Empresas asiáticas afectadas por una tasa antidumping acusaron a la Comisión Antidistorsiones de dar por tergiversada la información de costos que se le entregó.
Al rojo está la disputa entre CAP Acero y empresas chinas por el eventual dumping de estas últimas en el mercado del alambrón de acero. Así se desprende de la última acta con fecha del 17 de marzo de la Comisión Antidistorsiones, organismo encargado de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas. La entidad mantiene un derecho antidumping provisional vigente de 40,6% sobre las importaciones de alambrón de acero originarias de China, con excepción de tres empresas de ese país que colaboraron, y a las cuales les otorgó una tasa menor -Benxi Beitai Gaosu Steel Wire (28,8%), Zhangjiakou Xuanlong High Speed Wire (18,1%), y Jiangsu Shagang Group Co. Ltd., (30,8%).
En concreto, según ambas partes hay una serie de divergencias en cuento a la metodología utilizada por el tribunal para determinar la tasa prorrogada el pasado 20 de febrero.
Las empresas chinas, representadas por Álvaro Jana, aseguran que el ente presidido por el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, incurrió en una serie de errores metodológicos al momento de la aplicación de la medida provisional y en relación con la determinación de los márgenes de dumping establecidos para Benxi y Z. Xuanlong.
“La comisión no debe ni puede, simplemente, dar por tergiversada la información de costos que hemos entregado y menos hacerlo recurriendo a fuentes indirectas de la propia solicitante y a presunciones. Es más, tiene un deber proactivo de cerciorarse por todos los medios a su alcance de la exactitud de la información que se le proporciona antes de poder hacer una determinación definitiva o establecer una conclusión como la que hace en relación a la reconstrucción de un valor normal vía costos a su vez reconstruidos”, indica la minuta del abogado Jana respecto a los cuestionamientos de costos de sus representadas.
Además, cuestiona un punto clave para la investigación y es que, a su juicio, la comisión da por existente subsidios domésticos en el producto en cuestión, sin antes haber iniciado un análisis bajo la normativa pedida por el CGATT de 1994 y el acuerdo sobre subvenciones de la OMC.
Por el lado de CAP Acero -empresa que presentó la denuncia-, el economista Gabriel Bitrán puso en duda las cifras entregadas por las empresas chinas y advirtió a la comisión que las tasas para las tres empresas en cuestión deberían ser más altas. “La comparación con diversas empresas acereras del mundo también lleva a concluir que el valor de depreciación informado por las empresas chinas es muy bajo y carece de sentido”, señala.
En ese sentido, agrega que “modificando los ajustes que consideramos como poco plausibles con los mejores datos que contamos, estimamos las sobretasas para las tres empresas entre 35,4% y 39,1%”.
En tanto, en la minuta de la participación de la abogada Nicole Nehme – en representación de CAP- también asegura que la información de costos proporcionada por las asiáticas “se encuentra lejos de reflejar la realidad de los costos de depreciación de una empresa real china”. Lo anterior, considerando un informe realizado por el CRU durante el período de abril-septiembre de 2015 y donde se informa los costos asociados a las materia prima.
En su exposición, el economista Bitrán cuantificó el daño a CAP como consecuencia de la irrupción del acero chino. En concreto, estimó un impacto en el margen del alambrón de CAP Acero de 183 US$/ton.
“Se estima que sin la presencia de estas importaciones, las medidas tomadas por CAP Acero la tendrían con margen positivo en un entorno de alta competencia global”, indicó.
