Por Edu Guajardo
Este domingo, cuando en Mendoza se espera por un postergado acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en Toronto se dará por inaugurada la Annual International Convention & Trade Show Prospectors & Developers Association of Canadá, PDAC 2017, la feria minera más grande del mundo y Argentina espera anunciar al mundo lo avances en la nueva política de estado en torno a la actividad.
Es que el Pacto Federal Minero que confeccionaron todas las provincias, y que espera por las firmas de los gobernadores, será el motor con el que el Gobierno nacional pretende dar un impulso a la industria. Un punto muy relevante para Mendoza es que el gobernador Alfredo Cornejo ya comprometió su firma al texto que, a grandes rasgos, eleva y unifica los estándares para el desarrollo minero y apunta a ordenar el destino de las regalías que genera la actividad.
A nivel local, la industria volvió a ser un tema vendimial, tanto por la marcha que tradicionalmente se opone a cualquier emprendimiento y porque por primera vez y a pocos metros, sobre la Plaza Independencia, se instaló un stand de las cámaras del rubro que mostró la estrecha relación entre el agro, la vitivinicultura y la minería. También por primera vez un centenar de reconocidas empresas mendocinas se mostraron a favor de la actividad con la presencia de sus marcas.
Pero lo más importante es que todas estas situaciones y "señales" se dan al mismo tiempo que el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, terminó de diseñar la política minera provincial que surgió del Espacio de Diálogo que realizó el año pasado y que entrega los lineamientos para el desarrollo de la industria. Es decir, la que dice qué minería se puede y cuál no se puede hacer en Mendoza.
Aunque en un principio la idea es que el gobernador la tuviera en sus manos para analizarla en diciembre, demoró dos meses más y en estos momentos ya está en manos del ministro Enrique Vaquié, quien después de analizarla debería darle curso para que llegue a Cornejo. Será él quien que defina si acepta la política minera como salió de la Secretaría de Minería o se hacen algunas modificaciones.
Entre las cuestiones que consideraría el texto, está el desarrollo de la minería de primera categoría sin tocar la legislación actual que limita el uso de algunas sustancias, la ley 7.722. Sin embargo, queda la duda si en el documento se pide o sugiere la reglamentación de la norma, la cual aclararía cuestiones que hoy generan discusión, como por ejemplo, el rol de los legisladores en el proceso de aprobación de los proyectos.
Fue el mismo Vaquié quien confirmó en el Foro de Inversiones, el viernes en el Hotel Diplomatic, que la política minera está en proceso. Sus palabras fueron escuchadas muy atentamente por un actor fundamental en la actividad, el CEO y presidente de Minera San Jorge, Taras Nechiporenko.
En conversación con MDZ el directivo que representa a los inversores rusos del proyecto cuprífero en Uspallata se mostró entusiasmado por el anuncio y a la vez ansioso. "Son tres años sin avances y valoramos mucho lo que se está haciendo y esperamos las conclusiones del Espacio de Diálogo", dijo.
Lo más importante para la sociedad formada por los grupos Aterra y Solway es que se defina una política que aclare en que términos se va a desarrollar la industria. San Jorge está a la espera para avanzar con su proyecto biprovincial, el cual prevé sacar material en Mendoza y procesarlo en San Juan, hasta donde llegaría a través de un tren. Sin embargo, al interior del Gobierno provincial hay voces que ven con buenos ojos la opción de reactivar el proyecto de flotación que fue archivado en la Legislatura cuando San Jorge estaba en manos de los canadienses de Coro Minning.
La inversión del proyecto es de 400 millones de dólares y se mantiene reservada para Mendoza, a la espera de la definición de Cornejo en torno a la política minera. Aunque por ahora los inversionistas han esperado tres años sin tener claridad respecto a lo que quiere hacer el Gobierno provincial con la actividad, señalan que de seguir extendiéndose una definición no se puede asegurar que sigan esos montos reservados para la provincia.
El sábado cuando la marcha antiminera pasó en el Carrusel el gobernador salió del palco y evitó encontrarse con los manifestantes que su esposa sí aplaudió. Es que sonaría contradictorio que estuviera junto a ella cuando existe un compromiso con Macri para apoyar el nuevo pacto federal para fomentar la minería en el país.
Es que el Pacto Federal está íntimamente ligado a la política minera que confeccionó Emilio Guiñazú, ya que el mismo funcionario fue el representante mendocino en el proceso para redactar el nuevo pacto nacional. De ahí que se de pos descontado que una y otra se complementen y apunten a lo mismo, el desarrollo de la actividad minera con altos estándares de calidad y seguridad.
Uno de los puntos que propuso el subsecretario mendocino era un cambio progresivo en las regalías, pero San Juan y Catamarca se opusieron, por lo que no prosperó esa modificación. Algo que era de espera si se considera que ambas provincias tienen una voz muy fuerte en la actividad.
Por eso, con la política mendocina escrita y en análisis, y el Pacto Federal esperando las firmas de los gobernadores, no cabe duda que llegó el momento de hablar de minería en Mendoza, pero de una forma totalmente distinta y con un texto que puede convertirse en la base de una actividad o sepultarla definitivamente.
Mientras eso sucede, Guiñazú tenía pensado viajar al PDAC 2017, pero el viaje se canceló. La idea era que el funcionario fuera junto al equipo de la Secretaría de Minería de la Nación para apoyar la promoción de Pacto Federal, pero finalmente no habrá presencia mendocina en una feria donde la provincia es conocida, pero por un aspecto negativo. Antes de la feria se difunde el Informe Fraser, el ranking con los mejores y peores lugares para invertir y en el que Mendoza sigue ocupando los peores lugares, junto a Afganistán.
