El sector del carbón en España afronta un futuro incierto a partir de 2019, una vez finiquitadas las ayudas públicas a la producción nacional y cuando solo las minas competitivas podrán permanecer abiertas. Pero el panorama no será igual para todas.
Para el presidente de la patronal Carbunión, José Pedro Iglesia, “las explotaciones a cielo abierto lo tendrán más fácil para sobrevivir por sus menores costes de producción, pero la viabilidad de las subterráneas dependerá en gran medida de la complejidad de cada yacimiento y de la evolución del precio del carbón internacional”. Y este puede ser muy volátil: “Por ejemplo, en 2016, después de estar descendiendo hasta mayo, se duplicó entre junio y diciembre”.
La capacidad rentable de producción en Españaes de entre 3 y 5 millones de toneladas
En opinión del experto Alberto Martín Rivals, socio responsable de energía de la consultora KPMG, el escenario más probable, una vez finalizado 2018, es la rápida desaparición de este combustible como fuente de generación eléctrica en España. “La diferencia de costes con el carbón importado no justifica, por lo general, las inversiones en desnitrificación de las centrales a las que obliga la regulación europea antes de 2020, con la excepción de algún caso puntual de minería a cielo abierto. El resto de plantas de generación tendrán que cerrar en los próximos años o, alternativamente, reconvertirse a carbón importado si están situadas cerca de la costa”.
Sin embargo, el analista de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Carlos Fernández, está convencido de que en España “hay una capacidad de producción de entre tres y cinco millones de toneladas anuales aproximadamente, que puede ser rentable sin subvenciones a la producción”. Aunque advierte de que “la continuidad de estos yacimientos dependerá de su explotación racional y, sobre todo, de la continuidad de las centrales que puedan comprar el carbón producido”.
La minería española ya ha experimentado una importante reducción en las últimas décadas. En 1990, el sector estaba compuesto por 234 empresas y 45.212 trabajadores, que producían 19,32 millones de toneladas, según la Comisión Europea. Pero en 2015, el Ministerio de Energía contabilizaba 15 empresas, 3.324 empleados y una producción de 3,04 millones de toneladas (893.000 a junio de 2016), últimos datos disponibles.
El descenso de la demanda en favor de las energías renovables y la presión a la baja sobre los precios del carbón, por un exceso de capacidad en los mercados mundiales, han puesto en entredicho la supervivencia de las pocas empresas que quedan. Además, la Unión Europea aprobó en 2010 el fin progresivo de las ayudas. Todo ello ha llevado al Gobierno español a adoptar una liquidación ordenada de las actividades mineras con subvenciones que, en caso de no producirse el cierre, deberían ser devueltas.
El plan que lleva a cabo el Gobierno español comprende un volumen de subvenciones de 2.130 millones de euros entre los años 2011 y 2021, con ayudas para los procesos de cierre, restauración medioambiental y pérdidas de producción.
Y el futuro para las minas que logren sobrevivir tampoco es nada halagüeño. El comisario europeo responsable de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, recordó recientemente algunas ideas del informe Monti (sobre el mercado único europeo) para disponer de más recursos propios europeos, como “un impuesto indirecto a los productos altamente contaminantes, una tasa de emisiones de carbono o impuestos especiales a los combustibles fósiles”.
Esta nueva carga vendría a unirse a la necesidad de cumplir la directiva europea sobre emisiones industriales, que exige importantes ajustes. Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte, advierte de que “el problema al que se enfrenta el carbón nacional es que las inversiones a realizar en las plantas de generación eléctrica son muy elevadas”; razón por la cual estima que la mitad del parque de generación actual de carbón cierre en los próximos dos o tres años.
Mientras, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha defendido que no prescindirá de ninguna fuente de energía, ni siquiera del carbón, ya que ahora no es posible que el sistema funcione al 100% solo con renovables. Y en el reciente congreso nacional del Partido Popular se dio la última clave para el horizonte del sector, con una enmienda que incluía el carbón en el mix energético español a partir de 2019 y la voluntad de que las empresas que permanezcan en el mercado no tengan que devolver las ayudas. Solo queda por saber cuántas sobrevivirán.
El sector parece estar abocado a una liquidación progresiva que ya está en marcha. Los últimos datos del plan de cierre de empresas mineras arrojaban que cuatro de ellas ya habían clausurado todas sus unidades, dos habían cesado la producción y solo nueve seguirían en funcionamiento hasta 2018. De forma paralela, las ayudas a la producción se han ido reduciendo desde los 301,5 millones de euros de 2011 hasta los 27,6 millones de 2015 (17 millones hasta junio de 2016), según datos de la patronal Carbunión.
Hasta ahora, la extracción de carbón se concentraba en cuatro comunidades autónomas: Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón. El combustible se utiliza fundamentalmente para producir electricidad. En 2015 generó 18,1 TWh de electricidad, que cubrió aproximadamente el 7% de la demanda total del país.
En el ámbito internacional, el consumo mundial de carbón (responsable de casi la mitad de las emisiones de CO2 del sector energético), viene cayendo desde 2014 debido especialmente a la menor demanda de China y EE UU. En 2015, la reducción fue del 2,7% y no se esperaban repuntes en 2016, estiman en la Agencia Internacional de la Energía.
La propia Comisión Europea puso en tela de juicio, recientemente, las ayudas al carbón español que el propio organismo autorizó. El informe sobre la situación y fiscalidad medioambiental en la UE indica que España “todavía subvenciona combustibles fósiles, como el carbón”, e insta al Gobierno a fijar objetivos políticos menos perjudiciales”.
