 después de que la oposición logró una masiva e inesperada votación y ganó por primera vez la mayoría absoluta del Congreso unicameral. En los breves días entre la votación legislativa y la entrega del Parlamento, el régimen designó a otros siete magistrados en la Corte, sin antecedentes o méritos, que son lo que están generando estos fallos manipulados.
Una primera lectura de lo ocurrido es que el régimen que encabeza Nicolás Maduro responde de este modo, con un mayor aislamiento, a la presión creciente para que convoque a elecciones de alcaldes y gobernadores pendientes desde el año pasado. El gobierno había logrado patear esa demanda aprovechando la mediación del Vaticano que, a comienzos de año, licuó de un modo imperdodonable una de las mayores ofensivas de la alianza opositora. El diálogo, por cierto, fue un fracaso desde el inicio por la actitud distractiva del régimen y su negativa a liberar a los presos políticos y aceptar la apertura de las urnas y la soberanía del Congreso.
La Organización de Estados Americanos, de la mano de su secretario general Luis Almagro, solo esperaba que se retirara la Curia para recrudecer las denuncias contra el régimen lo que ha venido sucediendo los últimos días. Con igual ritmo el chavismo se ha ido endureciendo, ahora con este fallo pero hace pocas horas con otro que quitó los fueros a los legisladores y autorizó a Maduro a tomar cualquier medida que “evite una conmoción del Estado”. Es decir, más represión y, claro, suspensión de elecciones. La aspiración del oficialismo es evitar incluso las presidenciales de 2018. La intención de los críticos del gobierno en el hemisferio es, en cambio, que la crisis se resuelva con el nombramiento de un presidente transitorio que convoque a elecciones adelantadas como también se hizo en Perú.
Dificil. Para el chavismo es mucho lo que se juega. La ausencia de una puerta de salida por parte del régimen y su necedad política se debe a que la crisis terminal del país dio paso a una ilegalidad que colorea todo el proceso. Se afirma que hay al menos dos carteles narcos, uno en Aragua y otro en Caracas que responderían al vicepresidente Tarek el Aisami y al ex lider del Congreso Diosdado Cabello. Ese poder económico mantiene en el redil a las FF.AA. aunque nunca sea clara la reacción de la oficialidad joven a la que pertenecía el propio Chávez en sus primeros intentos golpistas. Este escenario es pura mala noticia para Cuba. La isla venia con una apertura con EE.UU. crucial para su sobrevivencia económica. La llegada de Donald Trump enturbió ese proceso. Pero si hay una ofensiva de la región sobre Venezuela, la isla antillana se verá obligada a defender a su aliado y meterse en ese pantano perdiendo todo lo andado.
En mayo de 2016, desde todas partes se decía que Venezuela estaba a punto de entrar en una guerra civil, un estallido social que prendió las alarmas de las mesas de redacción de medio mundo. Menos en el propio país. Acostumbrados como están los venezolanos a la montaña rusa política y económica, hubo más revuelo entre las páginas de internacional de las grandes cabeceras que en las calles, ocupadas en el día a día. Si bien hubo un momento de crisis, se calmó con los paños calientes del diálogo. Ha corrido mucha agua bajo el puente desde entonces y parece que nos encontramos ante un nuevo punto de ruptura. La pregunta es: ¿esta vez sí estalla?
Si las condiciones de entonces eran malas, la cosa no ha hecho sino empeorar. Y si hablamos como entonces del síndrome de la rana dentro de la olla con agua que se calienta poco a poco, en este momento el batracio tiene como mínimo las ancas ya cocinadas.
El muro de contención, el carril por el que podía canalizarse el descontento popular ya no está. Desde octubre pasado el Consejo Nacional Electoral dejó en suspenso el referéndum revocatorio por el que se elegiría si se saldría o no de Nicolás Maduro como presidente. Hubo movilizaciones de calle, pero también se apaciguaron con un nuevo capítulo del diálogo.
Cuando ya se vio que el plebiscito no iría a ningún lado, la oposición se centró en las elecciones a gobernaciones (Comunidades Autónomas) y a las alcaldías. Las primeras deberían haberse hecho en diciembre pasado y las segundas en el mismo mes de este año. El CNE aplazó las primeras sin dar explicación y dijo que se harían en este año. Ya casi en abril, no han anunciado cuándo serán ni unas ni otras.
No hay a la vista un proceso electoral que centre al ciudadano venezolano en una meta política a corto plazo. Y si nos atenemos a las declaraciones de Nicolás Maduro, que dijo en octubre que “la prioridad no es hacer elecciones (…) es recuperar la economía”, parece que no hay interés en que lo haya pronto.
En Venezuela se habla de golpe de Estado, de dictadura. Ya se dijo en octubre y se repite ahora, con más fuerza si cabe, ante el cierre formal de la Asamblea Nacional “mientras persista la situación de desacato y de invalidez” de su actuación. Un subjuntivo condicional que parece se extenderá 'ad infinitum' o al menos hasta que la propia sala que emitió sentencia lo quiera.
Lilian Tintori, esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López, durante una rueda de prensa en Buenos Aires, el 30 de marzo de 2017. (EFE)
Quizás el elemento que más inestabilidad mete en el coctel del país es este. No es el momento de mayor apoyo del Gobierno ni de Nicolás Maduro. Pero tampoco hay un apoyo incondicional a la Mesa de la Unidad, un apoyo que los arrope y ayude a “calentar la calle” literal o figuradamente.
Si el momento álgido vino cuando se ganó la Asamblea Nacional y después con la convocatoria al revocatorio, los ánimos se fueron desinflando y cada vez la movilización es menor. En una marcha convocada el 23 de enero para conmemorar el día en que se salió de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1957, apenas unas decenas de ciudadanos salieron vestidos de blanco.
Se suma (o resta) la división dentro de la misma Unidad. Al poco de saberse la sentencia, María Corina Machado, integrante de Vente y ex diputada, lanzó un tuit con un “Se los dije”, para remarcar su postura de 2016 en contra del diálogo. “Resultado del 'diálogo' Zapatero, Samper, Fernández, Torrijos: aniquilación de la Asamblea Nacional”. Es el roce más visible, pero no el único, como se vio en los últimos meses.
A partir de hoy la Mesa de la Unidad anunciará distintas acciones, empezando por una marcha el sábado. Pero ¿será capaz de dirigir el descontento tras tantos intentos fallidos? ¿Hacia dónde lo dirigirá? Y si no es la Unidad, quién y con qué apoyos. Sin directrices y sin dirigencia clara pueden rebrotar los radicalismos que condujeron en 2014 a los disturbios violentos.
Esta vez la comunidad internacional juega un papel más relevante. Ya Perú ha anunciado la retirada de su embajador de Venezuela. México, Chile, Brasil y Colombia pidieron la restauración del diálogo, la búsqueda de soluciones, mientras que Estados Unidos calificó como un retraso a la democracia la sentencia del TSJ. El secretario general de la OEA lo tildó de "autogolpe" y pidió convocar un Consejo Permanente. La Unión Europea pidió el respeto a la Constitución y la publicación de un calendario electoral lo antes posible.
Puede que el Gobierno de Maduro esté jugando al aislamiento internacional e incluso busque su salida de la OEA. Aunque con la situación financiera que tiene –con el barril de petróleo sin previsiones de ir a la alza y llegar a los 100 dólares que sostuvo tanto tiempo al chavismo–, con cada vez menos ingresos y más deuda, esta baza se hace peligrosa. Si hace negocios en este momento con lo que tiene, en este momento el Arco Minero –con reservas de coltán y oro entre otros–, será sin la aprobación de la Asamblea Nacional, con contratos que pueden devenir en nulos. Quién entrará en ese jardín. O puede que ya cuente con los apoyos que necesita.... Aún no se sabe qué dirán y harán China y Rusia. Es clave, porque son los principales sostenes económicos del país.
Si el Gobierno no quiere el aislamiento internacional, puede que en la medida que haya presión de otros países, y retirada de más embajadores, de marcha atrás y cambie de parecer.
Es la variable más opaca de todas. Igual que ocurre con el chavismo, poco se sabe del estamento castrense, sus divisiones e intenciones.
¿Pueden hacer un golpe? Rara vez se muerde la mano que a uno le da de comer, y en este caso, son los que mayores beneficios reciben del Estado, las subidas salariales más altas y los que manejan de primera mano el control de los alimentos. Aún así, es imposible saber el nivel de hartazgo dentro de los cuarteles y a qué llevaría eso.
Todo lo anterior (descontento, caída del carril por el voto, radicalismos), se anula con esta teoría. Es el control más sutil que hace el Estado y es incluso más fuerte que el uso de la fuerza, que ya de por sí es cada vez más notorio en las manifestaciones. Se trata de limitar el tiempo de los venezolanos a través de sus necesidades diarias.
En Caracas es donde menos se nota, porque es la zona más abastecida y con menos problemas de agua, gas y luz. Pero en el interior el día se va entre las horas que se dedican a buscar lugares donde haya alimentos o productos regulados –a menor precio–, hacer la cola para comprarlos, cargar la bombona para ver si llegó el gas, estar en casa en las horas en las que llega el agua para lavar, cocinar, almacenar. Y todo contando con que no haya cortes de luz.
Si bien este ha sido un tiempo en el que se han creado lazos de solidaridad entre la gente, el que cada individuo, cada familia, deba estar pendiente de su propia supervivencia, hace que se mire hacia adentro, cada vez menos hacia afuera, y se rompa poco a poco el tejido social. Así se quiebra la colectividad, la que articula los cambios, en pos de la individualidad.
Los próximos días serán esenciales para ver si el país se sigue cocinando en su propio jugo o si salta de la olla.
