Mariano Obario
Macri ordenó demorar medidas para evitar reacciones negativas con impacto en los comicios de octubre; postergarían aumentos en los servicios y el transporte.
En medio del conflicto con la CGT y con el peronismo, el presidente Mauricio Macri definió una prioridad para este año: la coalición oficialista Cambiemos deberá ganar las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo. Por eso ordenó atenuar y postergar los ajustes del gasto público, el recorte de los subsidios y el aumento en las tarifas del gas, el transporte público y el agua.
Según pudo saber LA NACION, ante la falta de índices favorables de la economía para exhibir durante la campaña, Macri demorará, también, la reducción del gasto público. La anunciada fusión de programas, organismos y secretarías de Estado que se superponen en sus funciones continúa en marcha, pero con mayor "gradualismo".
De todos modos, en la Casa Rosada confirmaron que este año se cumplirá la pauta de déficit fiscal de 4,2% del PBI. Pero el aumento de tarifas del gas de hasta el 67% se desdoblará en tres tramos: abril próximo, y noviembre y abril de 2018.
No habría aumentos en el transporte público de pasajeros hasta después de las elecciones. Sólo podría haberlos a fin de año o en 2018. Y se anunciará en estos días una suba de la tarifa del agua del 23%. En 2016, en cambio, fue de 300%.
La idea de moderar el ajuste, aceptada por el Presidente, fue de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
La prioridad de la mandataria y de Cambiemos es ganar las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en las que Macri se jugará gran parte del poder para gobernar. Así, el equilibrio macroeconómico deberá aguardar hasta después de octubre.La idea de moderar el ajuste, aceptada por el Presidente, fue de la gobernadora Vidal
Con esa estrategia comulga el "ala política" de Cambiemos, conformada por el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio ; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y los socios de la UCR y de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió .
El colorido relato del asesor Jaime Durán Barba deberá estar acompañado por "respuestas efectivas" para los sectores más castigados. Por ese motivo, también se descartan subas inminentes en combustibles y en energía eléctrica. En febrero último, las tarifas de luz aumentaron entre 61% y 148% y el impacto político fue negativo.
En su discurso electoral, Macri buscará polarizar con la ex presidenta Cristina Kirchner y transformar las elecciones en un plebiscito entre el "cambio" y el viejo "populismo". Pero la estrategia será promover la mayor fragmentación posible del peronismo.
En el plano social, el Presidente buscará evitar el paro al que quieren convocar los sectores más duros de la CGT. Para ello, convocó el martes próximo a los sindicatos más golpeados por los despidos debido a las importaciones: UOM, Smata, textiles, calzado y cerámicos.
No negociará cambios en el rumbo económico, pero ofrecerá medidas para atenuar efectos no deseados del reordenamiento económico. Es por ello que en las reuniones recientes entre Macri; Vidal; Frigerio; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, surgió la necesidad de atenuar el ajuste fiscal.
La decisión política se trasladó a las áreas técnicas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó anteayer que desdoblará en tres tramos el aumento de gas previsto en hasta un 62% que habían pedido las distribuidoras.
Los aumentos buscan reducir los 300.000 millones de pesos de subsidos y dar señales a las empresas del sector para que hagan inversiones. También procuran convencer a los mercados e inversores en general de que se busca el equilibrio fiscal para bajar la inflación y la presión tributaria y abaratar el crédito.
El aumento se hará en abril próximo, en noviembre y en abril de 2018. "Estamos haciendo lo que ordenó la Corte Suprema el año pasado, aumentos graduales", argumentó un funcionario a LA NACION. El telón de fondo es la urgencia electoral. "El gas aumentará menos de lo provisto porque este año hay que dar respuestas", se sinceró otro.
El precio del gas en boca de pozo se discutirá en las audiencias públicas de hoy. El 6 de abril se discutirá por el agua.
"En estos días anunciaremos un aumento del agua del 23%, mucho menor al 300% del año último", dijo un funcionario cercano a Frigerio.
Una hipotética suba de las tarifas de transportes fue motivo de rumores y versiones en los últimos días. Pero los voceros del ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, negaron cualquier aumento en el corto y mediano plazo. "No hay nada definido. Vamos a estudiarlo a medida que vaya avanzando el año", señalaron. No se descartan incrementos luego de las elecciones de octubre o en 2018.
Cerca del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguraron que se respetará a rajatabla la pauta fiscal de un déficit de 4,2% del PBI para 2017, de 3,2% para 2018 y de 2,2% para 2019. "Los cambios se harán en un proceso más lento, pero se va a cumplir la meta fiscal", dijo un vocero de la Casa Rosada.
También admitió que el recorte de gastos que se había previsto con la fusión de programas, organismos y secretarías de Estado está en marcha, aunque no se aplicará en el corto plazo. Hacia fines de año o en 2018 podría hacerse la mayor parte del recorte del gasto improductivo. Cuando pasen las elecciones.
SILVIA PECO
El Gobierno confirmó que el aumento en las tarifas de gas por el ajuste en los márgenes de transportistas y distribuidoras se desdoblará en tres etapas, tal como ya ocurrió con la suba en la electricidad que corresponde a la parte que perciben Edenor y Edesur. El dato da por tierra con la expectativa de analistas e incluso funcionarios oficiales sobre una desaceleración de la inflación en el segundo semestre porque presuntamente las subas de los servicios regulados se concentraban en la primera mitad del año.
En la práctica, habrá aumentos en las tarifas de gas en abril y octubre de este año y en abril de 2018 para cubrir los ingresos que plantearon transportistas y distribuidoras y por el precio del gas.
La decisión fue comunicada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, mientras mañana se realizará una nueva audiencia pública para tratar el aumento del gas por la parte de la factura que va para las petroleras que extraen el producto.
Una de las dificultades de las audiencias es que se tratan en distintas fechas los aumentos de cada componente de las facturas, con lo cual no se pone en debate el aumento total que después va a terminar aplicándose.
Según la Resolución 212 que dictó el Ministerio de Energía después de la audiencia realizada en septiembre, el precio promedio ponderado del gas desde octubre del año pasado es de u$s3,42 por millón de btu, y a partir de abril ascenderá a u$s3,77 , con un alza del 10%, que llegará al 20% para los usuarios residenciales que usan menos de 1.000 metros cúbicos anuales.
La misma norma estableció un cronograma de subas escalonadas para abril y octubre de cada año siempre en relación con el gas en boca de pozo, cuyo valor a octubre de 2019 deberá llegar a u$s6,80 como promedio ponderado.
Ahora, por lo menos hasta abril de 2018, a ese aumento se le adicionará el que se apruebe para mejorar los ingresos de transportistas y distribuidoras. Por este concepto , las empresas anunciaron aumentos de hasta el 62% en la factura final, pero antes de impuestos, aunque éstos suben proporcionalmente a lo que se incrementa el resto de la factura.
Según el informe del Ministerio de Energía, el precio promedio de u$s3,42 para el gas en el ingreso al sistema de transporte es un 27,5% inferior al de u$s4,72 que se había dispuesto en abril de 2016 y que debió revisarse tras el fallo adverso de la Corte Suprema.
Pero si se considera el alza del 10% al 20% en el precio del gas en boca de pozo más la primera etapa del aumento para transporte y distribución, quedará perdido ese descuento del 27,5%. Lo que dicho de otra manera, significa que este invierno las facturas tendrán el mismo peso que tuvieron en los meses de frío del año pasado, antes del fallo de la Corte.
El único atenuante es que ahora ya de entrada está decidido que los montos a pagar por los residenciales tendrán tope: para las categorías R1 a R23, los aumentos no podrán superar el 300% (cuatro veces más), para R31 a R33 no superarán el 350% (cuatro veces y media más), y para R34 no podrán significar más del 400% (cinco veces más).
