Tras las negociaciones entre Gas Natural Fenosa (GNF) y el Gobierno, la Superintendencia de Servicios ordenó la liquidación de Electricaribe, por lo cual buscará nuevos operadores para la energía de la Costa Caribe Colombiana.
Según José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios, la compañía española "no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requiere".
Además, explicó que la Superservicios empezará de inmediato con las labores necesarias para encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en esa parte del país e indicó que la selección del mismo se hará a través de una subasta pública.
“Se hará un proceso de selección absolutamente público en el que se escogerá lo mejor opción para la Costa. Este proceso de venta tendrá como finalidad principal que los costeños tengan la energía que merecen”, indicó Mendoza.
Mientras se hace la liquidación, Gas Natural seguirá operando en la Costa, pero con la administración del agente especial que tiene el Gobierno y que desde hace cuatro meses tiene intervenida a esa empresa.
"Mientras se surten esos trámites, Electricaribe continuará prestando el servicio de energía en el mercado de la Costa, bajo la administración del agente especial designado por la Superintendencia. Durante esta fase de transición, se redoblarán los esfuerzos para mantener el servicio en la más alta calidad posible, a pesar del avanzado estado de deterioro de las redes de la compañía", explicó Mendoza.
En las siguientes semanas, según puntualizó el Superservicios, un equipo de la entidad, liderado recorrerá los siete departamentos de la Costa Caribe para explicar los alcances de la decisión.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación lamenta la decisión anunciada este martes por el Gobierno de Colombia de liquidar la empresa Electrificadora del Caribe (Electricaribe), controlada por Gas Natural Fenosa (GNF).
Según pone de manifiesto en un comunicado, dicha decisión "no es acorde con la voluntad de diálogo que ha mostrado la empresa ni con su empeño de mejorar el servicio de distribución eléctrica", a pesar de las "circunstancias adversas ajenas a la propia empresa".
Asimismo, ha afirmado que el Gobierno reitera su preocupación ante la situación generada por la liquidación de una empresa cuya matriz española "es puntera en los sectores en los que opera y con gran sensibilidad social, que lleva años trabajando e invirtiendo en Colombia".
Por ello, asegura que "seguirá brindando su apoyo" a Gas Natural Fenosa si decide hacer uso de los instrumentos jurídicos a su disposición e insta al Gobierno de Colombia a que siga dialogando con la compañía, de manera que se pueda alcanzar "una solución satisfactoria para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y de la empresa, respetando el principio de seguridad jurídica".
El futuro de Electricaribe fue sentenciado este martes por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La toma de posesión de la compañía, que se inició el 15 de noviembre de 2016, ahora es con “fines liquidatorios”, según la Resolución 20171000005985 firmada por el superintendente José Miguel Mendoza el día de hoy.
La resolución liquidatoria se produjo con fundamentos constitucionales. El primero de ellos citado por la Superservicios fue el artículo 121 de la Ley 142 de 1994, el cual establece que la intervención “puede realizarse también para liquidar la empresa”.
El gobernador del Atlántico y abogados analizaron lo que significa este proceso legal que se definió hoy, y que el Gobierno Nacional ha estimado podría tardar un año aproximadamente.
El abogado César Lorduy aseguró que la Superintendencia de Servicios “tiene la facultad de intervenir a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, a través del mecanismo de la toma de posesión en alguna de sus modalidades”.
Señaló que las alternativas de toma de posesión que puede adoptar, de acuerdo al análisis de la afectación del servicio en cada caso particular, son: de administrar-intervenir cuyo propósito fundamental es el de garantizar la continuidad y calidad debidas del servicio y superar los problemas que dieron origen a la medida, de conformidad con los artículos 59, 60-2, 61 y 121 de la Ley 142 de 1994.
Además, sobre la modalidad de liquidación sostuvo que tiene la misma finalidad que la anterior. Es decir “garantizar la prestación del servicio público”, pero enfatizó en que esta se adopta “porque no se han superado los problemas que dieron origen a la intervención”.
“La Corte Constitucional ha expresado que Ley 142 de 1994 prevé tres tipos de toma de posesión: la primera es con fines de administración, para superar las causas que dieron origen a la adopción de la medida). La segunda con fines liquidatarios, implica medidas tales como la administración temporal, la solución empresarial, la reestructuración, vinculación de un gestor, de un operador especializado o de capital. Y la tercera, que es para liquidación, implica que la empresa cesa su objeto social”.
El abogado constitucionalista Fernando Borja consideró que se está “cocinando una gran demanda” contra el Estado colombiano con todo el tema de Electricaribe.
“Para efectos prácticos significa lo mismo decir ‘toma de posesión con fines liquidatorios’ que ‘liquidación’ de la empresa”, explicó el especialista sobre la decisión de la Superintendencia de Servicios.
También señaló que lo más preocupante en todo esto es el tema laboral y que existen dos opciones para los empleados. “Una es que los liquiden y la otra es que los incorporen a la nueva sociedad que quede a cargo del manejo de servicio, que sería la mejor salida gracias a su experiencia”. En cuanto al futuro manejo de la empresa, Borda indicó que “habría intereses económicos en todo esto”.
Por otra parte, el gobernador del Atlántico y exconstitucionalista, Eduardo Verano, contó que se reunió con el superintendente, José Miguel Mendoza, luego del anuncio. Y manifestó que “la liquidación de Electricaribe no tienen ninguna relación con procesos de nacionalización por parte del Gobierno Central, simplemente se tomó la decisión ante la imposibilidad de la empresa de sostener un servicio de calidad para la Región Caribe”.
Gas Natural Fenosa prepara acciones legales contra el Estado colombiano tras decidir el Gobierno de Colombia la liquidación de su filial en el país, Electricaribe,que estaba intervenida desde el pasado 15 de noviembre. La Superintendencia de Servicios Públicos ha atribuido esta decisión al no considerar la compañía “en condiciones de prestar el servicio con calidad y continuidad”. El país iniciará ahora un proceso de subasta pública “para encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la región Caribe”.
Mientras tanto, ha señalado este organismo, "Electricaribe continuará prestando el servicio de energía en el mercado de la costa bajo la administración temporal del agente especial designado por la Superintendencia". La firma tiene cerca de 2,5 millones de clientes repartidos en siete departamentos del país.
Gas Natural Fenosa intentó in extremis alcanzar un acuerdo antes de que venciera el plazo legal de la intervención. La dirección de la eléctrica, encabezada por el presidente, Isidro Fainé, se reunió ayer con el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, y el de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para manifestar su intención de llegar a una solución pactada. Ante esta resolución, el grupo español, que controla el 85% de Electricaribe desde 2009, contempla la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
A pesar de esa hipótesis, el organismo público colombiano ha defendido su decisión. "Todas las decisiones son susceptibles de ser demandadas, pero la amenaza de una demanda nacional o internacionales no puede hacer que esta Superintendencia se abstenga de adherirse a los estándares legales cuanto se trata de una empresa en quiebra", ha afirmado su responsable, José Miguel Mendoza. El presidente del Gobierno colombiano, Juan Manuel Santos, ha resaltado que “el proceso de liquidación de Electricaribe es una decisión responsable”. “La prioridad es que ni usuarios ni empresas sufran por suministro de energía”, ha agregado en Twitter.
Gas Natural Fenosa, que entró en Colombia en 2000, comunicó en julio de 2016 a ese mismo organismo un conflicto en el acuerdo bilateral de protección de inversiones entre España y Colombia. Posteriormente, notificó un agujero de 1.259 millones de euros por impagos de clientes. Ante esta circunstancia, la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó el pasado mes de noviembre “la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe” y estableció que esa intervención se alargaría como mucho hasta el 14 de marzo. El pasivo de la compañía asciende ahora a 750 millones de euros, la gran mayoría correspondientes a entidades financieras.
Ante esta resolución, el grupo español tiene previsto recurrir a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). La reclamación partirá del agujero de 1.259 millones de euros de la filial cuando perdió el control. A esa cantidad habría que añadir inversiones y perjuicios. GNF, que tiene provisionado el 83%, reclasificó su participación en Electricaribe como valor activo financiero por su valor contable de 475. “Obviamente, la reclamación internacional se hará por la totalidad de su justo valor, que es muy superior”, reconoce la empresa en un comunicado.
Mientras prepara las acciones, la empresa española trata de llegar antes a un acuerdo para que el Gobienro colombiano deje sin efecto la medida. Según un comunicado, la firma española considera que "la medida adoptada por la autoridad colombiana es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional".
En ese sentido, la firma ratifica su voluntad de mantener un diálogo abierto para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa de un marco jurídico adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes.
A su juicio, el Gobierno colombiano no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros, y cuya solución requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable. La inversión de Electricaribe entre 2011 y 2015 ascendió a 255 millones de euros, que podría haber sido tres veces mayor de haber contado con medidas del gobierno para atajar el grave problema de fraude e impago señalados.
En 2016 Colombia recibió tres demandas ante el Ciadi de American Mobil (la firma mexicana de Carlos Slim), la estadpounidense Glencore y la canadiense Eco oro Minerals.
John Müller
La crisis de Electricaribe es un buen ejemplo de cómo la demagogia política, la mala gestión y la mediocridad institucional pueden acabar con un proyecto empresarial. No es, necesariamente, una historia de buenos y malos, sino una lección de libro de lo rápido que se puede destruir un mercado.
Electricaribe entró en la órbita de Unión Fenosa en el año 2000, en plena fase de expansión de las empresas españolas en América Latina. Su entonces presidente, Victoriano Reinoso, la compró a las estadounidenses AES Corporation y Reliant a cambio de dejar de acechar a la Electricidad de Caracas (EDC), que era el inversor original.
El negocio adquirido por Reinoso consistía en una eléctrica muy buena, Epsa, responsable de la generación y suministro del Valle del Cauca y dos distribuidoras costeñas -Electricaribe y Electrocosta a las que más tarde fusionaría- situadas en una zona muy deprimida socialmente. En 2009, cuando Gas Natural lanzó su oferta pública de adquisición por Unión Fenosa, desgajó Epsa para venderla por 750 millones de euros para sufragar en parte la operación.
Pese a lo problemática que era la zona atendida por Electricaribe, en 2008, el negocio de Unión Fenosa en Colombia generaba un ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) positivo de 300 millones de euros.
Gran parte del mérito de este resultado se debía a una política de estrecha cooperación entre el gobierno colombiano de Álvaro Uribe y Electricaribe que, bajo la dirección del ejecutivo español Víctor Cruz, implantó una serie de programas sociales (plan de energía social, plan de energía para zonas marginadas, energía para zonas de guerra, etc…) que tuvieron gran éxito contra lo que en España se ha llamado "pobreza energética". El fraude eléctrico cayó y la cobrabilidad del recibo mejoró notablemente para Electricaribe.
A la estabilidad contribuyó el hecho de que Uribe tuvo un ministro de Energía y Minas, Luis Ernesto Mejías, que duró cuatro años en el cargo y que dio una estabilidad sin precedentes a la política energética de Colombia. Este hecho contrasta, por ejemplo, con la rotativa ministerial de hasta ocho responsables de Energía que ha tenido el actual presidente Juan Manuel Santos.
Los primeros cinco años (2009-2014) tras la toma de control de Unión Fenosa por Gas Natural, estuvieron marcados por los resultados de la buena gestión de Cruz, que después dejaría la empresa. La compañía recuperó gran parte de las deudas que el sector público tenía con ella y se benefició de los fondos para políticas sociales que Uribe habilitó.
Sin embargo, con el Gobierno de Santos (que asumió la Presidencia en agosto de 2010), las cosas cambiaron. Los programas sociales decayeron, la Administración dejó de pagar y los recibos se volvieron incobrables. Electricaribe ha presentado más de 16.000 pleitos contra morosos y la Justicia sólo ha fallado 84 casos.
Aunque portavoces de Gas Natural Fenosa insisten en que en Electricaribe “no hay un problema de gestión, sino de un marco jurídico que no funciona”, sí hay un aspecto donde la gestión es muy relevante. Una distribuidora de electricidad como ésta, en una zona socialmente deprimida, debe estar muy atenta a su nivel de morosidad, porque si éste sube bruscamente la propia distribuidora se convierte en la principal consumidora de su producto: la electricidad (la cual no se puede almacenar). Por lo tanto, los gestores deben ser muy estrictos a la hora de adquirir la energía, intentando comprar barato y sin volatilidad.
En Colombia, el fenómeno del Niño ha provocado sequías que han hecho que el precio de la energía fluctúe hasta un 150% de un mes a otro. Gas Natural afirma que fue imposible pactar contratos bilaterales que redujeran la volatilidad de los precios. Además, los generadores exigen el pago al contado. El resultado es una brecha inevitable en la cuenta de resultados.
Desde que en noviembre el regulador colombiano intervino la compañía, los problemas no han hecho más que agravarse. El suministro no se ha interrumpido porque las empresas generadoras no se lo pueden negar al Estado colombiano, pero todo ese flujo sigue reflejándose en la deuda creciente de Electricaribe de 757 millones de euros más 1.200 millones de impagados.
El asunto muy probablemente acabará en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco Mundial. Electricaribe fue, a comienzos del siglo XXI, un lúcido entendimiento de cómo debía actuar una empresa distribuidora de energía en una zona socialmente deprimida.
Pero la inoperancia del Gobierno de Santos a la hora de resolver sus problemas, después de prometer en varias ocasiones que los arreglaría (y cada vez que se llegaba a un acuerdo el ministro responsable era sustituido), ha jugado una parte importantísima en esta crisis. Por lo visto, su apuesta por la pacificación de su país, le ha ocupado toda la atención disponible. Sin embargo, sin desarrollo económico y social, esa paz será muy frágil.
