Desde noviembre las exportaciones del país han mostrado signos de recuperación y el oro ha sido uno de los que ha ayudado a impulsar este buen comportamiento. En enero pasado estas prácticamente se duplicaron con respecto a enero del 2016.

En el más reciente reporte de exportaciones del Dane, las ventas del oro al exterior en enero (2017) le representaron al país poco más de US$110 millones, mientras que en el mismo mes del 2016 fueron de US$60 millones.

Pero lo que más llama la atención del informe del Dane con respecto a las exportaciones de oro es que mientras en enero del 2016 fueron de 2 toneladas, las de enero último fueron de 4 toneladas.

“Esto significa un aumento del 83% que confirma la tendencia que se observó al comparar el 2016 con el 2015; mientras en este último año las exportaciones fueron de US$957 millones (31 toneladas), al año siguiente estas pasaron a representar US$1.392 millones (42 toneladas), un aumento del 45% en valor y 35% en volumen”, explica Jaime Concha, vicepresidente de Energía e Hidrocarburos de la Andi. 

“Con el crecimiento de los comodities a nivel internacional el precio del oro ha repuntado en los mercados”, indica Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional, al precisar que desde octubre se han presentado tasas de crecimiento del 100% en las exportaciones de oro.

El catedrático explica que en la actualidad hay una alta demanda en los llamados activos refugio como se le puede calificar al oro que, por el tema de estabilidad muchas de las inversiones se quieran cubrir con este metal por ser fuerte, estable y que dura en el tiempo.

UN ACTIVO RENTABLE 

En el 2014, cuando las exportaciones del país cayeron, así mismo descendieron las ventas del oro al exterior, pero desde hace tres meses este metal ha recuperado sus espacios en los mercados internacionales.

“Esto se debe a que el oro pasó en precios cerca de US$1.000/onza en el 2015 a aproximadamente US$1.300/onza en diciembre de 2016. Hoy este índice está por los US$1.235/onza”, señala Concha de la Andi.

Gran parte del oro que coloca Colombia a través de las comercializadoras, se concentra en Estados Unidos, Suiza e Italia. Sin embargo, Asia se esta convirtiendo en otro de los destinos donde el oro colombiano tiene gran aceptación, y Japón es el país de esta parte del mundo a donde llega otro tanto de las exportaciones. 

“El oro colombiano ha abierto posibilidades de mercado en lugares distintos a los tradicionales, esto naturalmente abre la perspectiva de tener más demanda y más capacidad de producción”, señala el economista y rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo.

TENDENCIA EN LA EXPORTACIÓN

El crecimiento en volumen que ha registrado la operación aurífera formal, sumado a las que formalizaron su operación, están contribuyendo a aumentar los despachos de oro al exterior.

“Con la entrada en producción para los próximos meses de proyectos como la ampliación en operación de Continental Gold, y los complejos de Anglo Gold y Red Eagle, se aumentarán las exportaciones en el 2017”, afirma el vocero de la Andi, al precisar que estas pueden duplicarse (hoy es de 9 toneladas).

Otro factor que ha jalonado las ventas al exterior del oro tiene que ver con la tasa de cambio. “La revaluación volvió más competitivo al país y tuvo un impacto en los mercados para el precio del productor local de oro que estuvo de la mano con la recuperación de la economía mundial”, indica Marcel Hosftetter, decano de Finanzas y Comercio Exterior de la Universidad de La Salle.

Precisa el experto que el ajuste normal que tuvo la economía del país con la reactivación de la tasa de cambio llevó a que por el mismo dólar se tengan más pesos para monetizar rentablemente la operación lo que llevó a que Colombia se convirtiera en un eficiente productor de oro a nivel mundial.

Los helicópteros Black Hawk aterrizaron en lo que hasta hace pocos años era un pedazo de selva virgen, pero que ahora parecía un desolado paisaje lunar. En pocos minutos decenas de uniformados de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal –Unmi–, miembros de la Dijín, fiscales y procuradores descendieron en el sitio conocido como Acandí Seco, cerca de una vereda de Río Quito en el Chocó. Eran las ocho de la mañana del pasado 22 de febrero. Se desarrollaba la más reciente operación contra el grave y creciente problema de la minería ilegal en Colombia.

En el lugar las autoridades encontraron 19 dragas, 10 excavadoras y otras máquinas utilizadas para esa actividad. “El costo de la maquinaria destruida a estas organizaciones criminales es de 51.000 millones de pesos aproximadamente. Cada semana obtenían ganancias por 3.200 millones de pesos producto de esa explotación ilícita de yacimientos mineros auríferos. Parte de ese dinero iba para las arcas de varios grupos armados que delinquen en la zona”, explicó el coronel Juan Francisco Peláez, comandante de la Unmi.

Esta operación se sumó a las 689 efectuadas solo en 2016 en contra de 2.281 minas ilegales en todo el país. En ese periodo, las autoridades destruyeron 152 máquinas y 509 dragas e incautaron 229 retroexcavadoras al igual que decenas de volquetas y motobombas usadas por estos explotadores.

Durante tres días los uniformados y fiscales estuvieron en el sitio. La investigación que duró varios meses les permitió a las autoridades establecer que al frente de esa explotación estaba un brasileño conocido en la zona como Chico, a quien buscan afanosamente.

A primera vista puede parecer exótico que un ciudadano de Brasil encabece una compleja y millonaria explotación de oro en mitad de la selva chocoana. Sin embargo, para las autoridades esto ya no es una novedad. De hecho en el último año han capturado 21 brasileños, la gran mayoría en varias zonas de Chocó. Es claro que lo que en un principio parecía algo aislado en realidad esconde una tendencia criminal: la presencia de estos extranjeros al frente de ese tema ilegal en el país.

“En Brasil las leyes y la legislación contra la minería ilegal se endurecieron durante los últimos años. Eso produjo la llegada de muchos brasileños a Colombia en donde empezaron a trabajar en esa actividad ilegal aprovechando que las normas no son tan fuertes como en su país”, explica el coronel Peláez.

Muchos de ellos han adoptado como base de operaciones el municipio de Caucasia, Antioquia, donde establecieron acuerdos con bandas criminales, como el Clan del Golfo o el ELN. El pago de la vacuna acordada con estos grupos les abre acceso a las zonas selváticas para empezar su actividad ilegal, protegidos por ellos.

Preocupa mucho a las autoridades que estos ciudadanos, que tienen una vasta experiencia en minería, crearon lo que en la zona se conocen como dragones brasileños. Esencialmente son la ‘evolución’ de las tradicionales dragas usadas por los mineros ilegales colombianos. Se trata de gigantescas estructuras de más de 20 metros de largo y dos pisos de altura en las que grupos de hasta diez personas trabajan 24 horas al día. Por medio de potentes motobombas, los tubos de estos aparatos barren los lechos de los ríos en busca del oro. El daño ambiental que producen es descomunal e irreparable. Hace pocos meses las autoridades arrestaron a José Covalcante y su socio Aroudo Sousa, cerca de Itsmina, Chocó, cuando supervisaban la operación de algunos de estos aparatos y llevaban varios millones de pesos para pagarles a los grupos irregulares en la zona. El primero ya había sido arrestado en 2014, pero un juez lo dejó en libertad y continuó con sus actividades ilícitas hasta que cayó de nuevo el año pasado.

Al igual que en ese caso, varios brasileños y también colombianos han quedado en libertad por órdenes de los jueces. Uno de los vacíos de la legislación nacional permite excarcelar a los capturados por minería ilegal. En algunos casos los jefes brasileños después de ser liberados por un juez simplemente reciben una notificación de las autoridades migratorias que les ordenan salir del país en un plazo de tres días. Obviamente no se van y por eso en las operaciones es común encontrarlos una y otra vez.

Para evitar el desgaste que implica capturar a estos delincuentes, la Policía y la Fiscalía optaron por investigaciones más robustas. Con peritos ambientales y especialistas ahora documentan y prueban algo que parece obvio, pero que los jueces usaban de argumento para liberar a los detenidos. Tienen que demostrar que esa minería ilegal está directamente ligada a delitos contra el medioambiente, los cuales no son excarcelables y contemplan penas entre 8 y 20 años de prisión.

Solo el tiempo dirá si los jueces empiezan a tomar conciencia de la gravedad del asunto de la minería ilegal y evitan que estos depredadores sigan deforestando las selvas, cambiando el curso natural de los ríos y envenenado los afluentes de agua con mercurio.