GUILLERMO ARBE*
En los últimos seis meses, los miembros del gabinete han presentado su visión de gobierno en una serie de foros. Algunos mensajes que resaltan son: 1) el horizonte es el 2021, no el 2017; 2) no se habla de objetivos, sino de “compromisos”, un término más fuerte; y 3) es una visión coordinada que apunta a un trabajo concertado en el gabinete. Esto representa un cambio respecto de gobiernos anteriores cuyas metas a cinco años solían pasar a un segundo plano frente a objetivos anuales. Este gobierno parece ser diferente.
El foco en la modernización también es una novedad. En gobiernos anteriores, el objetivo principal siempre había sido económico: el crecimiento del PBI o la reducción de la pobreza. De alguna manera, los gobiernos (y analistas) parecían considerar implícitamente que la modernización vendría por sí sola si la economía crecía. Este gobierno parece entender las cosas al revés. No crecer para modernizar, sino modernizar para crecer. Es una perspectiva interesante que no ha tenido la resonancia debida, tal vez porque somos un país muy obsesionado con el PBI. Y, sin embargo, la modernización puede ser tanto o más importante para el bienestar que el crecimiento del PBI.
Para el gobierno, la modernización pasa, en buena medida, por simplificar y mejorar la administración pública, como atestigua buena parte de los 112 decretos dados recientemente. La medida que prohíbe que el Estado requiera del ciudadano un documento generado por el propio Estado es algo simbólico de una nueva mentalidad: el Estado existe para ayudar al ciudadano, no al revés. La política de digitalizar al Estado, usada bien, simplifica y acelera los procesos, reduce los márgenes de error y también los espacios de contacto personal que permite la corrupción.
El reto será llevar la modernización a todo el Estado. El Ejecutivo puede avanzar en modernizar a las instituciones que dependen de él. Pero ¿hasta qué punto podrá incidir en la modernización del Poder Judicial, del Congreso y de las instituciones autónomas?
Otro reto es que la modernización toma tiempo, en un entorno de urgencias de corto plazo. Si el gobierno está abocado a preparar las bases para mejoras a largo plazo, debería ser juzgado por lo logrado en sus cinco años, y no los próximos cinco meses. Sin embargo, somos una población impaciente que da más importancia a los próximos cinco meses que a los próximos cinco años, por lo que una aparente falta de urgencia del gobierno en gatillar un rebote económico rápido es un riesgo político. Además, si bien el gobierno aún goza del entusiasmo —o al menos del beneficio de la duda— de los empresarios, una demanda interna que demora en mejorar puede horadar este optimismo, afectar la inversión y restar efectividad a las propias medidas del gobierno.
Al mismo tiempo, apurar las cosas no es fácil dada la debilidad institucional del país. El cuestionamiento a la conducción de los procesos de licitación, el uso ineficaz de los recursos, la sobrerregulación, la debilidad de los partidos y la falta de lenguaje común entre diferentes estamentos del Estado son problemas de institucionalidad difíciles de resolver. Ayudaría tener un mayor nivel de apoyo de otros poderes del Estado. La opinión pública tampoco parece tener una conciencia adecuada del problema, y no sería mala idea que el gobierno busque explicar mejor a la población general qué se está haciendo y por qué. Es conocido que la población tiende a imitar a sus gobernantes, pero primero necesita entenderlos.
*Gerente Estudios Económicos en Scotiabank Peru - Scotiabank Peru
