Ergasto Riva*

El éxito del Programa Renovar de generación eléctrica a partir de energías renovables muestra que cuando los proyectos están bien estructurados hay una lluvia de inversiones privadas en infraestructura pública. Entre las Rondas 1 y 1.5 se logró que privados inviertan 4 mil millones de dólares para instalar más de 2400 MW de energía eólica y solar. Fue tal el logro que está prevista una Ronda 2 para los próximos meses.

El Estado debe garantizar que los argentinos dispongan de energía eléctrica, lo que no implica que se ponga a construir centrales. Cuando el Estado construye centrales, distrae recursos fiscales de sus magras arcas a inversiones que pueden hacer los privados; las obras tardan mucho en ponerse en servicio y también suelen ser fuentes de corrupción. Recordemos los casos de Yacyretá o de Atucha II (esta última empezó a construirse antes de la guerra de Malvinas y recién generó electricidad hace dos años).

El pliego de licitación del Programa Renovar establece qué debe hacer el Estado y qué deben hacer los privados para que la Argentina cuente con electricidad a partir de fuentes renovables. El Estado ya no paga por certificados de obra sino por energía producida. El Estado paga por el resultado: la electricidad. Los privados son los que se tienen que encargar de hacer todo lo necesario para poder proveer el servicio. Porque recién empezarán a recuperar la inversión cuando el Estado les pague por cada MW/h generado.

Como la reputación de la Argentina todavía genera desconfianza entre los inversores, el pliego establece que el pago de cada MW/h producido está garantizado por el Banco Mundial en caso de que no lo haga el Estado argentino. De esta forma los privados se aseguran que si producen electricidad la cobrarán y recuperarán su inversión.

Esta garantía del Banco Mundial baja la tasa de retorno requerida por los inversores y por ende el precio al cual están dispuestos a vender la energía producida.

Este modelo de inversión privada en infraestructura pública también es trasladable a la construcción de autopistas. Si a las autopistas las vemos no como obras sino como proveedoras de un servicio, en este caso vial, podemos aplicar para las mismas el modelo utilizado para la inversión en energías renovables.

El Proyecto de la Red Federal de Autopistas (una versión aggiornada del Plan Laura) de la Fundación Metas Siglo XXI tiene la misma lógica que el Programa Renovar pero para la construcción de 13.000 kilómetros de autopistas en todo el país. La inversión en la construcción de autopistas es privada y el repago de esta inversión se hace mediante una tasa de 13 centavos de peso por cada 1000 kilómetros de autopista que se aplicará a cada litro de nafta o gasoil una vez que la obra esté terminada. Estos 13 centavos incluyen el mantenimiento por 30 años. El proyecto también contempla que el BID o el Banco Mundial sea el garante del pago a los inversores ante cualquier caso de incumplimiento por parte del Estado.

De esta forma el Estado proveería de un servicio vial de calidad a lo largo y ancho de todo el país evitando erogar más de US$20.000 millones que bien podrían destinarse al mejoramiento del resto de las rutas nacionales que no están alcanzadas por este plan.

El Proyecto de la Red Federal de Autopistas podría potenciar la buena gestión de Javier Iguacel en Vialidad Nacional. La transformación de rutas en autopistas podría ser hecha con inversión privada y repagada por los automotoristas que consumen combustibles. La mejora y mantenimiento de los miles de kilómetros de rutas nacionales, no alcanzados en este plan pero que también son imprescindibles, a través de las partidas presupuestarias con las que ya cuenta Vialidad.

La construcción de una red de autopistas más la mejora de las rutas nacionales, además de mejorar la competitividad estructural del país, generaría decenas de miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, genuinos a lo largo de todo el territorio nacional.

El Estado apalanca sus funciones cuando hace inversión con fondos propios y fundamentalmente cuando crea las condiciones para que la inversión en bienes públicos sea hecha con fondos privados.

*Profesor e investigador de la UBA