La idea es aggiornar la norma actual con el apoyo de empresas y sindicatos. Apunta a favorecer a los sectores fabriles más golpeados por importaciones y la caída de la actividad
Con el propósito de comenzar a reactivar la producción en sectores industriales claves, golpeados por el aumento de las importaciones y la caída del consumo interno, el Gobierno prevé consensuar con representantes empresarios y gremiales un nuevo proyecto de ley de "compre argentino", destinado a que los distintos organismos del Estado prioricen la adquisición de productos de fabricación local en lugar de bienes importados.
La apuesta oficial es que la iniciativa, que pretende enviar al Congreso en un plazo de 60 días, permita recomponer la producción de actividades como la industria metalúrgica, textil, del calzado y las fábricas de cerámicas, que en los últimos meses acumularon más de 17.000 despidos y 25.000 suspensiones de trabajadores por efecto de la contracción del mercado interno y el incremento de importaciones.
En el Ejecutivo aspiran a consensuar con las empresas y gremios de esas actividades los lineamientos del futuro proyecto, para lo cual desde la próxima semana se pondrá en marcha un ronda de diálogo tripartito por sectores.
"La idea es trabajar hacia una ley más moderna para regular las compras de los organismos públicos priorizando la producción local", explicaron fuentes gubernamentales a este diario.
La propuesta de avanzar en la reformulación de la actual legislación sobre compre nacional fue esbozada por los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Producción, Francisco Cabrera, durante la serie de reuniones que mantuvieron ayer por separado con un grupo de gremios industriales.
Los encuentros, de los que también participaron los secretarios de Industria, Martín Etchegoyen; de Comercio, Miguel Brown; y de Trabajo, Ezequiel Sabor, incluyó al titular de la UOM, Antonio Caló; a su par del sindicato del calzado, Agustín Amicone; y a los secretarios generales de los gremios de textiles, Hugo Benítez; y de ceramistas, Domingo Moreira.
"Nos plantearon el tema. Pero al menos en la industria del calzado las compras del Estado son un nicho que no resuelve para nada la problemática del sector", le dijo Amicone a El Cronista al recordar que en el último semestre en la actividad se perdieron 4500 empleos.
Una posición similar desgranaron desde los otros gremios que participaron de la ronda de encuentros con los funcionarios y, si bien valoraron como "positivo e importante" el espacio de diálogo, advirtieron que el escenario de parálisis que atraviesa la producción industrial requiere de "medidas más urgentes que una ley", según razonó un dirigente sindical.
A su vez, Benítez, de textiles, indicó a este diario que frente a la situación del sector se impone la necesidad de "activar herramientas que permitan paliar y sostener los puestos de trabajo, como el caso de los Repro" y a la par "trabajar para reactivar el consumo interno", en referencia directa a los aumentos salariales en la próxima ronda de paritarias. Sobre ese mismo punto, Amicone reclamó a los funcionarios que el Ejecutivo disponga por decreto un aumento generalizado de salarios de $ 5000. "Eso permitiría mejorar el poder de compra de los trabajadores y restablecer el consumo", enfatizó el dirigente.
En tanto, Caló evaluó favorablemente el diálogo iniciado ayer con Triaca y Cabrera, pero rechazó en forma terminante que las negociaciones pueden modificar la adhesión de la UOM al paro general que la CGT anunciará mañana. "Si la CGT hace el paro, la UOM para", garantizó el líder del gremio metalúrgico.
Respecto al eje de las conversaciones de ayer con los sindicalistas, voceros oficiales indicaron que la "preocupación" central se concentró en el impacto de la caída del nivel de actividad y del consumo en la producción fabril. Y se planteó también el efecto del aumento de las importaciones en ese contexto.
No obstante, los funcionarios se mostraron expectantes con el resultado de una serie de factores en los próximos meses, entre los que mencionaron el arranque de la ronda central de paritarias, la contracción de la inflación, los planes de financiamiento al consumo de la banca pública y los nuevos beneficios del Procrear, además del incremento de jubilaciones y beneficios de programas sociales.
No obstante, los funcionarios se mostraron expectantes con el resultado de una serie de factores en los próximos meses, entre los que mencionaron el arranque de la ronda central de paritarias, la contracción de la inflación, los planes de financiamiento al consumo de la banca pública y los nuevos beneficios del Procrear, además del incremento de jubilaciones y beneficios de programas sociales.
ARMANDO CABRAL
Los cierres y suspensiones en la actividad fabril están llevando la tensión a un máximo entre los empresarios. Las ramas más expuestas a la competencia china afirman que hay un plan para transforman a los fabricantes en importadores. Y sospechan que la cúpula tiene un “pacto oculto” con el Gobierno.
La alarma se encendió en la UIA. Mientras su conducción mantiene un perfil bajo, una corriente de malestar empezó a extenderse entre los industriales por los crecientes casos de fábricas que cierran sus puertas y son ocupadas por sus operarios para evitar despidos masivos.
“Si empiezan a darse cuenta que la toma de plantas da resultados porque genera repercusión mediática, es preocupante“, dijo a iProfesional el extitular de la UIA, José de Menguren.
El industrial se quejó de que las autoridades de la entidad no convoquen a su junta directiva para tratar esa problemática. “No quieren enfrentarse a las bases“, señaló.
Los cierres y las medidas de fuerza ocurren en sectores golpeados por un combo de factores que impacta sobre la actividad, en algunos casos con bajas de hasta el 30%. Los empresarios destacan la caída del consumo, el aumento de las importaciones, la inflación y los tarifazos.
Desde el inicio del año, entre los casos más resonantes de empresas que bajaron sus persianas figuran Cerámicas San Lorenzo, la petrolera SP, la metalúrgica PMV y Minera Sierra Grande. Esta semana se sumó la química Atanor, que clausuró sus plantas de Baradero y Munro, y la textil Alpargatas, que hizo lo propio en Corrientes.
Por otra parte, fueron ocupadas en forma transitoria la electrónica Banghó, la metalúrgica Fumiscor y la plástica Mascardi, mientras que Textil Neuquén fue puesta a producir por sus empleadas, luego de encontrarse con la planta vacía al regresar de sus vacaciones.
En tanto, los petroleros tomaron el miércoles un yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, para reclamar por los despidos, luego de que YPFbajara en diciembre 33 equipos. La medida ocurrió tan solo tres semanas después que se firmara el acuerdo para reactivar la reserva de gas.
La situación tensó la interna en la central fabril, donde los empresariosmás afectados por la política económica reclaman que la cúpula reaccioney le exija al Gobierno un cambio de rumbo.
Se quejan del modelo de “apertura” que acompañarían los directivos de la UIA.
Las críticas apuntan contra el presidente, Adrián Kaufman Brea, el vice Luis Betnaza y Daniel Funes de Rioja.
Los hombres de Arcor, Techint y la cámara alimenticia (COPAL) pasaron a reflejar la mayor influencia de los gigantes en la UIA, tras la gestión de Héctor Méndez, que provenía del sector plástico y tenía más predicamento entre las pequeñas empresas.
“La UIA está en manos de grandes empresas, como Arcor y Techint, y ellos no quieren enfrentarse con el Gobierno, por eso no convocan a reuniones, pese al malestar que hay por el cierre de empresas”, afirmó a este medio un industrial de la entidad que prefirió el anonimato.
Desde principios de año, la cámara no llamó a la reunión semanal de junta directiva. Si bien la central entra en receso en verano, los industriales disidentes advierten que hay una “situación de emergencia” que amerita adelantar las sesiones previstas para marzo.
El último informe de la central fabril mostró una caída acumulada del 4,9%en 2016. Fue el peor año para la actividad desde el 2011 y representa un panorama alejado de los “brotes verdes” que empezó a detectar el Gobierno en los últimos meses.
Según los últimos datos disponibles del INDEC, al finalizar el mes de septiembre había 573.302 firmas activas, frente a las 578.449 registradasen diciembre de 2015. Así, en el tercer trimestre de 2016, se produjo el cierre de 5.147 empresas.
Los datos fríos contrastan con la imagen que intenta dar el Gobierno. En su gira por España, el equipo de Mauricio Macri aseguró que “la Argentina se normaliza” y se mostró acompañado por una nutrida delegación de empresarios y media docena de sindicalistas cercanos a Cambiemos.
Como parte de la comitiva, participó Funes de Rioja. El líder de la UIA abogó por un “perfil exportador” y el avance en “reformas de segunda generación“, que incluyen el capítulo impositivo, la logística, los costos laborales no salariales y el acceso a financiamiento.
Pero el Ejecutivo no solo se propuso atraer las demoradas inversiones extranjeras. También buscó mostrar un perfil hiperactivo, en momentos que la CGT prepara una protesta para el 7 de marzo en reclamo de una “rectificación” del rumbo económico.
“Ahora fueron a pedir a España que abran el libre comercio. Nosotros le vamos a vender granos, y ellos nos van a vender productos manufacturados“, se mostró molesto el triunviro massista, Héctor Daer.
Los gremios industriales definieron el jueves que marcharán el martes 7 de marzo a las 14 desde Avenida 9 de Julio y Belgrano hacia el Ministerio de Producción. Al igual que la cartera laboral, el área comandada por Francisco Cabrera se convirtió en el nuevo blanco de la central obrera.
Ese es otro de los temas que preocupa a los industriales. Incluso a aquellos que ven con buenos ojos la orientación pro exportadora de la central fabril y que achacan los problemas sectoriales a “la herencia”.
Desde esa óptica, la UIA debe acompañar al Gobierno en un escenario de crecientes reclamos. “Acá hay una lucha de poderes con la CGT y los sindicatos“, afirmó a iProfesional Gerardo Stedile, titular de la Unión Industrial de Córdoba.
El empresario señaló el caso de la industria láctea, donde sus pares preferirían el convenio de la Alimentación, como el que tiene Nestlé, en lugar del lechero, que les resulta un 30% “más caro” y su sindicato Atilra es visto como “combativo“.
Frente al endurecimiento de la central obrera, Stedile sostuvo que “hasta ahora el Gobierno lo ha llevado bien”. Pero planteó que el aumento de tarifas plantea una “incógnita” y reconoció que “muchas empresas esperan la reactivación”. “Si no inyectás dinero, nadie va a comprar”, señaló.
Una empresa emblemática en crisis es Sancor. En medio de los rumores de cierre, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, consideró días atrás que la empresa debe “dejarse ayudar” y encarar “un proceso de reestructuración“.
En ese sentido, el Ejecutivo relanzó en las últimas semanas su Plan de Transformación Productiva, que contempla un subsidio a los empleados despedidos por el cierre de empresas y, a la vez, otro para las firmas que contratan nuevos trabajadores.
Desde España, el ministro de Trabajo Jorge Triaca sostuvo que en enero secrearon 20.000 empleos. Y acusó a los gremios industriales de impulsarun “clima de conflictos“.
Explicó que los reclamos por la apertura de importaciones y el bono de fin de año “no son generalizados”.
Pero tanto las medidas como el diagnóstico oficial difieren del de ciertos sectores industriales.
La CGERA, que nuclea a las Pymes y se sumó a la protesta de la CGT, registró 2.000 despidos en marroquinería, 5.000 en calzado, 20.000 en textil y 20.000 en metalurgia. Para la CGT, fueron 400.000 los despidos en 2016.
En tanto, los propios informes de la UIA muestran una recesión motorizada por Brasil pero también por “la contracción del mercado interno, el aumento de los costos y, sobre todo, las elevadas tasas de interés en conjunto de una mayor presión importadora“.
Según los datos de la central fabril, la baja del año pasado fue traccionada por metales básicos (-15%), acero (-18%), minerales (-13%), construcción(-12,7%); automotriz (-10%); metalmecánica (-8,5%); edición e impresión(-6,2%) y plásticos, papel y cartón (-4%).
También se vieron afectados los sectores más mercado internistas como calzado (-11%), madera y muebles (-15%) y la cadena textil-indumentaria. Hasta la producción de alimentos y bebidas cerró el año con una caída (-1,2%).
Puja por el rumbo
En medio de las señales de descontento, Kaufman Brea y Betnaza mantuvieron semanas atrás una reunión con el titular de Hacienda, NicolásDujovne. Si bien mencionaron la caída de la actividad, se centraron en acercarle al ministro propuestas para impulsar la competitividad.
Propusieron desgravar las inversiones del Impuesto a las Ganancias, eliminar el impuesto al cheque, armonizar la alícuota de Ganancias para ciertas empresas, subir el cómputo de pago a cuenta de IVA de las contribuciones patronales y reimplantar el ajuste por inflación impositivo.
Por otra parte, la UIA recibió a funcionarios de Producción en un encuentro reciente en el que analizaron las medidas no arancelarias que repercuten en las exportaciones hacia Brasil. Son temas que reflejan la preocupaciónpor la inserción de los grandes jugadores en el exterior.
Pero la sensación en el “ala mercadointernista” es que las autoridades de la entidad mantienen un “pacto de silencio” sobre la recesión que afecta a gran parte del bloque industrial.
“Está planchada la conducción, en los últimos dos años jugaron en la B”, disparó un hombre escuchado en la UIA.
Los cuestionamientos arrecian en el rubro textil. Con 450.000 empleos y 20.000 empresas, la cadena registró el año una caída del 25%, mientras que las ventas en el canal masivo se redujeron un 20%, según los datos de la Fundación Pro Tejer.
A fines del año pasado las grandes textiles suspendieron personal, adelantaron vacaciones y cerraron plantas. Ese es el caso de TN Platex y Alpargatas. Pero lo que viene ahora podría ser peor, ya que los empresarios no avizoran una reactivación de la demanda interna.
“El primer cuatrimestre va a ser un período de destrucción de empleospor la menor actividad y las importaciones. Es grave, no vemos una mejorade la demanda, sino pérdida de poder adquisitivo por la inflación y el tarifazo”, dijo a iProfesional Ariel Schale, director ejecutivo de Pro Tejer.
Las actividades en rojo coinciden con las que el Gobierno considera de “baja competitividad“. Según el Plan Productivo ideado por Cabrera, el “sector latente” o con posibilidades mínimas de crecimiento es el automotor, maquinaria agrícola y medicamentos, mientras calzado, textily electrónica son candidatos a reconvertirse.
En estos últimos rubros es donde se concentran las críticas a la apertura de importaciones y la baja de aranceles. La semana pasada el Ejecutivo confirmó la reducción para artículos electrónicos a partir de marzo.
Una apertura controvertida
La lectura de más de uno es que la Rosada los alienta a convertirse en importadores antes que protegerlos frente a los productos subsidiadospor China. “Muchos productores medianos para no perder la cadena de clientes se dedican a comprar todo en el exterior“, reconoció un empresario textil.
En tanto, la fabricante de computadoras Banghó anunció en un comunicado sugestivo que “modificará la estrategia de abastecimiento de sus productos, continuando la producción nacional en los segmentos de alto valor agregado, e importando el resto“.
En el sector Pyme, creen que los grandes fabricantes aprovechan para importar productos desde sus sucursales en el exterior y así compensar los mayores costos en el país. Eso es lo que ocurrió en el sector automotor, donde las terminales trajeron el 40% de autos desde Brasil.
Algo similar ocurrió en el rubro textil. “El año pasado Zara les compró menos de la mitad a los productores locales, porque la otra parte la importó“, dijo a este medio Ariel Aguilar, dirigente de CGERA. “Hay una decisión de abrir la economía e invitar a convertirse en importador“, disparó.
El Gobierno argumentó el año pasado que la avalancha de importaciones se debió a la acumulación de Declaraciones Juradas (DJAI) dejada por la gestión kirchnerista. Sin embargo, ahora ya no existe ese problema. Para las Pymes, se trata más bien de una decisión política.
En la industria también apuntan contra la cúpula de la UIA. Los empresarios pequeños y medianos aseguran que la caída del salario real y la reducción de personal favorece a los peso pesado para competir en el exterior.
