El ente investigador realiza averiguaciones sobre el financiamiento de grupos al margen de la ley por medio de la extracción de oro de manera ilícita. El daño ambiental ha perjudicado varios ríos en Chocó, Cauca, Bolívar, Nariño y Antioquia.
En la Fiscalía General se vienen adelantando diez procesos por minería ilegal desde hace varios meses. Las averiguaciones que adelanta el ente investigador se realizan en torno a la relación de empresas, multinacionales, minas ilegales, bandas criminales, guerrillas y algunas instituciones del Estado con relación a la explotación aurífera. La institución encabezada por Néstor Humberto Martínez ha podido establecer que una de las mayores fuentes de financiación de las guerrillas y las bandas criminales es la minería ilegal de oro y la comercialización del mismo. Estas actividades ilícitas, que en la actualidad ejercen en Cauca, Nariño, Chocó, Bolívar y Antioquia, les generan más ingresos que el narcotráfico.
Los investigadores de la Fiscalía indagan sobre el aumento de las exportaciones de empresas y comercializadoras de oro. El ente investigador logró establecer que desde 2012 se dispararon estos movimientos hacia el extranjero y del cual se presume como una jugada para blanquear el oro proveniente de la extracción ilegal del metal precioso. Las empresas a las que se les abrió indagaciones preliminares son Goldex, Escobar, Giraldo & Duque Ltda, Metales y Derivados S.A, C.I. IGSA, C.I. J. Gutiérrez y Cia S.A, y Mineros S.A. la Fiscalía pretende determinar que la actividad minera ilegal se hacía con el total conocimiento y complicidad de las gobernaciones, alcaldías y la Policía.
Frente a las comercializadoras de oro, en 2015 el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, le solicitó al entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, resultados en la investigación en contra de empresas exportadoras de oro por un presunto lavado de activos. El congresista pidió que se investigara a fondo la Comercializadora Internacional Giraldo y Duque, la mayor empresa de oro en Cali. El oro captado por esta empresa, presuntamente, estaría asociado a la minería ilegal en los ríos del norte del Cauca. Aparentemente, los propietarios de los terrenos en donde se ejerce minería ilegal tendrían nexos con grupos armados al margen de la ley.
En noviembre de 2015 El Espectador publicó el artículo “Magnates del oro versus pequeños mineros”, en el que el periodista Edinson Bolaños relata cómo funcionan las empresas Cia S.A y Giraldo & Duque en Buenos Aires (Cauca), hoy en la mira de la Fiscalía. Las dos organizaciones son dirigidas por los hermanos Alexander y Mauricio Duque de Chinchiná, (Caldas); y los Giraldo, de La Virginia, (Risaralda).
La Fiscalía también identificó la presencia de ciudadanos brasileros en las minas ilegales. Según el ente investigador, ciudadanos del país vecino ingresaron ilegalmente a Colombia para contraer matrimonio, asentarse en territorio nacional y dedicarse a la extracción ilícita de oro. Los mineros ilegales captan todo el producto proveniente del exterior y de la minería ilegal del país, consiguen mineros falsos artesanales, van a las alcaldías a conseguirles certificaciones a los mineros y lavan el oro, el cual es vendido a grandes casa joyeras, platerías o es exportado.
Según un informe de la Contraloría, si el oro ilegal se formalizara, la Nación recibiría anualmente más de US$2000 millones. Con el ingreso de estos dineros el sector se convertiría en uno de los grandes generadores de divisas. Sin embargo, el 85% de la minería es ilegal, esos recursos terminan esfumándose. La revista Dinero reveló en 2010 un informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Washington y de la Embajada de Estados Unidos en Colombia en el que se demuestra que municipios – en su mayoría afectados por el conflicto armado- prestan sus administraciones locales para lavar recursos de las mafias, guerrillas y autodefensas postdesmovilización.
En el informe aparecen nombres de agentes comerciales que, con recursos de grupos ilegales, compraron oro en Panamá y Venezuela, lo trajeron a Colombia, y lo sumaron a la producción de algunas poblaciones y luego lo exportaron. Esta versión coincide con lo que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró en su momento: el oro que compraban los enlaces de los paramilitares en el exterior era fundido y distribuido en pequeñas cantidades entre numerosas personas. Además, lo vendían a fundiciones que expedían certificados de exportación o a un “ejercito de alcaldes” al servicio de la minería ilegal.
La Contraloría General reportó que en Chocó hay más de 30 ríos contaminados por la minería ilegal de oro. El ente contralor también identificó 20 en Cauca y otros 18 en Antioquia. En el caso particular del departamento caucano aparecen afectados los ríos San Bingo, Esmita, Timbio, Patía, Quinamayó, Palo y Timbiquí. El San Bingo, en el municipio de Mercaderes, se encontraron afectaciones a lo largo de 10 kilómetros. Existe desviaciones del cauce en 3 tramos y excavaciones en el lecho del rio de más de 5 metros.
En el Rio Quito, en Chocó, en febrero de este año la Fiscalía capturó a 12 personas y destruyó 20 ‘megadragas’ y 2 retroexcavadoras que arrastran todo el lecho del rio, un daño irreparable para el ecosistema. Además, se encontró que vertían mercurio y cianuro, tóxicos que son consumidos por los peces, fuente de alimento para la población. En marzo de este año, en el Sur de Bolívar, la Fiscalía halló 5 retroexcavadoras, y 22 dragas que estaban operando en una mina ilegal del municipio de San Pablo. Por estos hechos el ente acusador capturó al administrador de la mina, el dueño de las máquinas y el operador de las mismas.
La pregunta de los investigadores es ¿quién está financiando estas operaciones y la maquinaria?, pues cada retroexcavadora cuesta 800 millones de pesos y cada draga 300 millones. Además, la Fiscalía tiene pruebas de que el oro se mueve por el territorio nacional escondido en materiales de construcción y además se pagan millonarios sobornos para pasar el oro y las poderosas maquinas por los retenes de la Policía y el Ejército sin que su material sea incautado o los implicados capturados.
La misma Contraloría señaló que la Policía reportó un número elevado de operativos y retenes contra la minería ilegal que nunca se hicieron. Este año el ente investigador halló 64 kilos de oro de una firma comercializadora que viajaba por carretera en un camión en Buriticá (Antioquia). Al realizar la detención los responsables del cargamento aseguraron que el oro provenía de chatarra, pero al revisar las facturas del producto los agentes del CTI se dieron cuenta que los documentos no eran legítimos y que, además, estaban firmados por personas ya fallecidas.
Otro ejemplo de las maniobras que se realizan para mover el oro en Colombia, sucedido en Puerto Leguizamo (Putumayo). El alcalde de ese municipio, Juan Carlos Paya, firmó una resolución para permitir el dragado del río Putumayo y para que se transportara maquinaria que pudiera extraer el oro. Además, dio la orden de que los vehículos donde se transportaban las maquinas no fueran interceptados. A cambio de emitir el acto administrativo, Paya habría recibido $25 millones de una banda criminal de la región.
En enero de este año en Giraldo (Antioquia) la Fiscalía incautó 2700 kilos de explosivos de Indumil, que almacenes y comercializadoras vendieron a una mina autorizada y terminaron siendo utilizada en una mina que estaba bajo control de una organización al margen de la ley. También se pudo establecer que los encargados del desvío de los explosivos borraban todo rastro del producto para que las autoridades no puedan determinar el destino del cargamento.
Siempre que la minería ilegal se refuerza en una región, el orden público y otras actividades ilícitas se ven acrecentadas. Por ejemplo, en las montañas de Buriticá (Antioquia) hombres armados de seguridad de la firma Continental Gold, se enfrentaron con trabajadores de las minas aledañas y por el oro. Por estos hechos La Fiscalía le sigue los pasos a Eduardo Otoya Rojas, ex vicepresidente corporativo de Continental Gold en Buriticá y presidente de la empresa Frontino Gold Mines. El empresario es investigado por minería ilegal y por presuntamente tener nexos con el Clan Úsuga y la Oficina de Envigado. Alrededor de la minería ilegal la Fiscalía además ha encontrado indicios de otras actividades al margen de la ley: venta de drogas, prostitución infantil y asesinatos.
Como último frente de investigación, la Fiscalía adelanta pesquisas en contra de la multinacional minera Anglogold Ashanti. Según denuncias de la comunidad emberá katios del alto Andagueda en Chocó, la minera sudafricana ingresó a sus resguardos. El ente investigador también hace averiguaciones por la presunta explotación de una mina en Santander de Quilichao en las veredas del Palmar, San Vicente y Santa Rita. El Observatorio de Territorios Étnicos cuestiona la existencia de la consulta para el otorgamiento del título y denuncia la presencia de mineros ilegales en la zona.
La tercera denuncia, y quizás la más grave, se presenta en los municipios de Yolombó, San Roque y Caracolí (Antioquia), en donde se investigan negocios jurídicos realizados entre personas señaladas de pertenecer a grupos paramilitares, narcotraficantes y despojadores de tierras con la empresa AngloGold Ashanti. La investigación coincide con las denuncias presentadas por defensores de derechos humanos sobre amenazas de muerte realizadas supuestamente por bandas criminales en Antioquia y el norte del Cauca, a raíz de las protestas en contra de la minería ilegal.
