Solo en Perú y solo en algunas de las obras contratadas con instituciones del Estado, la constructora brasileña Odebrecht ha conseguido cobrar 4 mil 693 millones 710 mil soles en sobrecostos. Si quieres saber hasta los centavos, esta es la cifra completa:  S/. 4'693'710,471.97 

Para entender lo que son estos sobrecostos, imagínese que usted va a pintar su casa. Consulta con varios pintores y uno de ellos le ofrece hacerle el trabajo por mil soles. Conforme el pintor va avanzando su trabajo, empiezan a presentarse algunos gastos adicionales que usted accede a pagar porque, digamos, hay algunas cositas que escapan del cálculo inicial. Pero imagínese que el pintor termina y resulta que el trabajo ya no le costará mil soles, sino dos mil quinientos. Obviamente, usted no aceptaría pagar tremendo sobrecosto.

El Estado peruano pagó sin chistar. Ahí estaba la trampa. Odebrecht entregó sobornos millonarios y estos funcionarios se hicieron de la vista gorda, y aceptaron que la empresa recuperara lo pagado en coimas cobrándole al Perú sobrecostos en cada contrato arreglado bajo la mesa. Negocio redondo.

Según el diario Folha de Sao Paulo, Odebrecht pagó en Brasil y otros once países (incluyendo el Perú) aproximadamente.

Un billón de dólares en sobornos.

 Para recuperar ese dinero, se calcula que la empresa cobró en sobrecostos es esa cifra mucho mayor. En la siguiente línea de tiempo se detallan las obras más emblemáticas y millonarias de la constructora brasileña en el Perú, y el sobrecosto que hubo en cada una.

Contratos con yapa

El portal IDL Reporteros ha logrado calcular que ese sobrecosto que el Gobierno peruano pagó, solamente por algunas de las obras de Odebrecht, supera los 4 mil millones de soles. El medio admite no haber revisado todos los contratos y que ese monto podría ser muchísimo más alto.

Los gobierno de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala realizaron obras de enorme envergadura, que indudablemente han significado un avance para el país y para la calidad de vida de los peruanos. Pero tal como se ha revelado, todos los ciudadanos han pagado por ellas muchísimo más de lo necesario, a expensas de más obras, más programas sociales o mejores sueldos para los trabajadores.

Ese dinero que se pagó de más y que pudo haber servido para aliviar la pobreza, se fue directamente a engordar las millonarias y malhabidas cuentas bancarias de empresarios y funcionarios corruptos.

Odebrecht durante el fujimorismo 

Si bien las obras realizadas por Odebrecht durante el gobierno de Alberto Fujimori no están siendo analizadas en las investigaciones del caso Lava Jato, algunas voces han señalado que durante el periodo comprendido entre 1990 y 2000, la constructora brasileña fue la que más contratos obtuvo durante ese gobierno. Los sobrecostos de las obras contratadas en esa época superan los 506 millones de soles.

MARIO VARGAS LLOSA

Algún día habrá que levantar un monumento en homenaje a la compañía brasileña Odebrecht, porque ningún gobierno, empresa o partido político ha hecho tanto como ella en América latina para revelar la corrupción que corroe a sus países ni, por supuesto, obrado con tanto empeño para fomentarla.

La historia tiene todos los ingredientes de un gran thriller. El veterano empresario Marcelo Odebrecht, patrón de la compañía, condenado a diecinueve años y cuatro meses de prisión, junto con sus principales ejecutivos, luego de pasarse un tiempito entre rejas anunció a la policía que estaba dispuesto a contar todas las pillerías que había cometido a fin de que le rebajaran la pena. (En Brasil llaman a esto "las delaciones premiadas"). Comenzó a hablar y de su boca -y las de sus ejecutivos- salieron víboras y ponzoñas que han hecho temblar a todo el continente, empezando por sus presidentes actuales y pasados. El señor Marcelo Odebrecht me recuerda al tenebroso Gilles de Rais, el valiente compañero de Juana de Arco, que, llamado por la Inquisición de Bretaña para preguntarle si era cierto que había participado en un acto de satanismo con un cómico italiano, dijo que sí, y que, además, había violado y acuchillado a más de trescientos niños porque sólo perpetrando esos horrores sentía placer.

La compañía Odebrecht ha gastado cerca de 800 millones de dólares en coimas (sobornos) a jefes de Estado, ministros y funcionarios para obtener licitaciones y contratos, que, casi siempre escandalosamente sobrevaluados, le permitían obtener ganancias sustanciosas. Esto venía ocurriendo hace muchos años y, acaso, nunca hubiera sido castigado si entre sus cómplices no estuviera buena parte de la directiva de Petrobras, la petrolera brasileña que, investigada por un juez fuera de lo común, Sergio Moro -es un milagro que esté todavía vivo-, destapó la caja de los truenos.

Hasta el momento hay tres mandatarios latinoamericanos implicados en los sucios enjuagues de Odebrecht: de Perú, Colombia y Panamá. Y la lista sólo acaba de comenzar. El que está en la situación más difícil es el ex presidente peruano Alejandro Toledo, a quien Odebrecht habría pagado 20 millones de dólares para asegurarse los contratos de dos tramos de la Carretera Interoceánica que une, a través de la selva amazónica, al Perú con el Brasil. Un juez ha decretado contra Toledo, que se halla fuera del Perú en condición de prófugo, prisión preventiva de dieciocho meses mientras se investiga su caso; las autoridades peruanas han dado aviso a la Interpol; el presidente Kuczynski ha llamado al presidente Trump pidiendo que lo devuelva al Perú (Toledo tiene un trabajo en la Universidad de Stanford) y el gobierno israelí ha hecho saber que no lo admitirá en su territorio mientras no se aclare su situación legal. Hasta ahora, él se niega a regresar, alegando que es víctima de una persecución política, algo que ni sus más ardientes partidarios -le quedan ya pocos- pueden creer.

Me apena mucho el caso de Toledo porque, como ha recordado Gustavo Gorriti en uno de sus excelentes artículos, él encabezó con gran carisma y valentía hace diecisiete años la formidable movilización popular en el Perú contra la dictadura asesina y cleptómana de Fujimori y fue un elemento fundamental en su desplome. No sólo yo, toda mi familia se volcó a apoyarlo con denuedo. Mi hijo Gonzalo se gastó los ahorros que tenía en la gran Marcha de los Cuatro Suyos, en la que miles, acaso millones, de peruanos se manifestaron en todo el país a favor de la libertad. Mi hijo Álvaro dejó todos sus trabajos para apoyar a tiempo completo la movilización por la democracia y, a la caída de Fujimori, su campaña presidencial hasta la primera vuelta, y fue uno de sus colaboradores más cercanos.

Luego, algo extraño ocurrió: rompió con él, de manera precipitada y ruidosa. Alegó que había oído, en una reunión de Toledo con amigos empresarios, algo que lo alarmó sobremanera: Josef Maiman, el ex potentado israelí, dijo que quería comprar una refinería que era del Estado y un canal de televisión. (Maiman, según las denuncias de Odebrecht, ha sido el testaferro del ex presidente y sirvió de intermediario haciendo llegar a Toledo por lo menos 11 de los 20 millones recibidos bajo mano para favorecer a aquella empresa). Cuando ocurrió aquello, pensé que la susceptibilidad de Álvaro era exagerada e injusta y hasta tuvimos un distanciamiento. Ahora, me excuso con él y alabo sus sospechas y olfato justiciero.

Espero que Toledo regrese al Perú motu proprio, o lo regresen, y sea juzgado imparcialmente, algo que, a diferencia de lo que ocurría durante la dictadura fujimorista, es perfectamente posible en nuestros días. Y si es encontrado culpable, que pague sus robos y la enorme traición que habría perpetrado con los millones de peruanos que votamos por él y lo seguimos en su campaña a favor de la democratización del Perú contra los usurpadores y golpistas. Lo traté mucho en esos días y me parecía un hombre sincero y honesto, un peruano de origen muy humilde que por su esfuerzo tenaz había -según le gustaba decir- "derrotado a las estadísticas", y estaba seguro de que haría un buen gobierno.

Lo cierto es que -pillerías aparte, si las hubo- lo hizo bastante bien, pues en esos cinco años se respetaron las libertades públicas, empezando por la libertad para una prensa que se encarnizó con él, y por la buena política económica, de apertura e incentivos a la inversión, que hizo crecer al país. Todo eso ha sido olvidado desde que se descubrió que había adquirido costosos inmuebles y dio unas explicaciones -alegó que todo aquello había sido adquirido por su suegra ¡con dinero del celebérrimo ¡Josef Maiman!- que en vez de exonerarlo nos parecieron a muchos comprometerlo todavía más.

Las "delaciones premiadas" de Odebrecht abren una oportunidad soberbia a los países latinoamericanos para hacer un gran escarmiento contra los mandatarios y ministros corruptos de las frágiles democracias que han reemplazado en la mayor parte de nuestros países (con las excepciones de Cuba y Venezuela) a las antiguas dictaduras. Nada desmoraliza tanto a una sociedad como advertir que los gobernantes que llegaron al poder con los votos de las personas comunes y corrientes aprovecharon ese mandato para enriquecerse, pisoteando las leyes y envileciendo la democracia.

La corrupción es, hoy en día, la amenaza mayor para el sistema de libertades que va abriéndose paso en América latina luego de los grandes fracasos de las dictaduras militares y de los sueños mesiánicos de los revolucionarios. Es una tragedia que, cuando la mayoría de los latinoamericanos parece haberse convencido de que la democracia liberal es el único sistema que garantiza un desarrollo civilizado, en la convivencia y la legalidad, conspire contra esta tendencia positiva la rapiña frenética de los gobernantes corruptos. Aprovechemos las "delaciones premiadas" de Odebrecht para sancionarlos y demostrar que la democracia es el único sistema capaz de regenerarse a sí mismo.

Mediante Resolución Suprema, el Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) dió por concluido el contrato de Concesión del Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.

Precisó que la terminación de la concesión del proyecto se produjo el 24 de enero del 2017 al no haber acreditado el concesionario el cumplimiento del cierre financiero dentro del plazo contractual establecido”, establece la resolución suprema 003-2017-EM publica en el Diario Oficial El Peruano.

Se indica que la finalización del contrato se da por causa imputable al concesionario, al no haber acreditado el cumplimiento del cierre financiero dentro del plazo contractual establecido. 

Se precisa que no cabe la designación de un interventor, sin perjuicio de las acciones que puedan adoptarse en salvaguarda de los bienes de la concesión.

Conforme al Contrato de Concesión y a lo establecido por el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, la función del interventor se orienta a la supervisión de la gestión del concesionario respecto de la operación del sistema de transporte y la continuidad de la prestación del servicio.

Sin embargo, esto no es posible por cuanto la terminación de la concesión se produjo antes de la puesta en operación comercial del citado proyecto, es decir el mismo se encuentra en etapa preoperativa, por lo que no resulta aplicable el régimen de intervención de la concesión.

7 días para informar

Odebrecht tiene un plazo de siete días hábiles para entregar al Ministerio Público la información que esta requiere como parte de la investigación por la construcción del Gasoducto Sur Peruano.

Así lo establece el acta de entendimiento suscrita el viernes por el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia y la empresa brasileña. Ese día, el representante de la fiscalía encabezó una diligencia de exhibición y solicitud de documentos en la sede de la compañía en San Isidro 

El objetivo de la diligencia fue obtener información relacionada a la investigación iniciada en enero pasado contra 13 personas, entre ellas Nadine Heredia, esposa del ex presidente Ollanta Humala; así como ex funcionarios peruanos y ex directivos de la empresa.

Según informó el Ministerio Público, la diligencia se desarrolló entre las 10:40 a.m. y 2:10 p.m. del viernes. Durante ese tiempo, el equipo de fiscales liderados por Abia revisó minuciosamente la documentación de las oficinas y recabó información relacionada a información reservada vinculada al gasoducto.

Reynaldo Abia es titular del tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios.