Más de la mitad de los juicios que mantiene la empresa derivan de un incendio forestal registrado en Penchahue (VII Región) en enero de 2014.
Trece demandas en curso mantiene CGE y su filial producto de incendios pasados producidos por fallas en las instalaciones. Y es que según se desglosa de los estados financieros del holding, presentados ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) esta semana, a la empresa se le demanda por unos $16.279 millones, por una serie de incendios registrados entre 2011 y 2015 entre la IV y VII Región.
En su mayoría, a la empresa se le acusa de que producto de fallas en sus instalaciones, se provocaron incendios que quemaron inmuebles y empresas forestales.
Del total de las demandas ingresadas, siete fueron puestas en los juzgados civiles de Talta. Estas derivan del incendio forestal registrado en Penchahue (VII Región) en enero de 2014, cuando un incendio se habría originado por el cable de una línea eléctrica operado por Emelat -en ese entonces filial de CGE-, que habría estado desnudo y que hizo contacto con una de las ramas de los arboles aledaños.
A través de estas demandas, los afectados solicitan unos $12.300 millones por los perjuicios sufridos.
A estas acciones se suman otras dos ingresada en Cauquenes, por un incendio registrado en la comuna de Quirihue; dos incendios registrados en Santiago, uno en Melipilla y otro en la V Región, zona en que la empresa trabaja a través de Conafe.
Si bien aún es incierto el papel que tuvo la distribuidora CGE en parte de los focos de incendio registrados en el sector Nilahue-Barahona de la comuna de Pumanque, lo cierto es que la fiscalía ha lanzado sus dardos a la empresa, dejando entrever que el inicio de algunos focos se habrían provocado por la falta de mantenimiento a las franjas de seguridad que debe tener el tendido eléctrico.
La Fiscalía Regional de O’Higgins fue más allá y solicitó audiencia para formalizar a un ejecutivo de la empresa por el supuesto delito en relación con el incendio que se produjo el 17 de enero de 2017 en dicho sector.
La empresa salió a la defensa y aseguró que “no encuentra fundamento alguno para atribuir ninguna responsabilidad a su ejecutivo en relación con los hechos que se investigan y sostiene su convicción que a éste no le ha cabido participación en los hechos que fundan la petición de la Fiscalía, manteniendo nuestro convencimiento pleno de prestar un servicio público de conformidad con la normativa vigente y las buenas prácticas internacionales”.
Y añadió: “Está comprometida con el rápido esclarecimiento de hechos que han afectado el servicio a nuestros clientes y a nuestras propias instalaciones, para lo cual aportará todos los antecedentes que se encuentren a su alcance para una investigación que por su naturaleza es compleja y debe ser hecha teniendo en consideración una multiplicidad de antecedentes”.
