La contraloría precisa que entre el 2004 y 2014 se dieron 11 leyes que viabilizaron obras de constructoras hoy investigadas
Las empresas brasileñas involucradas en el Caso Lava Jato tuvieron un marco legal de respaldo para adjudicarse proyectos en el Perú. La Contraloría General de la República detectó 11 normas, emitidas entre el 2004 y el 2014, que viabilizaron las obras de las constructoras ahora investigadas.
Una de esas normas incluso limitó la capacidad de la contraloría en el proceso de emisión de opinión previa sobre las obras. Fue a través del Decreto de Urgencia 047-2008, dado el 18 de diciembre del 2008, que consideró “disposiciones extraordinarias” en el contexto de la “crisis financiera internacional” de entonces.
El decreto se aplicó, por ejemplo, en los casos de la carretera IIRSA Centro y el Proyecto Especial Chavimochic, ejecutados por Odebrecht. “Se estableció que la viabilidad de los proyectos podía ser otorgada con estudios a nivel de prefactibilidad”, indica el informe de la contraloría remitido a la Comisión Lava Jato del Congreso.
En el 2008 también se promulgó la Ley 29207, que declaró de necesidad pública y de interés nacional la construcción de la ferrovía transcontinental Brasil-Perú. “Acá se estableció un régimen de especialidad y exclusividad, por el cual las disposiciones de la ley prevalecen sobre cualquier norma”, apunta la institución que preside Edgar Alarcón.
A finales del 2008 también se publicó la Ley 29309, la cual estableció que era una necesidad pública la continuación de la ejecución de los tramos 2 (por Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, Constructora Norberto Odebrecht Sucursal Perú e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), 3 (Norberto Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales) y 4 (Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao Sucursal Perú) de la Interoceánica Sur.
“Se dispuso la ejecución de las obras adicionales que no hubieran sido cubiertas por el 100% de los pagos anuales por obras establecidos en los contratos”, especifica la contraloría. La Interoceánica Sur alcanzó aproximadamente US$643 millones en adicionales.
En el 2006, se dio la denominada ley Odebrecht. Se trata de la Ley 28670, presentada por el ex congresista de Perú Posible Gilberto Díaz y aprobada con inusual rapidez en la Comisión Permanente durante el receso del Congreso, el 26 de enero del mismo año.
La norma suscrita por el entonces mandatario Alejandro Toledo declaró de necesidad pública la construcción de los tramos 1 (Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), 2 y 3 de la IIRSA Sur. En la audiencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en la que se dictó prisión preventiva contra el ex jefe del Estado, el juez Richard Concepción refirió que, gracias a esa medida, el consorcio integrado por Odebrecht y la compañía peruana Graña y Montero pudo obtener la buena pro, pese a que la contraloría había advertido que ninguna de las dos constructoras mencionadas podía contratar con el Estado, debido a que ambas tenían procesos judiciales pendientes.
“El Estado varió las reglas de juego en beneficio de Odebrecht. Hubo una ley con nombre propio y cuyo fin fue subsanar defectos legales del proceso en el que se otorgó la concesión”, enfatizó Concepción.
En diálogo con El Comercio, Díaz negó que su proyecto de ley haya tenido como finalidad favorecer a Odebrecht. Explicó que su intención fue impulsar el proyecto Majes Siguas II, pues beneficia directamente a la región Arequipa, por la que él fue electo.
En el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) también se emitió una medida que sirvió a los intereses de Odebrecht. Se trata de la Ley 30281, que garantizó, entre otros, el gasoducto sur peruano (GSP).
“Se ratificó la plena validez de las acciones, actos y procedimientos realizados y aquellos que resulten necesarios para garantizar la ejecución del proyecto”, dice el reporte de la contraloría.
El gasoducto sur peruano es la obra de mayor envergadura de Odebrecht en el Perú, pues demandó una inversión de US$7.329 millones. En esa ocasión, formó un consorcio con la firma española Enagás, al que después se sumó Graña y Montero.
A la fecha, la contraloría ha detectado un presunto perjuicio económico de US$136 millones para el Estado Peruano.
Bastó una referencia en el testimonio que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, ofreció a los fiscales peruanos para desatar una tempestad de pronóstico reservado en la constructora Graña y Montero, la más grande del país.
Entre aquella confesión, el colaborador eficaz de la justicia reconoció que Odebrecht había entregado tres millones de dólares para la campaña de Ollanta Humala en 2011, donde fue elegido presidente. También habló del soborno de 20 millones de dólares entregado al expresidente Alejandro Toledo —hoy prófugo de la justicia, con una orden de presión preventiva en su contra—, con el que la empresa brasileña se aseguró la concesión de la Carretera Interoceánica Sur, que enlaza Perú con Brasil.
Cuando los fiscales preguntaron si las empresas peruanas consorciadas con Odebrecht en la Interoceánica conocían estas prácticas corruptas, Barata respondió: "El pago [a Toledo] ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondería".
Esto implicaba a Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales, que formaron el consorcio CONIRSA con la brasileña. De todas, Graña y Montero es la más importante, y la que enfrentó las peores consecuencias.
Medir el impacto de una denuncia de corrupción en una empresa como Graña y Montero, que cotiza en bolsa (en Lima y Nueva York), resulta imposible. En este caso, la incertidumbre despertó una fuerte presión de venta inmediata entre los inversionistas. Espoleadas por los acontecimientos políticos, sus acciones registraron una histórica caída de 33,3% en la bolsa peruana y de 34,7% en la bolsa de Nueva York. En Lima perdieron 1,10 soles y tocaron un piso de 2,20 soles, con una pérdida acumulada de 35% en la semana.
Por sus dimensiones, Graña y Montero es una empresa con numerosos intereses cruzados. Según el último informe de la Superintendencia de Banca y Seguros, las cuatro administradoras del sistema privado de pensiones han invertido cerca de 1.300 millones de soles (unos 370 millones de dólares) en acciones de la empresa.
La empresa intentó capear esta turbulencia con un comunicado de prensa, donde negó rotundamente las afirmaciones de Barata. "Reiteramos que nuestra empresa o nuestros ejecutivos nunca conocieron, ni menos gestionaron o realizaron pago alguno en relación a algún tipo de soborno o reembolso por pagos de ese tipo, realizados por Odebrecht, tal como ellos han declarado", agregó.
El comunicado sirvió de poco. A las pocas horas de publicado, se supo que Rosen Law Firm, un estudio de abogados que representa a un grupo global de inversionistas, evalúa abrir una Acción Colectiva en contra de la constructora, para recuperar las pérdidas sufridas por sus accionistas en Nueva York. Su argumento es que “Graña y Montero pudo haber emitido información de negocios materialmente engañosa al público inversionista”. Todo empeoraría si la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la SEC) decide intervenir de oficio, al amparo de las estrictas leyes antifraude de ese país.
En la tarde del viernes un grupo de fiscales intervino las oficinas de Graña y Montero, para recabar toda la información posible sobre los contratos que suscribió con Odebrecht. En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público indicó que estas diligencias estaban orientadas a esclarecer la investigación de un caso distinto a la concesión de la Carretera Interoceánica. Se trata del Gasoducto Sur, una de las mayores obras de infraestructura en la historia de Perú (contempla una inversión de más de 7.300 millones de dólares).
La operación ha quedado en suspenso luego de que el consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero y la española Enagás la perdiera, al vencerse el plazo para el financiamiento. Como consecuencia, el Estado peruano ejecutó la mayor penalidad de la historia, 262 millones de dólares.
