El ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó hoy que en los próximos cinco años el Gobierno invertirá cuatro mil 500 millones de dólares para proyectos hidrocarburíferos en el departamento de Tarija.

En los últimos 11 años se ha puesto un capital de tres mil 500 millones de dólares y en el futuro aumentaremos el monto para garantizar la producción y, fundamentalmente, los ingresos como regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por décadas, precisó el titular.

Sánchez comentó que entre los logros más importantes del Gobierno en materia de hidrocarburos sobresale el incremento en la producción de gas en Tarija de 24 millones de metros cúbicos día (MMmcd) a casi 40 MMmcd.

Asimismo, dijo que se han construido plantas para procesar este recurso en Sábalo, Itaú, Margarita y Caigua; las cuales son fuertes inversiones.

Bolivia invirtió desde 2006 unos 12 mil 677 millones de dólares en el sector de los hidrocarburos, como parte de los planes de convertir al país en un importante nodo energético en Sudamérica.

Ello contrasta con los cinco mil 947 millones de dólares asignados al desarrollo de esa área de 1985 a 2005.

El presidente Evo Morales señaló en varias ocasiones que hace una década solo existían dos refinerías de petróleo, una en Santa Cruz y otra en Cochabamba, ambas privadas.

Sin embargo, en 2006 se recuperaron ambas plantas para el Estado, pero además se edificaron dos más de separación de líquidos, en Río Grande y Gran Chaco.

Al mismo tiempo se construyen otras dos industrias, la de fertilizantes en territorio cochabambino y la de tuberías plásticas en la ciudad de El Alto, que junto a la de propileno y polipropileno en la sureña Tarija conformarán el primer polo petroquímico de esta nación altiplánica.

Datos del Gobierno reflejan que en estos 11 años, las ganancias derivadas de la comercialización de los hidrocarburos sobrepasaron los 33 mil millones de dólares.

Brasil comercializará este año más gas y energías limpias con Bolivia, como parte de la creación de una matriz que incluye proyectos hidroeléctricos, afirmó hoy el embajador del gigante suramericano en la nación andina, Raymundo Santos.

La colaboración futura con este país permitirá el desarrollo de las relaciones entre ambos pueblos en el ámbito energético, recalcó.

Santos recordó que este año las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras, de Brasil, llevan a cabo un estudio de los contratos para la exploración de gas en las áreas San Telmo y Astilleros, del departamento de Tarija.

San Telmo y Astilleros tienen una extensión de 210 hectáreas y poseen una reserva de 3,4 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de gas natural.

Por otro lado, Bolivia prevé, a partir de marzo, aumentar los envíos de gas a Brasil con 30 millones de metros cúbicos al día (MMmcd).

Estos planes se hicieron luego de que el país redujera su demanda de gas boliviano de 28 MMmcd a 12 MMmcd, lo que se consideró un 'problema coyuntural', pues comenzó a explotar la alternativa de las hidroeléctricas por la época de lluvias.

Santos y la ministra de Planificación del Desarrollo de Bolivia, Mariana Prado, firmaron este lunes un ajuste complementario para la ejecución de un proyecto de desarrollo institucional de gestión de recursos hídricos en el país altiplánico.

Al respecto, el embajador se refirió al proyecto El Bala en la ciudad de La Paz, en el cual-resaltó-, haremos un tratado internacional para otorgar derechos y deberes de cada parte; y en ese sentido daremos el primer paso para avanzar con Bolivia en la integración energética y el área hidroeléctrica.

El diplomático participa por estos días en la II reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica de Brasil, que sesionará hasta el viernes, con el objetivo de analizar cerca de una decena de convenios relacionados con producción, medio ambiente, control aeroportuario y migración.

Pardo recordó que dicho encuentro se enmarca entre los desafíos del modelo de cooperación Sur-Sur mediante el cual se establecen lazos de amistad sobre la base del respeto a la soberanía de los Estados.