La nueva ley laboral y la extensión del conflicto son temas en la mira de las mineras. La Sonami alerta por impactos en la duración del contrato colectivo. Antofagasta Minerals pactó sus servicios mínimos en Zaldívar y Codelco prepara capacitación para abordar este tema con la Dirección del Trabajo.
Los 40 días que hoy cumple el conflicto entre Minera Escondida y el Sindicato N° 1, que agrupa a 2.500 trabajadores de la mayor faena de cobre privada del mundo, tiene expectante a la industria minera. Pero no sólo por la extensión del conflicto, sino también porque Escondida será el último proceso de negociación colectiva que se realizará baja la antigua normativa laboral.
Pero si la huelga legal se extiende más allá del 1 de abril, el nuevo contrato colectivo de la minera tendría que regirse por los parámetros de la nueva ley laboral, norma que ha sido fuertemente criticada por la minería privada y que también preocupa a la estatal Codelco.
Para la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), uno de los principales aspectos que preocupa es la extensión del contrato colectivo. Hasta ahora, la comisión negociadora de la minera operada por BHP Billiton y que preside Marcos Lagos, está apuntando a cerrar un contrato colectivo a cuatro años, para lo que se considera la entrega de un bono -propuesta inicial de la compañía- de $ 11,5 millones. Sin embargo, la nueva norma establece un plazo máximo de tres años y mínimo de dos para los contratos colectivos. “Con la reforma laboral, los contratos colectivos no podrán extender los tres años de duración, situación que no se da en minería, donde, en general, los contratos colectivos son a cuatro años”, señala el presidente del gremio y ex presidente ejecutivo de BHP Billiton, Diego Hernández.
“Por eso, a Escondida le convendría cerrar el conflicto antes de abril, porque después tendrá menos flexibilidad para negociar”, indica Hernández.
Recalca que “los mayores bonos que se han visto en la minería chilena han sido otorgados bajo la modalidad de contratos a 48 meses”, por lo que bajo la nueva normativa también se producirá un impacto a la baja de estos beneficios, que en la minería han sido millonarios.
Para este proceso colectivo, los trabajadores de la minera privada solicitaron inicialmente un bono de $ 25 millones, el más alto que se haya solicitado en la industria nacional. “Ahora, los bonos no solo serán menores por las circunstancias que está viviendo la industria minera, sino que también por la extensión que tendrán los nuevos contratos. Por este concepto habrá una rebaja de 25% en los bonos mineros”, señala Hernández.
Pero no sólo este punto preocupa al sector. También la definición de los servicios mínimos, concepto que la nueva norma laboral incorpora como obligatorio para que las operaciones mantengan aquellos servicios que son esenciales y que evitan que se produzca un caos administrativo o daño ambiental, entre otros temas. La norma establece que 180 días antes del inicio del proceso de negociación colectiva las partes -empresa y sindicato- deben informar a la Dirección del Trabajo (DT) cuáles serán sus servicios mínimos.
En Escondida, pese a no estar bajo el alero de la nueva norma, se pactó, con la ayuda de la DT que 80 personas eran las necesarias para mantener las operaciones esenciales de la faena ubicada en pleno Desierto de Atacama. Sin embargo, la totalidad de los trabajadores no pudieron ingresar a la faena debido a la toma de la ruta por parte de los huelguistas.
Este punto causó que las mineras decidieran adelantar los procesos de negociación con sus sindicatos, para establecer los servicios mínimos. Una de las más avanzadas en este proceso es Zaldívar, de Antofagasta Minerals y Barrick. Esto, porque en agosto, la minera de grupo Luksic tendrá que renovar el contrato colectivo de cerca de 700 trabajadores del rol B.
Codelco también está trabajando para avanzar en este punto. En enero, el vicepresidente de Recursos Humanos de la estatal, Daniel Sierra, se reunió con el director del Trabajo, Christian Melis, para pedir capacitación para enfrentar las futuras negociaciones colectivas bajo la nueva ley.
La empresa está diseñando una propuesta para establecer con la DT una jornada de capacitación, cuenta Melis. “Estamos en proceso de planificar las capacitaciones con Codelco”, señala.
La estatal está tranquila y enfatiza que este año no enfrentarán procesos colectivos que involucren un alto número de trabajadores. “De todas formas, la capacidad de diálogo y disposición que han demostrado los trabajadores nos permiten prever que los próximos procesos se desarrollarán de manera fluida y colaborativa”, señala Daniel Sierra.
Encuesta Cadem evaluó la percepción de los chilenos frente al paro en la faena minera. El 45% cree que se debe retomar la negociación mientras se trabaja, y 75% que gobierno debe intervenir.
El 48% de los chilenos respalda la huelga en Minera Escondida -versus el 30% que no apoya la medida-, mientras que el 80% advierte que tendrá efectos en la economía. Esas son algunas conclusiones de la reciente encuesta Cadem Plaza Pública, que analizó la percepción que tiene la sociedad respecto del paro en las faenas mineras, que hoy cumple 40 días.
Según el sondeo realizado entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, la paralización de actividades de Escondida es conocida por el 74% de los chilenos, algo que para Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones Cadem, muestra que “es un caso de alto impacto público, que ha generado alto interés. Para dar un ejemplo, la última cuenta pública de la Presidenta Bachelet no llegó al 50%”.
Destaca que “el dato más relevante es que hay segmentos de la opinión pública que se dividen: los que están de acuerdo con la huelga, que no es mayoritario para ser un movimiento social, de trabajadores; y el 30% de rechazo, que tampoco es tan alto”.
Por esto, a su juicio, es novedosa la visión sobre el camino para la solución. Frente a la pregunta de qué es lo que debería ocurrir para que se termine la huelga, el 45% cree que es necesario que los trabajadores vuelvan a trabajar y se reanuden las negociaciones de la empresa.
“Es el punto razonable: que ojalá los trabajadores puedan tener la mejor solución posible en cuanto a sus bonos, a sus beneficios, pero que al mismo tiempo se pueda volver al trabajo, cosa que la empresa siga funcionando y la empresa no tenga impacto sobre la economía y sobre los resultados de la minera. Hay dos polos marcados, pero hay una gran mayoría que está por el trabajo con diálogo”.
Sin embargo, el 75% piensa que si la huelga se mantiene, el gobierno debería intervenir en la búsqueda de un acuerdo y casi el 80% de los chilenos cree que esta situación afectará la economía del país: 63% cree que mucho o bastante y 16%, algo.
Aún falta por avanzar. El sindicato realizó ayer en la noche asambleas en el campamento y esta mañana en Antofagasta, para que los trabajadores determinen si se rechaza la oferta entregada por la empresa este viernes y si acuden a la reunión que esta citó para la tarde.
La encuesta se realizó a 719 personas vía telefónica y presencial en más de 70 comunas urbanas con más de 50 mil personas. Su margen de error es de +/- 3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza.
