Finalmente las represas de Santa Cruz comenzarán a construirse. Lo había adelantado el propio Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería, durante el fin de semana a un grupo de personas y ahora fue el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, quien lo confirmó a la agencia estatal Télam.
El empresario cordobés dijo el fin de semana pasado que "un año y dos meses después podemos retomar los trabajos para la construcción de las represas patagónicas, revalidando el principal proyecto hidroeléctrico argentino con la nueva administración del gobierno nacional".
Ayer fue el turno de confirmarlo por parte del Gobierno y Sruoga dijo que "antes o después del invierno estamos confiados en que se reinicien las obras", del complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic al tiempo que señaló que "bien hecha, esta obra es positiva. Tiene mínimo impacto en el ambiente y un alto impacto económico en la provincia".
El proyecto de las represas fue presentado internacionalmente en 2012, y un año más tarde adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Electroingeniería, la firma China Gezhouba Group e Hidrocuyo.
En 2014, el Gobierno aprobó el modelo de contrato con China para que financie parte de la obra, y en febrero de 2015 se ordenó su inicio que comenzaron pero el cambio de Gobierno puso en duda su continuidad.
La administración Cambiemos llevó adelante una readecuación de precios y del proyecto, lo que significó que se firmara un nuevo contrato.
En septiembre del año pasado las empresas y el Ministerio de Energía y Minería firmaron la adenda IV (una modificación del contrato original sin necesidad de suscribir uno nuevo) que implicó que el proyecto contará con menos turbinas -pasa de las 11 originales a ocho-, por lo que la represa Kirchner que tenía previsto seis turbinas finalmente estará equipada con cinco y la Cepernic se reducirá de cinco a tres.
El cambio implica una modificación en la cantidad de generación de energía, que pasará de las 1760 MW que iba a generar originalmente a 1290 MW de potencia.
Además, el nuevo contrato introdujo una línea nueva de alta tensión.
La adenda también sirvió para fijar los nuevos costos y plazos. Luego de una evaluación de costos y de la aplicación del Decreto 691 sobre Redeterminación de Precios, la obra pasó de los u$s 7000 millones originales a u$s 4500 millones. En lo referido al plazo de concreción se estiró de 66 a 80 meses.
Además, quedó establecido que una vez concluida la obra los derechos de venta de energía pasarán a manos del Estado nacional y la provincia de Santa Cruz recibirá 12% de regalías por la generación, que se pagará en energía.
Una vez acordado el nuevo contrato, en octubre pasado las empresas lanzaron una licitación local e internacional para la compra de hierro, equipos de comunicación, camiones, y hasta termotanques por más de $ 2000 millones, lo que significaba que las obras tomaban impulso.
Esto quedó trunco cuando en el 22 de diciembre, y por un fallo unánime, la Corte Suprema frenaba la obra a la espera de un estudio ambiental. Aunque formalmente el tribunal supremo no se expidió, los dichos del empresario y del funcionario público confirmarían que el informe de Impacto Ambiental habría dado el visto bueno.
