Delaciones premiadas y una justicia independiente, cruciales
"Si yo hablo, la república se va a caer", les anticipó uno de los primeros detenidos del caso Lava Jato, Alberto Youssef, a sus propios abogados. Ni ellos le creyeron. Corría marzo de 2014 y pensaron que exageraba. Hasta que el cambista y lavador con condenas previas empezó a hablar.
La investigación había comenzado ocho meses antes, cuando el comisario Márcio Anselmo y dos agentes seguían a tres modestos lavadores de Brasilia y San Pablo, en lo que parecía otra investigación de rutina. Pero eso cambió en enero de 2014, cuando detectaron que Youssef le había regalado una Land Rover a Paulo Roberto Costa.
Hoy, casi tres años después, esa investigación cambió para siempre a Brasil. Pero sólo fue posible gracias a la confluencia de varios factores que resultaron decisivos. ¿Podrían darse también en la Argentina? ¿Podría un megacaso como el Lava Jato ocurrir en el país, dados los contextos legal, judicial, político y económico locales? ¿Muestra el Poder Judicial argentino interés y capacidad para impulsar un Lava Jato local, aun si contaran con apoyo suficiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo?
Tres años después de esos primeros pasos, sus resultados son elocuentes: 125 condenas por un total de 1317 años de prisión, más de 1000 personas investigadas, millones de dólares bajo la lupa, una forma ilegal de hacer política y negocios que imperó durante décadas, pero que quedó contra las cuerdas.
Los indicios argentinos del Lava Jato exceden, sin embargo, a Odebrecht. Ya trascendieron rastros sobre la presunta coima pagada por Cristóbal López para quedarse con la refinería San Lorenzo, de Petrobras, en el país; el ingreso de Electroingeniería en Transener gracias a la supuesta intermediación interesada del entonces ministro Julio De Vido, y los pagos de una coima en cuotas para el entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime. También, los pedidos de fondos negros del ex CEO de la compañía en la Argentina para dos receptores en Buenos Aires a los que sólo identificó como "Festança" ("festivo" o "fiestero") y "Duvidoso" ("dudoso" o "dubitativo"), entre otras.
Pero ¿cómo fue posible que el Lava Jato avanzara en Brasil, donde reinaba la impunidad del poder, que ya mostraba algunos flancos débiles gracias a escándalos previos, como el Banestado o el mensalão. En rigor, los factores que mencionó Moro son apenas algunos de los que confluyeron en esta pesquisa:
Un juez alejado de los centros de poder y que se preparó para un caso así: Moro estudió el Mani Pulite, la investigación sobre la corrupción en Italia, sobre la que el magistrado llegó a publicar un ensayo. Y no es casual que fuera él, desde Curitiba, quien sacudiera los cimientos del statu quo y no sus colegas en San Pablo (distante 400 kilómetros), Río de Janeiro (850) o Brasilia (1400), más vinculados al círculo rojo.
Un equipo de fiscales jóvenes, sin contaminar: nacido en 1980, el jefe del equipo de fiscales, Deltan Dallagnol, tenía 22 años cuando juró como fiscal, tras completar sus estudios en Harvard. A los 25 se sumó al equipo anticorrupción, pasó luego a liderarlo y tenía sólo 34 cuando estalló el Lava Jato, y comenzó a aplicar las técnicas de negociación con los acusados que utilizan en Estados Unidos.
Una estrategia que llevó la investigación de menor a mayor y de abajo hacia arriba, favorecida además por la facultad que poseen los fiscales brasileños de concentrar sus energías en las pistas relevantes y descartar los casos menores.
El apoyo de la Cámara Federal de Apelaciones (TRF, en Brasil), que desde febrero de 2015 dispuso que Moro sólo se concentrara en el Lava Jato y sus ramificaciones, por lo que ya no recibe otros casos. Incluso sus anteriores investigaciones fueron remitidas a otra jueza.
Una comunicación directa con la sociedad -a la que incluso movilizaron para recolectar firmas en apoyo a reformas legislativas que dieran más herramientas a los investigadores- y el desarrollo de una relación estrecha con ciertos periodistas, no así con los medios (a los que ven sujetos a presiones de políticos y empresas). Con los redactores intercambian datos sobre hallazgos, avances y dificultades para con su ayuda avanzar las pesquisas y sortear escollos.
Combinado con el punto anterior, la emisión de un mensaje concreto y claro dirigido a disipar las sospechas de intereses políticos detrás del Lava Jato y refutar que busquen terminar con las empresas brasileñas. Por el contrario, suelen remarcar que debe "depurarse" la forma de hacer negocios. ¿Un ejemplo? En vez de aplicar multas que llevarían a la quiebra a las constructoras investigadas, Moro fija montos que pueden abonarse a lo largo de varios años, pero debe complementarse con un programa de saneamiento y transparencia.
La existencia de una legislación anticorrupción acorde: pese a sus muchas limitaciones, el sistema jurídico brasileño incluye los regímenes de delación premiada (para personas) y de clemencia (para empresas), además de impulsar una metodología de selección de jueces, fiscales y del procurador que hasta cierto punto reduce las presiones que puede ejercer la clase política sobre los magistrados.
La cooperación internacional. Al dar una conferencia en Perú, días atrás, Moro remarcó que la colaboración de ciertos países fue determinante. En especial, la de Suiza, donde varios corruptos habían escondido fortunas. "Para tener una idea de la magnitud de los pagos, un gerente de Petrobras, no un ex directivo, se acogió a la colaboración eficaz y se comprometió a devolver unos 92 millones de dólares", ejemplificó el juez, quien recalcó que el Lava Jato se habría empantanado si otros países no hubieran ayudado.
¿Es, entonces, el Lava Jato un caso perfecto? No, ni Moro tampoco, según sus críticos. ¿Cuáles son las objeciones? Entre otras, que pese a todo lo logrado, muy pocos políticos fueron condenados aún (el Tribunal Supremo brasileño tiene jurisdicción exclusiva sobre los políticos con fueros, como diputados y senadores), que Moro es tan duro con los detenidos -a Marcelo Odebrecht lo envió a un celda de 12 metros cuadrados donde debió convivir con otros dos detenidos- como clemente con los condenados y que la delación premiada violaría garantías de los acusados y abre una puerta giratoria a los delincuentes (Youssef mismo ya había sido arrestado en 5 ocasiones previas y se había acogido a ese beneficio en el caso "Banestado"). También, que la investigación fomentó la estigmatización de toda la clase política brasileña, paralizó la economía nacional y hasta generó una "crisis de identidad" entre los brasileños, que se veían a las puertas del Primer Mundo.
Tanto Moro como el fiscal Dallagnol rechazan esas críticas, pero también evitan defensas grandilocuentes. Son por demás cautos. Moro, porque sabe cómo terminó el Mani Pulite, con Silvio Berlusconi como referente de lo que decía ser la "nueva política". Así lo vertió en un ensayo que publicó en 2004: "La acción judicial no puede sustituir a la democracia en la lucha contra la corrupción. Es la opinión pública la que puede, por los medios institucionales, atacar las causas estructurales de la corrupción". Dallagnol fue más conciso: "Si no se cambian las estructuras que llevan a la corrupción, todo seguirá igual".
En el último avance del caso Lava Jato, los investigadores de la Policía Federal brasileña aludieron al presunto pago de sobornos por el contrato del soterramiento del Sarmiento a funcionarios kirchneristas, según surge del informe oficial que difundió ayer el diario Estadao. Los investigadores brasileños señalaron la supuesta participación en esas coimas de ejecutivos de Odebrecht y de Iecsa -de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, las constructoras socias del consorcio ganador de esa obra. Según el informe, los "pagos indebidos" se habrían escondido bajo un rubro identificado como "DGI", las mismas siglas que la Dirección General Impositiva argentina, lo que puede haber inducido a un error.
Desde Odebrecht ayer difundieron un comunicado en el que expresó "su compromiso de colaborar con la Justicia (...) para esclarecer su participación en actos llevados a cabo por la compañía".
A su vez, la firma Iecsa informó que desconoce "la vinculación de las eventuales irregularidades que pudieran haberse desprendido" del Lava Jato y reiteró su posición de estar "a disposición de la Justicia".
El nexo del "Lava Jato" en su capítulo local puede salpicar -además de a la empresa IECSA de Ángelo Calcaterra- a exfuncionarios del kirchnerismo que también figuran en los correos electrónicos en poder de la Justicia brasileña.
El extracto de los mails que hacen referencia a reuniones por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que ahora también se encuentra bajo la lupa de la Justicia local, menciona a integrantes de la Secretaría de Obras Públicas comandada por José López, quien desde la eyección de Ricardo Jaime de la Secretaría de Transportes en 2009, había compartido el liderazgo del proyecto y el anuncio -durante 2010, coincidente con las comunicaciones incautadas- de la revitalización de las obras. Juzgados argentinos pugnan por acceder a la documentación oficial que Brasil amaga con desclasificar en un corto plazo, algo que también alerta sobre un posible cuello de botella.
De acuerdo con la documentación revelada, en el primer correo que data del 4 de marzo de 2010, y se titula "Reunión con Biancuso", ofrece una minuta de los puntos abordados en el encuentro. En tribunales calculan que podría hacer referencia al exDirector de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, Raúl Biancuzzo, un hombre que también estuvo al frente de AySA, lugar donde recaló la responsabilidad del avance del soterramiento. En el resumen se puntearon cuatro ítems: "DGI" (sigla que para la Justicia de Brasil implica las "propinas" o coimas, también demostradas en el intercambio con Manuel Vázquez, supuesto testaferro de Jaime que reclamaba un pago); "Comisión de Redeterminación de la Secretaría de Obras Públicas -Sergio Collado", que refiere a la unidad encargada de la revisión de los contratos que, con intervención de Collado, reportaba a López.
En el segundo correo denominado "Reunión Sarmiento 29/04/10", la minuta fechada ese mismo día a las 17:44 puntualizó que se firmó un decreto por parte del ministro. Ese mismo día, el Decreto 600/2010 implicó una adenda al contrato del Sarmiento que dejaba la facultad de realizar adecuaciones del contrato en manos de Transporte, en ese momento ya ocupado por Juan Pablo Schiavi. La adenda menciona que se acordó entre el funcionario, IECSA, Odebrecht, Ghella, Comsa, y Consorcio Nuevo Sarmiento, las distintas etapas en las que se dividiría el proyecto. Mauricio Couri Ribeiro participó de la firma de ese documento. Del backup de su computadora como titular de Odebrecht en la Argentina, surgieron los contactos sospechosos entre marzo y junio de 2010. Diez días después de ese encuentro, de acuerdo con el decreto, "el contratista percibirá un primer desembolso del anticipo financiero establecido en la cláusula Vigésimo Tercera, apartado 23.9 del Contrato, equivalente al 15% del precio de la Subetapa I de la Etapa I, que a valores de fecha de oferta representa un monto de veintiún millones setenta y nueve mil doscientos setenta y uno con 53/100 ($ 21.079.271,53)". En el mail se describen cuatro puntos que describen alcances de las cláusulas firmadas. El punto 4, señala que "a 90 días, $500 MM, Bonos ANSES", en referencia a que el organismo previsional conducido entonces por Diego Bossio iba a financiar parte del proyecto. Pero a renglón seguido, se consignó la sigla "DGI" y la cifra de u$s16 millones.
El tercer correo del 27 de mayo titulado "dgi 2" apunta a un "Tatu" como receptor de los pagos.
Con la siguiente cuenta "1 + 3 + 16 = 20", se presume que millones de dólares. Un porcentaje figura al lado del nombre del ejecutivo de Odebrecht, Ernesto Baiardi (también vinculado a pagos ilegales). Se consignó un "bonus" por el Fideicomiso del Sistema Ferroviario Integrado, más la aceptación de un crédito puente de la ANSES por $590 millones.
El último correo enlistado por la Policía del examen del backup refiere el 9 de junio de 2010 a las 16:33, "Reunión con (Javier) Sánchez Caballero 10 de junio". El temario que habría mantenido el principal ejecutivo de IECSA y mano derecha de Calcaterra con Couri Ribeiro fue nuevamente consignado como "dgi´s", en plural, a lo que agregaron "contacto directo". Si esta última frase refiere a una actuación conjunta entre ambos para el pago de esos sobornos es parte de la investigación del capítulo local. Hay seis expedientes abiertos que involucran a los jueces Sebastián Ramos, Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y el titular de la Procuradurìa de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez que procuran acceder a la información completa del "Lava Jato" y así dar comienzo formal al capítulo argentino del escándalo.
