"La presente ley tiene por objeto prohibir la minería metálica en el suelo y subsuelo del territorio de la República", señala el artículo 1 de la nueva normativa, aprobada con los votos de 70 de los 84 diputados.
La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de minería metálica.
La aprobación de la ley se produjo en medio de fuertes presiones por parte de organizaciones ambientalistas, de defensa de los derechos humanos y de la iglesia católica que han exigido la promoción de una normativa contra la minería metálica.
A principios de marzo, la iglesia católica entregó al Congreso varios libros con más de 30.000 firmas de ciudadanos salvadoreños que se sumaban a los pedidos de prohibición de la minería metálica.
El diputado Guillermo Mata, del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), recordó que un estudio del ministerio de Medio Ambiente determinó que la minería metálica puede "incrementar la vulnerabilidad del territorio" y "atenta contra el medio ambiente y la buena salud de las personas".
Tras la aprobación de la ley, decenas de miembros de organizaciones ambientalistas que acudieron al Congreso portando carteles con mensajes como "no a la minería, sí a la vida", aplaudieron y gritaron vivas.
"Nos aseguramos la vida, nos estamos asegurando el bienestar de todo un país evitando el ingreso de una industria voraz y altamente contaminante", dijo a la AFP el director ejecutivo del ambientalista Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro.
En octubre de 2016, un tribunal de arbitraje del Banco Mundial dio la razón a El Salvador en un litigio de la empresa Pacific Rim Cayman, actualmente propiedad de la minera australiana-canadiense OceanaGold Corporation, que reclamaba al país centroamericano US$250 millones por negarle un permiso de extracción en 2009.
En esa ocasión, el organismo ordenó a la compañía pagar ocho millones de dólares por los costos del litigio y el martes pasado ordenó a la transnacional pagar también los intereses sobre esa deuda.
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Así han calificado desde diversos sectores políticos y sociales de El Salvador el hecho de que, tras más de una década de lucha y un esfuerzo conjunto de organizaciones sociales, ambientales, educativas y el peso decisivo de la Iglesia católica, el país haya prohibido la minería metálica.
Este miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó, con los votos de 69 de los 84 diputados, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, bajo el principio de que esta práctica afecta al medio ambiente y la salud de las personas y constituye "una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias".
La prohibición incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento a cielo abierto y subterráneo, y también impide el uso de químicos tóxicos en cualquier proceso de minería metálica.
"Es una decisión histórica, valiente y decisiva, nuestro país territorialmente es muy pequeño y practicar la minería metálica significa prácticamente un suicidio", le dice a BBC Mundo Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa.
Desde 2005 se habían presentado al menos seis iniciativas similares pero, esta vez, el decidido apoyo que la Iglesia católica, muy poderosa en el país, le dio a la ley ahora aprobada el empuje necesario para recibir el apoyo de los políticos.
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"El acompañamiento de la cúpula de la Iglesia católica y el clero puso una presión social sin precedentes que facilitó y aceleró el proceso", le asegura a BBC Mundo Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA).
La Iglesia junto a la UCA y organizaciones sociales presentaron a comienzos de febrero el proyecto de ley y tres semanas atrás entregaron ante la Asamblea Legislativa más de 33.000 firmas de personas que apoyaban la aprobación del mismo.
De acuerdo con una encuesta realizada por el Iudop el año pasado, el 77% de la población consideraba que el Estado debía prohibir la minería metálica.
Una de las cosas que llevó a la Iglesia a darle al proyecto fue la encíclica Laudato Si (Alabado Seas) sobre el cambio climático que el papa Francisco divulgó en 2015.
Guillermo Navarro, coordinador de Cáritas, una organización humanitaria de la Iglesia católica que también impulsó la ley, le dice a BBC Mundo que la Iglesia asumió "un rol más activo a partir del llamado del Papa".
"En la encíclica es muy duro con las empresas mineras y habla de que el agua es un derecho humano fundamental", señala Navarro
"A fines de 2016 la Iglesia toma una posición importante, eso da un empujón más políticamente y juega un papel muy fundamental en el esfuerzo de concientización", explica en diálogo con BBC Mundo Bernardo Belloso, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería y presidente de la Asociación para el desarrollo de El Salvador, conocida como Cripdes.
Su organización presentó en 2006 un proyecto de ley para prohibir la minería y afirma que la aprobación "surge de todo este esfuerzo que hemos llevado adelante desde hace más 10 años".
Belloso recuerda a los cinco líderes comunitarios que se oponían a un proyecto minero en el departamento de Cabañas y fueron asesinados en 2009, una situación que fue mencionada en la Asamblea Legislativa el miércoles. "Esta ley está bañada con sangre", afirmó el diputado Guillermo Mata.
En la zona norte de El Salvador se han encontrado hasta 29 áreas donde se podría desarrollar la explotación de minas de oro y plata, y en las que empresas internacionales han demostrado interés.
Pero el país lleva años siendo reticente a la presencia de mineras. En 2008 el gobierno determinó que no daría permisos de extracción sin un estudio de impacto ambiental y sin la existencia de una normativa para regular la industria.
Fue entonces que la minera Pacific Rim Cayman, actualmente propiedad de la australiana-canadiense OceanaGold Corporation, que desde 2002 tenía autorización para realizar exploraciones, demandó al Estado frente a una institución de arbitraje del Banco Mundial donde reclamó una compensación de US$250 millones por no otorgarle en 2009 un permiso de extracción.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) le dio la razón a El Salvador en octubre pasado y ordenó a la compañía pagarle US$8 millones al Estado por los costos del litigio.
El martes determinó que la firma debe también abonar los intereses de esa deuda.
Gallegos, el presidente de la Asamblea Nacional, admite que tras la aprobación de la ley "de seguro vendrán algunas demandas" pero que esperan "tener la chance de volver a ganar".
La legislación deja sin efecto todos los procesos iniciados para obtener permisos de exploración y explotación, y da un plazo a los mineros artesanales de pequeña escala a abandonar la actividad.
Para la organización Cáritas la principal preocupación pasa por la aplicación efectiva de la ley.
"Viene la parte más importante, tenemos que incidir en las estructuras del Estado, no hay institucionalidad fuerte para aplicarlas", comenta Navarro.
"Si hablamos de leyes, parecemos Suiza", agrega. "Las leyes son hermosas pero el gran problema de nuestro país es que las instituciones del Estado no asumen su rol".
El Salvador: Congreso vota proyecto contra la minería
EFE
La Asamblea Legislativa de El Salvador votará el jueves, durante la sesión plenaria ordinaria, una ley que prohíba todas las formas de explotación minera en el país centroamericano.
La ley, que debe ser aprobada por 43 de los 84 votos posibles, será sometida al pleno del Congreso tras ser discutida y aprobada por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Órgano Legislativo, que está integrada por diputados del oficialismo y de la oposición.
"Los 11 artículos de la ley fueron aprobados por unanimidad por los compañeros (diputados), por lo que la posibilidad que se apruebe el próximo jueves es una realidad", manifestó el parlamentario Guillermo Mata del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Entre las voces que se han pronunciado en el debate que puede poner punto final a las operaciones de mineras privadas como OceanaGold, se encuentra Carlos Padilla, gobernador de una importante provincia de Filipinas y quien dice que dicha trasnacional causó severos daños a los recursos naturales y a los indígenas de la zona. Él se encuentra en una serie de reuniones de alto nivel para mostrar el impacto de las operaciones mineras en su zona.
Mata destaca que la ley está fundamentada en la prohibición de toda actividad de exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos.
El ente rector de dicha normativa será el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía (MINEC) que será el responsable de la recuperación de regiones afectadas, agregó Mata.
El pasado 6 de marzo, la Iglesia católica, con esta propuesta, se unió al llamamiento de diversas organizaciones ambientales de El Salvador que en reiteradas ocasiones han pedido eliminar todas las formas de explotación minera en el país.
Según la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en América, después de Haití, con solo 3 % de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.
Un sondeo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) realizado en 2015 reveló que un 77 % de la población que vive en los municipios amenazados por la minería metálica exige al Gobierno de El Salvador tomar medidas inmediatas para prohibir dicha industria.
