Antioquia a la vuelta de cinco años podrá ser el protagonista de que se triplique la producción de oro legal en el país, con la operación de tres proyectos en Buriticá (Occidente), Santa Rosa de Osos (Norte) y San Roque (Nordeste).

Al mismo tiempo, el departamento enfrenta el desafío de ser uno de los más afectados por la explotación ilícita de ese metal precioso por redes criminales, mineros que no se suman a la formalización y también por otros que se disfrazan de mineros de subsistencia (barequeros) para no cumplir con la ley.

Justamente, el jueves pasado el Ministerio de Minas expidió la Resolución 40103 que pone topes a la producción de la minería de subsistencia. En el caso del oro, no debe superar los 420 gramos anuales (13,5 onzas). Esto contrasta con las 107 mil personas inscritas como barequeros en el Registro Único de Comercializadores (Rucom) y que aducen producciones que superan los 2 mil gramos mensuales.

En ese sentido, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) cuestiona que ese tope es muy alto y multiplicará a los que se dicen barequeros (ver nota anexa).

Entre tanto, Conalminercol, confederación de pequeños mineros, exige voluntad real del Gobierno y grandes compañías para que despegue la formalización en el país, pues en Antioquia apenas hay 13 subcontratos de formalización.

En ese contexto, el Gobierno prorrogó el miércoles pasado hasta el último día de 2017 la condición de autoridad minera delegada de la Gobernación de Antioquia, la única en el país.

A su cargo tiene otorgar o caducar títulos mineros, así como adelantar trámites de 1.461 titulares, que tienen hoy concesionadas 1,4 millones de hectáreas en el departamento para distintas vocaciones (oro, carbón, materiales de construcción). Esto es 17,4 % del territorio, aunque más de 900 mil hectáreas están en etapas de exploración, construcción o montaje.

También a la Gobernación le corresponde fiscalizar para que los titulares cumplan con normas técnicas, ambientales, laborales y operativas. Al respecto, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, informó que se estudia girar 14 mil millones de pesos, triplicando los aportes anuales para este control.

En diálogo con El Colombiano, el funcionario respondió sobre los retos de Antioquia y el país para atajar la producción por fuera de las normas de más del 80 % del oro que hoy paga regalías y luego es comercializado dentro y fuera del país. Cante reconoció que solo 18 % de las 60 toneladas del mineral, que estima produjo el país en 2016, provinieron de títulos con licencia ambiental

Resulta poco creíble que haya 107 mil personas que, batea en mano, busquen oro en lecho de los ríos...

“Creamos el Registro Único de Comercializadores (Rucom), pero nos faltó acompañarlo de un sistema de control. Si antes desconocíamos de dónde venía el oro, hoy lo sabemos. Según el Rucom, 65 % del oro producido en el país aparece como si fuera de 107 mil barequeros. Eso sabemos que es irreal, y mirando la experiencia de otros países latinoamericanos y africanos, la posibilidad del barequeo tiene un potencial de no más de un gramo de oro al día, es decir, 30 gramos al mes y, siendo excesivos, 420 gramos al año”.

¿Por qué se permite eso?

“Hubo un hueco de la norma y se está pretendiendo legalizar el oro que proviene de actividades criminales e informales. Así que hoy en el Rucom hay barequeros que produce mil gramos de oro al mes o ganan 200 millones de pesos año”.

¿Qué responsabilidad cabe a los comercializadores?

“Se escudan en que a ese productor que compran aparece como barequero, así produzca 2 mil gramos al año. Pero también los requerimos al preguntar que si compraron tal cantidad, dónde está el RUT, la factura y el IVA”.

¿Cuál es la solución?

“Expedimos este jueves una resolución que pone topes máximos de producción por barequero de 35 gramos de oro mensual como minería de subsistencia”.

Pero, para saltarse la norma, se multiplicarán los barequeros...

“Efectivamente, pueden aparecer miles más. Por eso expediremos un decreto complementario en próximos días, que revaluará condiciones para estar inscrito en el Rucom. Me refiero a que tenga RUT, tradición en el territorio, que esté en el Sisbén, que el barequero solo pueda estar inscrito en una alcaldía”.

¿Se mantiene que declare su oro y pague regalías en otro municipio distinto al de donde sacó el mineral?

“Tenga en cuenta el alto grado de trashumancia de los barequeros. Los titulares mineros sí deben declararlo en el municipio origen de la producción”.

Con todo, la comercialización de oro ilegal sigue...

“Tenemos que volcar el combate de la explotación ilícita de la persecución al pequeño minero en el territorio y pasar al combate de toda la cadena de producción, beneficio, comercialización y exportación. Mientras exista acá un señor dispuesto a comprar todo oro ilegal, habrá un pequeño minero que esté dispuesto a venderle para sobrevivir”.

¿El Gobierno contempla intervenir el comercio de oro?

“Es una actividad que ha sido poco controlada en el país. En el proyecto de ley de explotación ilícita de minerales que radicamos en el Congreso, el año pasado, incluimos una serie de herramientas para que la explotación ilícita sea en sí un delito, sin tener que demostrar su afectación al medio ambiente. Además propone que tal delito se extienda a toda la cadena: aquí podemos estar frente a un evidente lavado de activos, que se promueve por quien compra el oro en el territorio, así como por empresas que lo comercializan y exportan”.

¿Habría sanciones para las comercializadoras?

“El proyecto busca mecanismos para que la autoridad minera, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y otras entidades tengan mecanismos de control y sanción para aquellas comercializadoras que incumplan parámetros establecidos”.

¿Aprobar este proyecto hará parte del fast track?

“Analizamos al interior del Gobierno la conexidad que tenga con los acuerdos con las Farc. Desde el Viceministerio consideramos que muchos componentes sí guardan relación, porque hay argumentos de combates a la criminalidad, que aparecen en lo acordado”.

Mientras no sea ley, ¿se está perdiendo la guerra contra la minería criminal?

“Tenemos que avanzar en mecanismos y capacidades institucionales para perseguir a toda la cadena y no solo al productor ilegal”.

De otro lado, con los proyectos licenciados en Buriticá, Santa Rosa de Osos y San Roque, ¿cuáles son las perspectivas de la producción nacional de oro?

“Estimamos que pueden ser entre 20 y 25 toneladas adicionales de oro, cuando el país está cercano a una producción actual de 60 toneladas por año, de las cuales unas 12 toneladas provienen de títulos legales con licencia ambiental. Entonces en un horizonte de 5 años podemos estar triplicando la producción legal en el país, por el aporte de los proyectos de Antioquia”.

¿Qué proyectos de mayor escala hay en Antioquia?

“En unos dos o tres años puede estar entrando en producción Nuevo Chaquiro (Jericó), además hay empresas que están adelantando exploración en la zona limítrofes de Antioquia con Chocó y Córdoba y han identificado un gran potencial geológico en cobre”.

En cuanto a la formalización minera, uno ve que no hay avances en la magnitud requerida ante el problema...

“Muchos nos reclaman eso porque creen que formalizar es legalizar y se olvidan que hay más de 9 mil títulos mineros, la gran mayoría para materiales de construcción (arcilla, mármol, calizas) y el 60 % son de pequeños mineros, es decir, ya tienen el título, pero muchos continúan en informalidad técnica, administrativa y de seguridad laboral. Por eso periódicamente estamos caducando títulos ante esos incumplimientos, que los devuelve a los círculos de la ilegalidad.

¿Cuáles son los resultados en Antioquia?

“Hemos suscrito 13 contratos de subformalización y hay 50 solicitudes más en trámite en el departamento. El año pasado, luego de cinco años de discusiones, logramos que los mineros de Jobo Medio, entre los municipios de El Bagre y Zaragoza, se pusieran de acuerdo con Mineros S.A. para cederles 126 hectáreas para permitir la legalización. El reto ahora es la formalización de cerca de 300 mineros, modelo que queremos replicar en otras partes del país”.