Inversiones en el sector

Como parte del Plan de Expansión de transmisión eléctrica 2013- 2027, la Unidad de Planeación Minero Energética seleccionó al inversionista encargado de la financiación, construcción y operación del segundo refuerzo de red que interconectará el área central y sur occidental del país.

El proyecto incluye la construcción de una línea a 500 kilovoltios desde la subestación Nueva Esperanza, en el departamento de Cundinamarca, hasta la Subestación La Virginia, ubicada  en el departamento de Risaralda y adicionalmente, dos módulos de transformación a 500 kilovoltios en cada una de ellas.
“La adjudicación de este proyecto, que beneficiará a más de 2 millones de familias del centro y sur occidente del país, reitera nuestro compromiso por mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico en todas las zonas del país”, comentó Germán Arce, ministro de Minas y Energía.

Por su parte Jorge Alberto Valencia, director general de la UPME afirmó que “esta línea de transmisión tendrá una longitud aproximada de 225 kilómetros y atravesará por los departamentos de Risaralda, Cundinamarca, Tolima, Quindío y Valle del Cauca y hace parte de las inversiones del Gobierno Nacional para atender el crecimiento de la demanda en el área oriental y suroccidental del país”.

Plan 5 caribe

Los mandatarios de la Región Caribe han reconocido la importancia del plan para mejorar la calidad del servicio y estuvieron dispuestos a apoyar al Gobierno Nacional y al operador de red en la socialización y diálogo necesarios para que los proyectos planteados se hagan realidad.

El 12 de junio el Ministerio de Minas y Energía presentó el paquete de cinco medidas que optimizará y fortalecerá el servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano.
“Hemos presentado el Plan 5 Caribe con acciones que contemplan inversiones por más de $4 billones para los proyectos en el sistema de transmisión y normalización de redes”, afirmó el Ministro de Minas.
Adicionalmente, Arce manifestó haber instado a Electricaribe a “realizar acciones de corto plazo que ayudarán a mejorar el servicio, que van desde el aumento de brigadas de poda y mejora del servicio al cliente, hasta inversiones en la infraestructura eléctrica”.

Energía eléctrica

Arce anunció, el pasado 1 de septiembre desde Barranquilla, el inicio de las audiencias a Electricaribe que determinarán presuntos incumplimientos en la ejecución de 79 proyectos de electrificación. “Los recursos para energía deben ser protegidos y ejecutados a tiempo en cualquier parte del país, y en especial en la Costa Caribe donde tenemos un problema histórico en la calidad del servicio. Por esta razón decidimos iniciar audiencias que nos permitan garantizar que la inversión llegue y cumpla su objetivo. El Caribe no aguanta más incumplimientos”, dijo el jefe de la cartera minero energético.

Mientras que entre 1998 y 2010 se adjudicaron tres proyectos, en el último año se han adjudicado 30 proyectos de transmisión regional y nacional para la región Caribe. Desde que se anunció el Plan5Caribe en junio del 2015 se han adjudicado proyectos por $3 billones.

En 2015 se destinaron recursos para energización rural por más de $11 mil millones y recursos para normalización de redes por más de $45 mil millones. En los últimos meses llegaron seis nuevos inversionistas a la región. “Estamos enfrentando un problema histórico haciendo grandes esfuerzos para conseguir recursos y estructurar proyectos que garanticen que las familias de la Costa Caribe puedan tener el servicio de energía que merecen”, culminó el Ministro.

Electricaribe

El 15 de noviembre Gobierno intervino a la prestadora de energía. El Superintendente de Servicios Públicos comenzó la intervención de la empresa Electricaribe dentro del proceso para empezar a mitigar la crisis eléctrica que agobia a la región Caribe. 

La Cancillería de Colombia manifestó que esta intervención fue de “carácter preventivo”. “Los problemas de caja han sido por la cartera morosa de clientes, que al cierre de septiembre pasado ascendía a $4,05 billones (unos US$1.323 millones de dólares)”, según la empresa. 

La Cancillería agregó que Colombia “reitera su voluntad con el Gobierno de España de seguir buscando una salida de mutuo beneficio que satisfaga a los dos países, pensando tanto en la seguridad de la inversión extranjera como en la prestación óptima de los servicios a los ciudadanos”.
El Gobierno puntualizó en que la toma de bienes, haberes y negocios de la Sociedad Electrificadora del Caribe (Electricaribe) fue “necesaria dada la inminente situación de cesación de pagos” por parte de esa compañía eléctrica. 
Afirmó que el “proceso no afecta de ninguna manera la seguridad jurídica de las empresas extranjeras en Colombia”.
Con la intervención, dice el comunicado, el Gobierno busca “garantizar” la prestación del servicio de energía eléctrica 2,5 millones de usuarios de siete de los departamentos de la zona norte de Colombia. “El Gobierno debe atenderlos para asegurar la prestación de los servicios públicos con la continuidad y calidad necesarias”. 
Por su parte, dos de los caminos que tiene el ‘agente especial’ para Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, para buscar una salida a intervención de la empresa de servicios públicos es la de liquidar o presentar un plan de recuperación. 

Así analizó Andrés Taboada, presidente de la Cámara Colombiana de Energía, la coyuntura energética.  Taboada precisó que si se decide que haya un salvamento para recuperar la empresa, “entonces se necesitará ejecutar un plan de acción que tiene como opción buscar un nuevo operador”.

Bajo la regulación vigente no pueden aspirar las Empresas Públicas de Medellín, EPM, ni Codensa. “Es porque no pueden entrar a operar porque tienen un mercado casi cubierto en más de 20% y lo impide la norma eléctrica.  El ‘agente especial’ decidirá qué tipo de contratos de operación se debe celebrar, a cuántos años y si es por departamentos o por toda la región Caribe, agregó. 

Cuentas de Electricaribe

Electricaribe fue intervenida por el Gobierno debido a  sus crecientes deudas y pérdidas y que evidencian una crisis del sistema eléctrico iniciada antes de 1992, cuando se dio el apagón en el gobierno de César Gaviria.
Solo en materia de pérdidas, los informes de sostenibilidad de la compañía mostraron en 2012 un acumulado de más de $500.000 millones. Para el cierre de 2015, la cifra ascendía a $788.591 millones, por lo que la utilidad del año ($47.535 millones) tuvo que destinarse para enjugar las pérdidas. 

Servicio de agua

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Triple A, responsable en la prestación de los servicios en Barranquilla y 14 municipios en el Atlántico, invirtió $62.680 millones en el 2015. De acuerdo con las cifras presentadas por la Asamblea Anual de Accionistas, se muestra un crecimiento del 21,58% en materia de inversiones en el año 2015 frente al 2014, dado que el año anterior a este se invirtieron $51.556 millones. “Generar bienestar es nuestra meta, por ello destinamos cada año más recursos para fortalecer nuestra operación: suministrar agua de calidad en los municipios y ofrecer un excelente servicio de saneamiento y de recolección y disposición de los residuos sólidos”, destacó el Gerente General de Triple A, Ramón Navarro Pereira.

Este año entró en operación el segundo módulo de la EDAR de Baranoa. Con ello serían siete Estaciones de Depuración para aguas residuales en las que corre un volumen de 32.413 hm3. De igual manera, fueron aumentadas a 41 las instalaciones destinadas a evacuar por bombeo las aguas residuales, dos más que en 2014. 

En cuanto a la calidad del agua, la firma anualmente invierte cerca de $11 mil millones en este proceso. El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que el índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano (Irca), a cierre de 2015, fue del 0%. Es decir, que el preciado líquido, potabilizado por Triple A, se puede tomar con tranquilidad, porque cumple con los parámetros exigidos por la legislación vigente, que indica que el rango permitido es entre 0 y 5%.

Un aspecto que preocupa al sector en lo que queda de este año y el próximo, son los constantes anuncios de la industria de la Costa Caribe referente a los pagos de un gas más caro que la del interior del país. 

De acuerdo con el abogado experto en el sector, César Lorduy, la tarifa que paga la industria regional, a pesar de que bajó en comparación con 2015, aún sigue siendo alta. Es así como el precio de gas en boca de pozo para los usuarios industriales en Barranquilla por MBTU (unidad térmica de medida del gas) es de US$4,15; y en Cartagena US$5,50; mientras que en Cali es US$2,69; en Medellín es de US$2,69 y en Bogotá US$2,69 (precios primer trimestre).

Conforme con el informe de gestión de Gases del Caribe, a nivel nacional la producción de gas en 2015 fue de 1.111 Gbtu/día, una reducción del 4% frente al 2014. A partir de julio del 2015 las exportaciones de gas natural a Venezuela fueron suspendidas y según el contrato vigente que existe entre Colombia y Venezuela, PDVSA-Gas debería exportar gas a Colombia a partir de enero del 2016, no obstante,  Venezuela ha informado que mientras se mantenga el fenómeno climático requerirá el gas para sus propias necesidades.

Por otro lado, el consumo de gas natural es liderado por los sectores térmico e industrial, que  presentan más del 50% de la demanda. En cuanto a la cobertura de gas natural en Colombia, el país cerró con más de 8,1 millones de usuarios conectados al servicio frente a los 7,7 millones del 2014.

La mezcla del fuerte fenómeno de El Niño junto a la escasez de gas para el sector térmico, y el bajo precio que se les reconoce para producir energía (precio de escasez), puso en dificultades financieras al sector de generación térmica del país, debido a que los costos de generación eléctrica duplicaban la tarifa reconocida a dicho sector. 

Bajo el nuevo marco regulatorio, los distribuidores presentaron a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), las solicitudes tarifarias para la actividad de distribución de gas, las cuales se espera entren en vigencia a mediados del 2016. 

La Creg aprobará un cargo único de distribución a los usuarios de uso residencial y un cargo medio a los usuarios de uso diferente al residencial.