En materia económica, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es aún una incertidumbre al cumplirse sus primeros seis meses. Lo único cierto es que fue citado por la Fiscalía para declarar sobre el caso GSP.
Al cumplirse los primeros seis meses del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), toca hacer un primer balance de su gestión.
Lo bueno: para esta revista lo mejor de este gobierno es su espíritu reformista y las acciones que ha emprendido para modernizar el Estado y ponerlo al servicio de los ciudadanos, algo que resultaba clamorosamente urgente tras décadas de despiadada burocratización que han ralentizado la economía y deslegitimado la gestión pública. Se espera que los decretos legislativos promulgados a inicios de año contribuyan a ese objetivo, tras el encomiable esfuerzo de negociación con el Congreso, que obliga a admitir que en este campo el mérito no ha sido meramente tecnocrático, sino también político.
Sin embargo —y acá viene lo malo— ése tal vez sea el único activo que cabe reconocerle en ese ámbito. Porque, como apuntan analistas de todas las tiendas (y hasta sus propios congresistas), la gestión netamente política de este gobierno está cerca de ser un devastador fracaso. Es cierto que del mismo pie cojearon los anteriores (cada cual a su manera), pero precisamente por ese desgaste acumulado y por las difíciles condiciones de gobernabilidad que acompañaron la elección de PPK —tiene más ministros que congresistas— estuvo siempre claro que la prioridad debió ser ésa, y no lo ha sido.
El liderazgo político del presidente deja muchísimo que desear. Se ha mostrado inseguro y vacilante en casi todos los trances relevantes que le ha tocado enfrentar; desde la interpelación y censura al exministro Jaime Saavedra hasta en su manejo de los problemas con los proyectos de infraestructura (Chinchero, GSP).
Además PPK ha confundido con frecuencia desenfado con desatino y ha perpetrado una y otra vez declaraciones públicas poco felices. Las más graves son aquellas que le han hecho perder la oportunidad de constituirse en el líder indiscutible de la lucha contra la corrupción que ocupará al país entero en los próximos meses: “no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto” o “hay que pasar la página”. Recurrentes fotos en la piscina del club más exclusivo de Lima o en tiendas de ropa lujosa lo hacen ver frívolo. Todo ello se refleja en una aprobación pública precipitada y preocupantemente declinante.
En materia económica, el gobierno de PPK es todavía una incertidumbre. Asumió con gran expectativa por sus credenciales previas y su convicción de trabajar para reducir la informalidad, necesidad también desatendida por sus predecesores.
Sus medidas económicas han despertado polémica por su audacia, que algunos acusan incluso de procíclica: el ajuste fiscal en el cuarto trimestre del 2016 para ganar espacio de gasto en el 2017 contribuyó a deteriorar el gasto privado y las expectativas de corto plazo (ver Todavía no levanta en la p. 14). Tal vez la tendencia se revierta y la apuesta del gobierno funcione. Por eso la política económica de PPK merece el beneficio de la duda, y no un premio tan apresurado como el Nobel de la Paz del expresidente Barack Obama. Por ahora el manejo económico del gobierno se ubica en la columna de lo incierto.
También fueron citados como testigos Alan García, Ollanta Humala y Keiko Fujimori.
El titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, Reynaldo Abia, dispuso citar para el 23 de febrero en calidad de testigo al presidente Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de la investigación contra una veintena de personas, entre las que figura Nadine Heredia, sobre un presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht para ganar la licitación del Gasoducto Sur Peruano.
Según informa El Comercio, también fueron citados para dar sus testimonios sobre este caso los ex mandatarios Alan García y Ollanta Humala (ambos por ampliación de declaración), así como la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
García deberá acudir al despacho fiscal brindar su testimonio el 16 de febrero; Toledo, el 17 de febrero; y Fujimori el 20 de febrero.
El requerimiento para que estos personajes rindan su testimonio ante la Fiscalía se formaliza luego de conocerse que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, dijo haberse reunido con todos ellos durante las campañas electorales, indica Correo.
El fiscal Abia también citó al ex congresista Juan Pari, quien fue titular de la primera Comisión Lava Jato; al actual representante de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz Lopes; a la ex ministra de Energía y Minas Rosa María Ortiz; el actual titular de esa cartera Gonzalo Tamayo; y los ex parlamentarios nacionalistas Daniel Abugattás y Víctor Isla.
