El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, se enfoca en la simplificación administrativa del sector. Confía en que al menos tres mineras retomen sus operaciones.

En un panorama de inversión minera en el que los megaproyectos han cumplido su ciclo, el despacho de Energía y Minas busca recuperar la confianza de los inversionistas y la ciudadanía, apunta su titular, Gonzalo Tamayo. Como ya lo ha anunciado desde su llegada al ministerio, dos son los aspectos que Tamayo apunta a solucionar: la reducción de costos administrativos y la gestión de conflictos sociales.

Esta semana, Tamayo y una delegación de otros funcionarios, que incluyen al primer ministro Fernando Zavala, se alistan para asistir a la Conferencia del PDAC (Prospectors&Developers Association of Canada), uno de los eventos de promoción minera más importantes del mundo que se realiza usualmente en marzo. Este año, al igual que el anterior, el Perú es nuevamente país patrocinador. Tras un 2016 que dejó una mejora considerable de los precios de los metales, la expectativa está en ver un PDAC más optimista, pues la asistencia a este evento ha caído consistentemente desde el 2014.

En esta entrevista, el ministro Tamayo detalla el estado de algunos proyectos mineros que liderarían la reactivación del sector hacia el 2018, las primeras simplificaciones administrativas que realizará y su visión de los fundamentos que respaldan la recuperación del precio del cobre, un metal que el Perú produjo por delante de China, por primera vez, en el 2016.

-Ya ha anunciado que su expectativa para la reactivación minera está en el 2018. ¿A cuánto ascendería la inversión de esa reactivación?

Prefiero no dar números ahora. Lo que estamos viendo es que durante este 2017 y el próximo año hay un conjunto de proyectos mineros medianos en curso. Esperamos que haya decisiones, sobre todo en el segundo semestre, de Marcobre [Minsur], Pampa del Pongo [Zhongrong Xinda], Corani [Bear Creek], Michiquillay [Anglo American].

-En el caso de Marcobre, operadora del proyecto Mina Justa de Minsur, ¿qué hace falta para que entre en operación?

Se están haciendo evaluaciones finales. Hay temas logísticos a los cuales hay que encontrar una solución portuaria. Pero ello es parte del desarrollo natural de un proyecto. La ventaja que tiene el proyecto es que está en una zona [Nazca] donde la posibilidad de conflictos sociales es menor que en otras.

-¿La solución portuaria depende de las inversiones en puertos de la zona [Paita, Paracas]?

Efectivamente, en la zona hay interés de inversiones portuarias, probablemente de gran tamaño. Pero una mina como Justa necesita primero algún tipo de facilidad logística para, eventualmente, transportar combustibles, que podrían ir por tierra, y ácido sulfúrico. Para el embarque de concentrados, por ejemplo, necesitará algún tipo de puerto más sencillo en lugar de uno muy grande que tomará tiempo conseguir. Esperamos que la empresa anuncie pronto que va adelante con el proyecto.

-¿Qué hay acerca de la mina Pampa de Pongo, en Arequipa? ¿Cuál es su estado de avance?

Este proyecto, al igual que Marcobre, está cerca a la costa, con un promotor que lo adquirió de otro anterior que tenía dificultades financieras. Está en el curso natural de avanzar, mas que haya una limitación [para su operación]. Marcobre, Pampa de Pongo y Quellaveco son proyectos cercanos a la costa, que tienen condiciones sociales favorables, y que tienen que completar su proceso de solución de necesidades logísticas o energéticas, salvo Quellaveco, donde la empresa tiene que tomar una decisión meramente financiera.

-Las mejores expectativas mineras dependen más de la tendencia los precios de los metales. ¿No ve un riesgo de especulación, por ejemplo, en el cobre?

Es cierto que situaciones de corto plazo, como las huelgas en Chile, harán que el precio suba. Naturalmente, cuando ello regrese a la normalidad, el precio regresará a la baja. Pero la tendencia natural, considerando de dónde venía el precio del cobre hace unos meses, de US$2.30 a US$2.80 por libra, que son consecuencia de las interrupciones en cadenas de suministro, dice que hay sustento en base a la demanda de China, al plan de infraestructura de Estados Unidos, y a las limitaciones de costos en otros productores importantes que no citaré.

Además, desde una perspectiva de mediano plazo, los principales analistas del mercado plantean que el precio del cobre puede estar en US$3 la libra en el 2020 en términos reales, es decir, un precio nominal de US$3.20, con la volatilidad natural que ello implica. Sí, puede haber una corrección de corto plazo, pero el precio estructural es más alto de lo que se pensaba hace seis meses e incluso hace un año. Nadie toma decisiones sobre un precio del cobre que cayó 5 centavos, sino a largo plazo.

-Sobre su asistencia al PDAC, ¿cuál será la propuesta del Perú para los -inversionistas?

Estamos yendo con dos mensajes, pues reconocemos que el contexto de los últimos años nos ha afectado, no sólo por los precios internacionales, sino también porque la percepción de los inversionistas en dos aspectos.

El primero es la elevación de barreras burocráticas y costos administrativos. En los últimos cinco años hemos visto un aumento en los costos de transacción de llevar a cabo proyectos. Esto tiene que tienen que ver con la participación de nuevas agencias de gobierno donde se tienen que realizar trámites que, a veces, no van a la velocidad que se requiere. Estamos hablando de todo el proceso de descentralización de unas cinco entidades que antes no existían, desde Senace, Serfor, Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y otras más. Necesitamos un esfuerzo claro de alinear a todas entidades para entender que el desarrollo de la minería moderna es una fuente importante de divisas para nuestro desarrollo.

El segundo tema es la gestión de conflictos sociales. Proyectos con nombres que uno reconoce rápidamente se han estancado. Una de las herramientas para sacar proyectos adelante es tener un trabajo más coordinado entre las diferentes entidades de gobierno, a fin de revertir la desconfianza sobre los ofrecimientos del gobierno central en cuanto a agua, saneamiento o educación.

-Sobre los costos de transacción, ¿de qué forma y qué meta tiene el MEM para reducirlos? ¿Qué de diferente haría, por ejemplo, frente al gobierno anterior?

El gobierno anterior no promovió las actividades de recursos naturales y tenía un mensaje ambivalente. Si de las altas autoridades del gobierno anterior no había un mensaje claro sobre cómo impulsar la explotación sostenible de recursos naturales, difícilmente se avanza en las instancias intermedias. De otro lado, es difícil poner una meta porque [éstos costos] se relacionan, por ejemplo, a procedimientos que se inician de manera electrónica pero que terminan siendo impresos y van de ministerio a ministerio. Eso genera demoras.

-¿Cuál sería un primer resultado de esta reducción de costos administrativos?

La modificación del reglamento de exploración, que esperamos tener a fin de mes, a más tardar a inicios de marzo.

Se trata de una simplificación administrativa, así como temas relacionados a la seguridad y capacitación, donde se nos fue un poco la mano y hay requerimientos excesivos que necesitan modificación.

-Se ha incluido a Tía María en la cartera de proyectos para el 2019, ¿aún es posible sacarlo adelante?

¿Por qué alguien lo quitaría [de la cartera]? Lo que el ministerio está viendo es un conjunto de proyectos que merecen ser apoyados.