Es un cambio radical. Donald Trump ha pedido que se remuevan las normas que impiden volcar desechos en arroyos y ríos e impulsar la minería del carbón. También ordenó revisar los acuerdos internacionales de cambio climático.

En una recorrida por West Virginia, un estado atravesado por los Apalaches, un viejo trabajador de las minas conversaba hace algunos meses con esta corresponsal, a orillas de un río angosto y marrón que atraviesa la ciudad de Welch.

Ese enclave de unos 2.000 habitantes en medio de las montañas había sido el principal exportador mundial de carbón en los años dorados del mineral, mientras todo el pueblo bailaba pujante alrededor de su producción. Pero el sitio ahora es un lugar fantasma, con negocios tapiados, escuelas cerradas y calles desiertas.

El hombre recordaba los “buenos tiempos” cuando se les permitía a las compañías mineras verter todos los despojos de su producción en el río que tenía a sus pies. “Con las regulaciones que puso Barack Obama, ya no se puede”, se quejaba el minero, que no tenía trabajo, como muchos en la ciudad, y que culpa a las leyes ambientales del ex presidente por la destrucción de la industria y el empleo.

“¿Pero no cree que si nadie controla a las empresas el agua se puede contaminar y puede terminar enfermando a la gente, a su familia?”, fue la pregunta lógica. “No estamos para pensar en eso ahora, eso lo podemos discutir de aquí a 50 años. Ahora precisamos trabajo”, remató.

Durante su campaña, Donald Trump sintonizó con esos trabajadores y otros tantos en los EE.UU. que creen que la precarización o falta de empleo es en buena parte consecuencia de las regulaciones, sobre todo las medioambientales.

El magnate llegó a ese y otros rincones olvidados del país y ofreció respuestas sencillas a un fenómeno que es mucho más complejo. Les prometió volver a un pasado dorado donde el carbón y el acero fueran los reyes (y las energías limpias sirvieran para otro planeta) y donde no existieran leyes “verdes” que limiten a los empresarios.

Una vez llegado al poder, Trump comenzó a cumplir sus promesas. El martes pasado ordenó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) un primer desafío a la política medioambiental de su predecesor: revisar una norma de 2015 que da autoridad al Gobierno federal para limitar la contaminación en las distintas masas de agua del país, como el río Misisipi, pero también en otras más pequeñas, como arroyos no navegables o pantanos. Si la orden prospera, las mineras podrían volver a tirar sus desperdicios tóxicos al río que atraviesa la ciudad de Welch.

En esa ciudad –que votó masivamente por el magnate-- seguramente están celebrando, pero hay una enorme preocupación entre los ecologistas. Las alarmas están encendidas ya que el funcionario que nombró al frente de la EPA, Scott Pruitt, es un hombre que ha negado la existencia del cambio climático y ha luchado en su carrera para remover las regulaciones, incluso la extinción del organismo que él ahora dirige. Una filtración de 6.000 mails de cuando era fiscal de Oklahoma revela sus vínculos estrechos con compañías petroleras y eléctricas.

Pero hay más. Según el diario The New York Times, Trump también prevé firmar la próxima semana un decreto similar en el que pedirá a la EPA que comience el proceso de revisión y retirada de la regulación más importante sobre cambio climático que hizo Obama.

Se trata del plan que el ex presidente finalizó en 2015 con el fin de rebajar las emisiones de las plantas termoeléctricas de EE.UU. en un 32 por ciento en 2030 con respecto de los niveles de 2005, un compromiso que permitió al Gobierno estadounidense liderar las negociaciones para el acuerdo global sobre cambio climático de 2015 en París.

Los más extremistas del gabinete abogan por retirarse directamente de ese tratado mundial --una tarea que legalmente no es sencilla-- pero la influyente hija del presidente, Ivanka, parece ser la que estaría a favor de no patear el tablero verde.

También, el diario The Washington Post reveló que Trump buscaba recortar un 17 por ciento del presupuesto de una de las agencias clave del clima como la National Oceanic and Atmospheric Administration y un 5 por ciento al National Marine Fisheries Service and National Weather Service.

El jueves, la EPA anunció, además, que las compañías que explotan petróleo y gas ya no tendrán la obligación de reportar las emisiones de metano que lanzan a la atmósfera.

Consultado por Clarín, Guy Edwards, co-director del Climate and Development Lab de la Brown University, dijo que “el presidente ha calificado al cambio climático como un engaño y ha llenado su gabinete de defensores de los combustibles fósiles y de escépticos del calentamiento global.

Está empeñado en romper con el legado de Obama e impulsar nuevos proyectos de combustibles fósiles, entre ellos los gasoductos Keystone XL y Dakota Access, que Obama bloqueó, en parte debido a las preocupaciones sobre cómo contribuirían al cambio climático”.

Si bien Trump justifica el desmantelamiento de las regulaciones en aras del empleo, para el experto es una ilusión. “Estos recortes pueden conducir a ganancias a corto plazo para los negocios, pero mirando a largo plazo debemos proteger el medio ambiente para garantizar nuestra prosperidad futura”, señala.

Para Peter Jacques, co-director de Florida Climate, podrían existir algunas trabas en el camino de Trump. Afirmó a Clarín que el presidente “se verá enfrentado a obstáculos legales que podrán complicarle las cosas.

Por ejemplo, ha dicho que quiere retirarse del acuerdo sobre el clima de París, pero eso requiere un proceso de 4 años y hay fuerzas en el círculo de la Casa Blanca que se preocupan por la consecuencias legales del abandono del acuerdo”.

Sin embargo, el especialista advierte un riesgo adicional: “Trump y su gabinete pueden solidificar, hacer crecer e inspirar la oposición a las ciencias medioambientales. El anti-ambientalismo que marca esta administración se basa más en cuestiones emocionales de sus partidarios y no en hechos concretos. Muchas de sus acciones son simbólicas desde el impacto emocional”, alertó.