El Ministerio de Energía descartó la posibilidad de indemnizar a la empresa Odebrecht por la rescisión del contrato realizado durante el kirchnerismo para la ampliación de gasoductos troncales. La decisión de Juan José Aranguren de dar de baja esa contratación realizada hace una década está fundada en las irregularidades denunciadas por organismos de control público y la propia Nación Fideicomiso SA (Nafisa).

"En ningún caso se han aceptado ni reconocido reclamos de la empresa contratista por la rescisión contractual", advirtió el ministerio a La Nación. De todos modos aclararon que "los montos que eventualmente corresponda reconocer por trabajos realizados u otros conceptos que deban abonarse correspondientes a la etapa de ejecución contractual, si correspondieran, son de causa previa a la rescisión".

Tal como consignó La Nación. el último domingo, el Ministerio de Energía ordenó, a través de la resolución 224, rescindir un contrato para aumentar la capacidad de transporte, que se basó en un complejo sistema financiero que tenía a Nafisa como comitente del contrato celebrado con Odebrecht, adjudicatario de obras millonarias que las transportadoras TGN y TGS gerenciaron durante una década bajo el control del Enargas.

La Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) acusaron varias irregularidades en el proceso que, sumadas a los hallazgos de Nafisa, llevaron a este fideicomiso a pedirle a la Justicia que investigue la posible comisión de delitos. En ese marco, Energía ordenó suspender, primero, y rescindir, después, un contrato que el Estado no había rubricado pero en el que tiene competencia como organizador y controlador.