Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera de San Juan, consideró que el nuevo acuerdo federal minero es ''muy voluntarioso'', pero no ataca los costos de producción

"Es muy voluntarioso, pero los problemas de fondo no se solucionan”. De esta manera se plantó el presidente de la Cámara Minera de San Juan Jaime Bergé, ante el texto del nuevo Acuerdo Federal Minero que aún no se conoció oficialmente, pero tiene redacción definitiva.

"El gran problema de la producción minera son los altos costos de producción, que están fundamentalmente en lo que se le carga al salario. El salario en sí no es el problema, pero sobre una retribución de 20.000 pesos a un trabajador, el empresario le tiene que pagar 16.000 al Estado”, reclamó.

"Las cargas sociales en Argentina son mucho más altas que en países como Chile o Perú”, comparó.

"Tenemos que bajar la carga impositiva para que podamos producir para exportar, que es el gran objetivo”, dijo. "Fíjese que en San Juan, donde no necesitamos el acuerdo, porque somos una provincia prominera, con esa política de Estado definida, tampoco llegan las grandes inversiones. Y si están dadas todas las otras condiciones, ¿por qué no llegan?”, preguntó, retórico.

"Para desarrollar Vaca Muerta se avanzó en negociaciones, incluso con los gremios. Eso es lo que necesitamos también en la minería”, aseguró.

"Nosotros no participamos de las negociaciones. Sí lo hizo la Cámara Argentina, que no sé si planteó todo esto, ni se si tenemos las mismas preocupaciones. No sé qué plantearon”, disparó, al tiempo que lamentó que "muchos problemas no se exponen para evitar conflictos, fundamentalmente de orden político”.

El diputado nacional por San Juan aseguró que se debe trabajar para potenciar las inversiones en el sector. Destacó la importancia del respeto al medio ambiente.

Eduardo Cacerés, el diputado nacional por San Juan estuvo en N8 y destacó la necesidad de contar con un Acuerdo Federal Minero que le de garantía y sustento legal a los futuros inversores. 

El legislador destacó antecedentes y ejemplos de otros países que han logrado hacer de la minería una actividad sustentable y que hasta la han incorporado a su cultura.

El gobierno nacional ultima los detalles para lanzar un nuevo Acuerdo Federal Minero, que luego deberá pasar el filtro del Congreso y de las Legislaturas provinciales.

A nivel nacional trascendió que el acuerdo apunta a homogeneizar legislaciones nacionales y provinciales. Sin embargo el subsecretario de Energía y Minería de la provincia, Emilio Guiñazú, dejó en claro que “no hay intenciones” de modificar la Ley N° 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas -como cianuro- en la actividad minera.

“No se modificarán las leyes provinciales. Se busca generar un marco legal mínimo para promocionar la minería sin que haya diferencias radicales pero respetando las legislaciones provinciales”, aclaró el funcionario.

Entre los cambios que prevé el nuevo acuerdo, Guiñazú explicó que se modificará la base de cálculo de las regalías por lo que se duplicará el valor de lo que cobran las provincias actualmente. 

Además, según consignó un medio nacional, la meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones. En tanto los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000, entre empleos directos e indirectos, podrían multiplicarse, según lo que prometen los promotores del proyecto.

En este sentido, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar 130.000 puestos de trabajo para 2021.

La idea del pacto es que los beneficios de la minería lleguen a los lugares donde se desarrolla la actividad, ya que con el pacto anterior la mayor parte de la renta era para la Nación. “Además se definen programas de infraestructura que deberá financiar el gobierno nacional”, añadió Guiñazú. Además el foco estará puesto en elevar los estándares ambientales y sociales.

Por otra parte el subsecretario de Energía y Minería adelantó que está casi listo el proyecto que le presentará en las próximas semanas al gobernador Alfredo Cornejo, que permitirá delinear una propuesta para encaminar la actividad minera en la provincia.

Después de cuatro meses de intensas negociaciones con las provincias, el Gobierno Nacional estaría ultimando los detalles de un plan para relanzar la actividad minera en todo el país, para lo cual prevé anunciar el consenso alrededor de un nuevo Acuerdo Federal Minero.

La intención de la Casa Rosada es multiplicar los proyectos y duplicar las inversiones en el sector para que Argentina seconvierta en una potencia regional en ese rubro.

Este Acuerdo Federal apunta a homogeneizar las legislaciones nacionales y provinciales, para darles estabilidad impositivaa los inversores, evitar conflictos con los gobiernos locales y lograr el respaldo de las comunidades donde se desarrolle la actividad. 

La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por u$s 25.000 M, el doble de lo registrado entre 2007 y 2015, pero mucho menos que lo invertido en ese tiempo en Chile (80.000 M) o Perú (u$s 52.000 M).

Por el momento el plan enfrenta dos escollos: uno, hay provincias que aún no dieron su aval. Una es Chubut, donde el gobernador MarioDas Neves anticipó que para liberar la actividad minera en su provincia se debería volver a convocar a un plebiscito que revoque el anterior, donde el pueblo de Chubut dijo que no a la minería a cielo abierto.

Santa Cruz, según las últimas declaraciones conocidas de las autoridades del sector, tampoco estaba muy convencida sobre el borrador planteado para el Acuerdo, toda vez que eliminaba puntos sustanciales para la provincia, como la posibilidad de hacer acuerdos de Responsabilidad Social Empresaria como el que hoy está vigente entre Santa Cruz y algunas mineras en el marco del programa UNIRSE

El otro gran escollo es el rechazo de las organizaciones ambientalistas, en estado de alerta ante la posibilidad de que la minería siga avanzando sobre áreas protegidas por la ley de glaciares.

De hecho, las asociaciones denunciaron que el Gobierno de Mauricio Macri prepara un decreto de reglamentación de la ley que podría flexibilizar los estudios destinados a delimitar las zonas prohibidas para la actividad minera. De hecho, dos tercios del monto de inversiones previsto hasta 2024 corresponden a emprendimientos con conflictos potenciales con la ley de glaciares.

En cambio, los defensores de la iniciativa -impulsada por el secretario de Minería, Daniel Meilán- sostienen que se protegerá el ambiente y hacen foco principalmente en el enorme beneficio económico que podría traer consigo un eventual boom de la minería. Los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000, entre empleos directos e indirectos, podrían multiplicarse, prometen los promotores del proyecto. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar 130.000 puestos de trabajo para 2021.

Desde el Gobierno aseguran que pese a la resistencia de algunas provincias, el acuerdo ya superó la instancia del Consejo Federal de Minería (Cofemin), integrado por representantes de todos los distritos, y ahora vendrá el turno de la ronda de negociaciones, en forma directa con los gobernadores, antes de enviarlo al Congreso, algo que aspira la Nación poder hacer en el mes de marzo.