Luego de 43 días, y tras dejar pérdidas estimadas en unos 700 millones de dólares, este jueves terminó la huelga en la Minera Escondida.
La decisión fue confirmada por el Sindicato N°1 después de que, más temprano, la firma diera por finalizado -"luego de sucesivos intentos por llegar a un acuerdo"- el proceso de negociación colectiva con sus trabajadores.
La mayor productora de cobre del mundo había advertido que mantenía la "oferta de cierre" que dio a conocer la semana pasada, que incluía un bono de término de conflicto de 11,5 millones de pesos (frente a los 25 millones exigidos por los huelguistas), un reajuste de sueldos mediante IPC y una duración del nuevo contrato colectivo por 42 meses. Agregaba que esta oferta "tiene como plazo de vigencia el próximo martes 28 de marzo, y posterior a esta fecha será retirada".
El Sindicato se reunió este mediodía en su sede, en Antofagasta, para analizar la situación y, precisamente, decidió acogerse al citado artículo, prorrogando por 18 meses la validez del contrato colectivo recientemente vencido.
La resolución se oficializó en una conferencia de prensa en dicha ciudad, donde se confirmó que a las 08:00 de la mañana del sábado entrará a trabajar el primer turno, con lo que comenzará el proceso de normalización de los 2.500 mineros movilizados.
Con esta solución no habrá bono de término de conflicto ni reajuste en las remuneraciones. Aquello deberá esperar hasta una nueva negociación, en un año y medio.
El retorno a la faena se da luego de que la minera -operada por BHP Billiton- fracasara en su intento de llegar a un acuerdo con el sindicato, organización que optó por forzar una extensión de 18 meses del contrato colectivo que había vencido, en una inédita medida en esta industria. Esto, pese a que con esto no recibirán bono por término de negociación (BTN) ni reajuste salarial.
Sin embargo, con su acción, el sindicato se asegura que, cuando retomen las negociaciones el próximo año, mantendrán como piso el contrato colectivo que se extenderá. "Aquí se hace una extensión del contrato vigente, no vamos a perder nada. La pérdida que se dice de un mes y medio no es pérdida, para nosotros es una inversión porque es una apuesta a futuro que no tiene precio, que no tiene que ver con $8, $11 o $25 millones, es la estabilidad laboral de por vida", señaló el vocero de los trabajadores, Carlos Allendes.
La reforma laboral, que entra en régimen desde el 1 de abril, explicita en su articulado esta facultad unilateral de los sindicatos para poner fin a la negociación y mantener el piso obtenido en el proceso anterior. Lo anterior, estará contenido en el artículo 342 del Código del Trabajo, comentó el abogado laboral Luis Lizama.
De este modo, esta figura podrá seguir siendo usada en las negociaciones que vienen en la minería este año, según explicó el abogado experto, Cristián Aguayo.
Según el sindicato, el contrato extendido de manera forzada, tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2018. La negociación se debe iniciar 45 a 60 días antes de esa fecha, es decir, los primeros días de junio de 2018.
Esta posición no es compartida por todos, dependiendo si los 18 meses se cuentan desde febrero o el sábado. Aguayo cree que la fecha debería ser en septiembre, aunque Lizama coincidió con el análisis del sindicato.
El presidente de Escondida, Marcelo Castillo, se adelantó en la mañana de ayer a la decisión de los trabajadores y señaló respecto de posibles consecuencias: "no teníamos contemplado tener una negociación en 18 meses más. Todo esto nos obliga a revisar nuestro plan, modelo operativo y estructura que nos permitan darle viabilidad a nuestro negocio minero".
Por esto, la empresa estudiaría reducir su planilla y rehacer las proyecciones de producción, considerando los retrasos en los proyectos de inversión.
Ante esto, el vocero del sindicato respondió: "si intentan amenazarnos con ese tipo información es problema de ellos, si quieren gastarse otros mil millones de dólares no tenemos ningún problema, nosotros estamos acá para hacerlos gastar mil millones de dólares más, pero con nosotros no se juega".
El paro habría mermado en casi US$ 890 millones los ingresos de la minera, mientras que la disminución en su producción se estimó en más de 150 mil toneladas.
El presidente de Sonami, Diego Hernández, afirmó que con la huelga, "los resultados de este proceso son malos para todos: para la empresa que no ha podido producir (...) para los trabajadores que, después de este extenso movimiento, retornan al trabajo sin ingresos, ni bono, ni reajuste".
US$ 890 millones serían los ingresos no percibidos por la huelga.
150 mil toneladas habría dejado de producir la faena.
2.507 son los socios que tiene el sindicato N° 1.
Contadas veces los sindicatos han hecho uso del artículo 369 de la ley del trabajo que permite extender un contrato colectivo vencido unos 18 meses, sin los beneficios monetarios.
En concreto, dicha normativa permite que a través de una notificación por parte de la comisión negociadora, se origine un nuevo contrato colectivo de trabajo, con iguales estipulaciones a las contenidas en el contrato anterior, salvo las excepciones que señala la ley, esto es, las cláusulas de reajustabilidad de las remuneraciones como de los demás beneficios pactados en dinero.
En el retail y la banca existen casos en que se han sometido al 369; en la minería sin embargo, este mecanismo es inédito. Algunos ejemplos recientes que se conocen son: el sindicato de trabajadores de DirecTV en la negociación colectiva de 2016, que también optaron con negociar con la nueva ley laboral que comienza a regir en abril y que pone como base de negociación el contrato colectivo pasado; a lo que se suma que el sindicato de 35 trabajadores de Textiles Flores en 2015. En 2014, en tanto, los trabajadores de Scotiabank y farmacias Knox también recurriendo a dicho artículo porque la propuesta realizada por la empresa no satisfacía las demandas sindicales.
Enormes perjuicios para el mundo contratista tuvo la paralización de Escondida. El presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), Pascual Veiga, cifró en medio millón de personas los afectados por la movilización y aseguró que esta llevó a muchas pymes del rubro a estar al borde de la quiebra.
Si bien destacó que la huelga es legal, criticó la inacción de las autoridades durante toda la paralización, pues afirmó que estas no reaccionaron ante los cortes de caminos. Esto impidió a empresas contratistas acceder a las faenas. "Estamos extremadamente preocupados por la falta de Estado de Derecho. Como proveedores exigimos que se cumpla", sostuvo.
"La gente involucrada específicamente en la huelga tuvo una posición, como se dice, de mirarse el ombligo, y no se dio cuenta del enorme perjuicio y tremendo impacto que tiene en todas las empresas que prestan servicios y en toda la comunidad en general", agregó.
Estimó que la movilización impactó a entre 120 mil y 130 mil trabajadores del mundo contratista, lo que sumado a otras empresas ligadas a Escondida, afectó a 500 mil personas, incluyendo sus núcleos familiares. Añadió que "dentro del encadenamiento productivo de Escondida, las compañías de Aprimin son proveedoras del primer escalón, pero nosotros también tenemos terceros. Los que son pymes o pequeñas empresas han despedido gente, y algunas de ellas están en serio riesgo de quebrar".
