Alberto Salas acusó “que habiendo cumplido todos los requisitos técnicos que se le solicitan a un proyecto para poder ser evaluado, haya sido rechazado por una visión política”.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alberto Salas, calificó como el rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo al proyecto minero-portuario Dominga en la comuna de La Higuera.
“Este es un proyecto en una zona del país que necesita de más inversión para crecer en que hay necesidad de más fuentes de trabajo, que se demanda con este proyecto innumerables otras actividades de demanda de bienes y servicios”, estimó Salas.
El líder empresarial acusó “que habiendo cumplido todos los requisitos técnicos que se le solicitan a un proyecto para poder ser evaluado, haya sido rechazado por una visión política. Eso genera incertidumbre, eso genera la verdad una preocupación enorme a los inversionistas”.
Rechazado recientemente por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, desde que comenzó a gestarse en 2009, el proyecto minero Dominga ha generado resistencia en la zona en la que se ubicará debido al impacto ambiental que podría provocar. Pero no sólo ha tenido que enfrentarse a este conflicto. Recientemente ha estado en la mira por la participación del ex Presidente Sebastián Piñera en su gestión, hecho que está siendo investigado.
De esta manera, el proyecto impulsado por la empresa Andes Iron -ligada a las familias Délano Méndez (75%), Garcés Silva (14%) y ejecutivos de la compañía (11%)- sufrió un duro revés tras más de tres años y medio de evaluación ambiental, cuatro rondas de consultas y un informe favorable del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo, que recomendaba aprobar la iniciativa.
El proyecto de hierro ligado a la familia Délano vivió varios hitos durante su largo proceso ambiental, que contó con el visto bueno del Servicio de Evaluación. Sin embargo, esto no fue suficiente para que finalmente lograra su aprobación.
Un largo camino recorrió el proyecto de hierro Dominga, ligado a la familia Délano y Garcés, para llegar hasta la última instancia que le permitiera alcanzar una resolución de impacto ambiental (RCA); situación que no fue posible ya que tras una votación dividida por parte de la comisión de evaluación de la Región de Coquimbo, el intendente tuvo la última palabra la cual fue contraria a la iniciativa, impidiéndole obtener el permiso que le permitiera iniciar su construcción.
Pero más allá de la dificultad final, el proceso de evaluación completo de la iniciativa fue complejo. Dominga fue presentado al entonces Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en septiembre de 2013, para llegar a última instancia la semana pasada.
Durante todo su proceso, el titular del desarrollo Andes Iron desembolsó US$26 millones en informes, al tiempo que la administración estableció vínculos con la comunidad y comprometió un fondo con el fin de alcanzar llegar al ideal de una “minería sustentable” una vez que el proyecto de US$2.000 millones estuviera en operación.
Uno de los hitos que vivió el proceso fue un cambio normativo. Si bien, en diciembre de 2013 entró en vigencia el nuevo reglamento del SEIA que pone ciertos límites, se precisó que aquellos que habían ingresado con anterioridad se seguirían tramitando con la normativa anterior que no establecía un número máximo de Informes Consolidados de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA) a elaborar, ni de Adendas. En el caso de Dominga se presentaron cuatro Adendas.
Considerando ello, y que el proceso se extendió por 42 meses- unos tres años y medio-, la evaluación de Dominga contó con tres procesos de participación ciudadana, dos de ellos por modificación sustantiva en Adendas 1 y 3, ejecutando en total 24 actividades de participación ciudadana con la asistencia de al menos 730 personas.
Como resultado de eso, se recibieron 1.231 observaciones ciudadanas admisibles: 345 al Estudio de Impacto Ambiental, 34 observaciones al Adenda N° 1, y 852 observaciones al Adenda N° 3, sintetizan desde el Sistema de Evaluación Ambiental.
Es más, y considerando la envergadura, durante la tramitación del proceso se contó con la participación de los órganos de la administración del estado con competencia ambiental, que en este caso correspondieron a 27 servicios. Si bien, la iniciativa finalmente fue rechazada, la autoridad aplaude el proceso que se siguió.
Desde el SEA comentan a través de una publicación, que “es importante destacar el trabajo riguroso y colaborativo del equipo que participó en la evaluación de este proyecto, la que requirió del máximo esfuerzo del equipo de la Dirección Regional de Coquimbo, y que contó con el soporte a nivel nacional del SEA”.
Lo anterior es confirmado por expertos. “El proceso fue bastante bueno en el sentido de que profundizó la manera en que se presentaron las observaciones. Todo lo que se tenía que discutir se hizo perfecto. Todo lo que duró el proceso fue inteligente”, comentó Enrique Oyarzún, experto en derecho ambiental y recursos naturales, y socio de Moraga y Cía.
Todos estos pasos derivaron en el Consolidado de la Evaluación de Impacto Ambiental (ICE), donde el SEA de la IV Región de Coquimbo dio plazo hasta el 3 de marzo para que los respectivos servicios visaran dicho informe, pudiendo aceptar el ICE o presentar observaciones.
El resultado fue disímil. Mientras servicios como Desarrollo Social, Agricultura y Salud presentaron datos adicionales, parte importante de los seremis como Energía, Transporte y Telecomunicaciones, Minería, Vivienda, Economía y Medio Ambiente aseguraron que no tenían ningún reparo. A algunos tal definición se le olvido a la hora de votar (ver nota secundaria).
Concluido ese proceso, se dio paso a la votación de la Comisión de Evaluación, presidida por el intendente, y en la que participan los seremis que formaron parte de la evaluación, además del director del SEA.
El proceso se dio en medio de una gran expectación, y desde la intendencia incluso facilitaron un link para poder observar la votación en vivo.
Por cerca de tres horas, los titulares de la iniciativa expusieron sobre el proyecto así como sobre el proceso de evaluación. A esto le siguió un tiempo para que la comunidad expusiera su punto de vista. En esta etapa las visiones fueron variadas: mientras que algunos de los ciudadanos pedían la aprobación de Dominga por su impacto económico en la región, otros apuntaron a los eventuales efectos negativos que generaría ambientalmente.
Tras esto, fue el momento de la votación, la cual fue abierta por el Servicio de Evaluación Ambiental, que aprobó el proyecto, pero con condiciones. Le siguió el seremi de desarrollo social, transporte y telecomunicaciones y salud, y el intendente, que se pronunciaron en contra. Los seremis de minería, economía y vivienda se expresaron favor.
Como consecuencia del empate, fue turno de la máxima autoridad regional en dirimir, espacio que hizo en concordancia de su voto inicial. El resultado: se rechazó el proyecto.
Tras el revés, las reacciones no tardaron en aparecer. Iván Garrido, presidente ejecutivo de la empresa minera Andes Iron, anticipaba que recurrirían al Comité de Ministros para revertir la decisión, al tiempo que los gremios calificaban de lamentable la votación, anticipando se estaba haciendo un daño a la institucionalidad ambiental.
Desde el mundo político, particularmente desde la DC y Avanza Chile- acusaron de intervencionismo por parte de la Moneda. Ayer el ministro del Interior, Mariano Fernández, sostuvo que no podía referirse a ello, porque l EIA aún está en tramitación.
En tanto, senadores como Guido Girardi, celebraron el anuncio. A su juicio, se había privilegiado el futuro ambiental.
Dominga, que espera iniciar su construcción en 2017, no entrará en un buen momento para el mercado, que ha visto caer el precio del hierro sobre 50% en los últimos tres años. Sin embargo, desde la administración no están preocupados ya que la calidad del mineral les permite tener un premio en relación con sus competidores, al ser magnetita y menores impurezas.
La iniciativa es el primer proyecto en la región en usar 100% de agua de mar para sus operaciones y proyecta una inversión de US$2.000 millones; cifra ajustada por la baja de boom minero, ya que en un principio proyectaba unos US$500 millones más.
Una vez que opera a su máxima capacidad, producirá unos 12 millones de toneladas al año y 150 mil toneladas de concentrado de cobre.
