El gobierno suspendió el polémico CASE o Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética, por el cual los usuarios de electricidad pagában entre 1.8% y 2.4% en la factura de luz.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley N° 851, que eliminará el pago por concepto de afianzamiento de seguridad energética en las tarifas eléctricas.
Con 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el proyecto de ley que elimina el Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), y deja sin efecto el cargo por sistema de seguridad energética en hidrocarburos (SISE) y la tarifa regulada de seguridad (TRS).
“Los peruanos hemos estado pagando un fondo que oscila entre los S/2 y S/3 para el proyecto de Gasoducto Sur Peruano”, afirmó la congresista Lourdes Alcorta. En esa línea, el decreto contempla la devolución de los pagos efectuados para el financiamiento de dicho proyecto.
Se estima que al menos US$130 millones, de los US$930 millones requeridos para garantizar el inicio de operaciones del gasoducto en el 2019, ya habrían sido recaudados, según informaron fuentes del sector a El Comercio.
El Poder Ejecutivo, responsable de la devolución, será quien inicie las medidas administrativas y judiciales para cautelar los intereses del Estado. “En un plazo no mayor de 150 días calendarios el Poder Ejecutivo emitirá el reglamento y los dispositivos permanentes”, señala el dictamen.
Con 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el proyecto de ley que elimina el Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), y deja sin efecto el cargo por sistema de seguridad energética en hidrocarburos (SISE) y la tarifa regulada de seguridad (TRS).
“Los peruanos hemos estado pagando un fondo que oscila entre los S/2 y S/3 para el proyecto de Gasoducto Sur Peruano”, afirmó la congresista Lourdes Alcorta. En esa línea, el decreto contempla la devolución de los pagos efectuados para el financiamiento de dicho proyecto.
Se estima que al menos US$130 millones, de los US$930 millones requeridos para garantizar el inicio de operaciones del gasoducto en el 2019, ya habrían sido recaudados, según informaron fuentes del sector a El Comercio.
El Poder Ejecutivo, responsable de la devolución, será quien inicie las medidas administrativas y judiciales para cautelar los intereses del Estado. “En un plazo no mayor de 150 días calendarios el Poder Ejecutivo emitirá el reglamento y los dispositivos permanentes”, señala el dictamen.
“Lo que él ha dicho es que hay un montón de obras que están también sujetas a este tipo de fideicomisos. Creo que él tiene razón”, sostuvo, tras indicar que trabajará una propuesta relacionado a este punto. “Vamos a presentar un proyecto de ley para que esto nunca más vaya en ningún otra recibo, en ninguna adenda, en ninguna otra parte”, dijo.
El proyecto podría ser aprobado por el Ejecutivo en un máximo de 48 horas, adelantó Alcorta
También puso en stand-by el Cargo por Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (Cargo Tarifario SISE) y el Tarifa Regulada de Seguridad (TRS), dos cargos recaudados del servicio de transporte de gas natural por red de ductos, así como ventas primarias de combustibles líquidos, GLP y otros productos derivados de los líquidos del gas natural.
Los tres impuestos eran parte del llamado Adelanto por Ingresos Garantizado (AIG) del contrato para la construcción y operación del ducto, un compromiso firmado entre el Estado y el consorcio Gasoducto Sur Peruano (GPS) en 2014.
Con el AIG se planeaba financiar el inicio de la operación comercial del gasoducto, mientras este no transportara gas en su máxima capacidad. Conforme el tubo se llenaba, el AIG disminuía, por lo que se trataba de cargos temporales, argumentaba el gobierno.
Pero el contrato fue resuelto el pasado lunes porque el consorcio no logró el cierre financiero del contrato, por falta de bancabilidad del GSP, ante de las confesiones de corrupción en LatAm del socio mayoritario del proyecto, la corporación brasileña Odebrecht (con 55% de participación). Y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que recaudaba los cargos, decidió suspenderlos. Según supo este Diario, se habrían recaudado unos US$130 millones por los tres.
En ese contexto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) – que recaudaba los cargos- optó por suspender los cargos a partir de hoy. Por esto, el CASE ya no se cobra en la factura de luz. ¿Qué pasará con Cargo Tarifario SISE y la TRS? ¿Cómo impactarán en el consumidor final?
“De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución No. 011-2017-OS/CD, tanto el Cargo Tarifario SISE y la Tarifa Regulada de Seguridad ya no podrán ser cobrados a los consumidores, lo que conlleva a la reducción de los importes a pagar por la adquisición de combustibles o por el uso de ductos de transporte de gas natural a partir del día de mañana 27 de enero de 2017”, concluyó Beatriz de la Vega, Socia de Impuestos de EY Perú.
Héctor Plate, presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), coincidió en que los combustibles deberían abaratarse “de inmediato” tras la suspensión de los cargos. “El solo hecho de retirarlos tiene que significar unos centavos menos en el precio del combustible”, dijo.
“Hay que invocar a las empresas y cadena comercializadora [de combustibles] para que esos montos sean reducidos, que descuenten antes de aplicar en los precios de lista”, agregó.
Para la Opecu, la reducción del precio sería la manera más rápida de traducir la suspensión hacia los consumidores. Es que en el caso del CASE, el organismo plantea que las empresas de distribución eléctrica devuelvan la suma a cada usuario a modo de descuento. “Las compañías han estado cobrando este dinero. Como todos los usuarios estamos identificados, deben ser devuelto a los usuarios”, propuso.
No obstante, Oscar Vásquez, gerente Senior, Tax & Legal de KPMG en Perú, explicó que la tarifa final de los combustibles no está regulada en Perú, por lo que la suspensión de los cargos no necesariamente implicará una reducción en su precio. “Si desaparecen, [el producto e importador] van a tener menos costos, pero la venta final es libre. No están obligados a aplicarlo en el precio”, dijo.
“Ojalá veámonos una revolución de los precios a los combustibles, pero veo que como las tarifas finales no están reguladas, no se va a aplicar al precio. No hay forma de asegurarlo”, dijo. “Está bien que [el gobierno] no lo haga [regule las tarifas], pero debería”, matizó.
El Gasoducto del Sur, con más de 1.000 kilómetros de tuberías, costó 7.000 millones de dólares al Gobierno peruano. La paralización ha dejado a 15.000 personas sin empleo.
Perú canceló la semana pasada el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia del país, e impuso una multa millonaria por incumplimiento al consorcio a cargo, encabezado por la constructora brasileña Odebrecht. La firma, centro de un escándalo de corrupción continental, no contó con la financiación necesaria para terminar la obra, que ha quedado paralizada.
El Gasoducto del Sur, el mayor de Perú, consiste en más de 1.000 kilómetros de tuberías que deben partir del yacimiento de Camisea, en la selva del Cusco, y cruzar la compleja geografía de los Andes para desembocar en la costa pacífica. Se prevé que la obra reforzará el sistema de transporte de gas natural y permitirá la producción de energía eléctrica, beneficiando a seis regiones del sur del país.
Tras la cancelación del contrato, el debate se centra en el futuro del proyecto. Una nueva licitación tomaría entre 12 y 15 meses, y varios especialistas han recomendado el rediseño de la obra. Según el gremio de Construcción Civil, esta paralización, sumada a otras obras de Odebrecht como la irrigación de Chavimochic, Majes y Alto Piura, ha dejado sin empleo a 15.000 personas.
La concesión de la obra, en junio de 2014, fue muy cuestionada. En esa ocasión compitió un único postor —un consorcio conformado por Odebrecht y la española Enagás—. La sociedad fue descalificada entre denuncias de irregularidades y falta de transparencia contra la agencia gubernamental de privatizaciones.
El gasoducto además ya había sido licitado en una anterior ocasión, al mismo postor y en mejores condiciones para el Estado. En 2010, la empresa Kuntur Transportadora de Gas (KTG) —cuyo único accionista era Odebrecht— se hizo con el proyecto con una inversión de solo 1.330 millones de dólares y asumiendo el riesgo total de la obra. Este contrato fue anulado por el Gobierno del presidente Ollanta Humala, que convocó el nuevo concurso.
Además de ser unos 6.000 millones de dólares más costoso, las nuevas condiciones del acuerdo implicaron que el Estado asumiera el riesgo. Para ello, durante los 34 años de la concesión, se dispuso un cobro extra en el recibo de electricidad de todos los consumidores. Las críticas no se hicieron esperar. El expresidente Alan García escribió entonces en Twitter: “Anularon un contrato. Tres años después lo firman con el mismo operador en peores condiciones. Ahora pagan todos los peruanos”.
Pero la compleja situación legal que enfrenta Odebrecht, desde que el año pasado se pusieran al descubierto sus corruptelas a nivel continental, en las que según confesó a la justicia estadounidense, pagaba sobornos para adjudicarse obras públicas, terminó truncando la operación. Su participación en el Gasoducto del Sur generó la reacción unánime de la banca internacional, que se negó a prestar los 4.100 millones de dólares que vale la obra (la constructora peruana Graña y Montero se sumó al consorcio en septiembre de 2015, con una participación del 20%). Según estipulaba el contrato, el consorcio tenía hasta el 23 de enero para conseguir dicha financiación.
Pasaron meses llenos de incertidumbre, donde se barajaron varias alternativas para no paralizar el proyecto, en el ya se habían invertido 1.500 millones de dólares. Los bancos pidieron que Odebrecht vendiera su participación (55% del proyecto). El fondo canadiense Brookfield y la empresa China National Petroleum Corp (CNPC) se mostraron interesados. La estadounidense Sempra Gas también anunció su interés, pero desistió por las limitaciones impuestas por la ley anticorrupción de su país.
El plazo se venció hace una semana, sin que Odebrecht consiguiera dinero para llevar el proyecto adelante ni vendiera sus acciones. Como consecuencia, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ejecutó la multa más cuantiosa de la historia del Perú. La constructora debió pagar una penalización de 262 millones de dólares, que desembolsó en dos cheques de gerencia.
El consorcio afirmó, pese al escándalo, haber hecho “todos los esfuerzos posibles” para dar continuidad al proyecto, cuya construcción tenía un avance del 10,7% en el montaje de las tuberías. En el país ya se encontraba el 62% de los ductos que integrarán la instalación.
El exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba fue detenido en Lima tras llegar en un vuelo procedente de Miami. Es acusado de haber cobrado dos de los ocho millones de dólares que Odebrecht pagó en sobornos para hacerse con la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, construidos durante el segundo Gobierno de Alan García. El Ministerio Público emprendió un operativo para capturarlo hace dos semanas, pero Cuba se encontraba fuera del país desde el 24 de diciembre, por lo que se emitió una alerta de Interpol.
Su abogado afirmó que volvía al Perú voluntariamente por considerar que en el país “existen las garantías de un debido proceso”. Cuba fue trasladado del aeropuerto Jorge Chávez a Requisitorias, y luego a la carceleta del poder Judicial. Distintas fuentes apuntan que en los días venideros se redoblarán las capturas en Perú, apuntando a personajes de mayor relevancia.
