GABRIEL SUED
Trabaja en un proyecto de ley para atraer a empresas del sector; hay preocupación entre los ambientalistas
Después de cuatro meses de intensas negociaciones con las provincias, el Gobierno ultima los detalles de un plan para relanzar la actividad minera en todo el país. La intención de la Casa Rosada es multiplicar los proyectos y duplicar las inversiones en el sector para que la Argentina se convierta en una potencia regional en ese rubro.
La herramienta central de esta política -considerada estratégica por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Energía, Juan José Aranguren- es un proyecto de ley para establecer un nuevo Acuerdo Federal Minero. Apunta a homogeneizar las legislaciones nacional y provinciales, para darles estabilidad impositiva a los inversores, evitar conflictos con los gobiernos locales y lograr el respaldo de las comunidades donde se desarrolle la actividad. Es algo similar a lo que hizo el gobierno anterior con la actividad petrolera.
La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones. Es más del doble que los US$ 10.000 millones registrados entre 2007 y 2015, pero mucho menos que lo invertido en ese tiempo en Chile (US$ 80.000 millones) y Perú (US$ 52.000 millones).
El plan enfrenta un gran escollo: el rechazo de las organizaciones ambientalistas, en estado de alerta ante la posibilidad de que la minería siga avanzando sobre áreas protegidas por la ley de glaciares.
Descubrieron que el Poder Ejecutivo prepara un decreto de reglamentación de la ley que podría flexibilizar los estudios destinados a delimitar las zonas prohibidas para la actividad minera. De hecho, dos tercios del monto de inversiones previsto hasta 2024 corresponden a emprendimientos con conflictos potenciales con la ley de glaciares (de lo que se informa por separado).
En cambio, los defensores de la iniciativa -impulsada por el secretario de Minería, Daniel Meilán- sostienen que se protegerá el ambiente y hacen foco principalmente en el enorme beneficio económico que podría traer consigo un eventual boom de la minería.
Los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000, entre empleos directos e indirectos, podrían multiplicarse, prometen los promotores del proyecto. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar 130.000 puestos de trabajo para 2021.
La megaminería a cielo abierto está prohibida en Chubut. Sólo se podría revertir en un plebiscito
Todavía con resistencia firme de algunas provincias, como Chubut, el proyecto para un nuevo acuerdo federal ya superó la instancia del Consejo Federal de Minería (Cofemin), integrado por representantes de todos los distritos. Tras una última ronda de negociaciones con los gobernadores, prevista para la semana que viene, será enviado al Congreso.
La idea de la Casa Rosada es que empiece a discutirse a partir de la reapertura de las sesiones ordinarias, el 1° de marzo.
"Estamos trabajando contra reloj. Necesitamos que salga rápido para aprovechar el viento a favor que sopla en la actividad, después de haber levantado el cepo cambiario y eliminado las retenciones", dijo a LA NACION el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Eduardo Cáceres (Pro-San Juan).
El oficialismo parlamentario ya inició conversaciones con el sector más moderado de la oposición. Por tratarse de una ley-acuerdo, su texto puede ser aprobado o rechazado, pero no modificado. Después debe ser ratificado por las legislaturas provinciales.
El debate encenderá la polémica. Sobre todo por la cuestión ambiental. La ley de glaciares no es una norma turística. El ambiente glaciar y el periglaciar son considerados un reservorio estratégico de agua para el país.
En atención a esa resistencia, el borrador de la iniciativa, que ya circula entre diputados y senadores, hace hincapié en la factibilidad social de la actividad.
Entre las premisas de acuerdo se afirma que la política minera deberá incluir "mayores beneficios para las comunidades en las zonas" donde se desarrollan los proyectos de extracción, "mayor participación en los ingresos a las provincias" y "altos estándares de gestión y control ambiental".
Respecto de este último punto, se dispone la creación de un equipo consultivo, con autonomía funcional e integrado por técnicos de "reconocida trayectoria", con el objetivo de "generar y promover la adopción de las mejores políticas de la gestión ambiental minera", entre otras cosas.
Para el desarrollo de las comunidades locales se propone crear un programa que capacite de manera anticipada a los pobladores para que puedan dar respuesta a las demandas productivas de las empresas mineras, tanto en la captación de empleos como en la contratación de servicios.
El proyecto tiene un apartado destinado al "empleo local". Pero no se establecen cuotas mínimas, como se decidió el año pasado en la ley de inversión privada para el desarrollo de la obra pública. Se dispone, en cambio, "adoptar medidas de promoción tendientes a hacer atractiva a los empleadores la contratación" de trabajadores autóctonos. Respecto de los proveedores locales, se establece que "a igualdad de condiciones, en precios y plazos, tendrán preferencia" en las compras de las empresas mineras.
Otro capítulo importante es el impositivo. El acuerdo establece que las provincias no podrán cobrar más del 3% de regalías sobre el importe total de los ingresos de las empresas y que no se podrá aumentar el canon, fijado cada dos años por la Secretaría de Minería, mientras un emprendimiento minero se encuentre en actividad.
El proyecto se propone también garantizar un régimen promocional de inversiones y regular el funcionamiento de las empresas públicas provinciales, para evitar que compitan con ventaja respecto de las firmas privadas.
"El acuerdo perjudica a las provincias y el único beneficio sería para las empresas", se quejó en diciembre el secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo.
Consultado por LA NACION, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, recordó que en su provincia está prohibida la megaminería a cielo abierto y anticipó que sólo estaría dispuesto a revertir esa situación "si así lo decide el pueblo de Chubut, por medio de un plebiscito". El debate se anticipa intenso y de resultado incierto.
Plan minero
Tras varios meses de negociaciones con las provincias, el Gobierno ultima los detalles de un plan para relanzar la actividad minera en todo el país con la intención de multiplicar los proyectos en operaciones y duplicar las inversiones en el sector
Acuerdo federal
La herramienta central de esta política, considerada estratégica por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, será la firma de un "Nuevo Acuerdo Federal Minero", el cual espera ser sancionado mediante un proyecto que el Gobierno enviará en las próximas semanas al Congreso
Unificar legislaciones
El acuerdo comprenderá una homogeneización de las legislaciones provinciales y la ley nacional en materia minera, para garantizar estabilidad impositiva a las empresas que inviertan en el país y lograr el respaldo de las comunidades vecinas a los emprendimientos
Duplicar inversiones
La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones. Es más del doble que los US$ 10.000 millones registrados entre 2007 y 2015, pero todavía mucho menos que lo invertido en los últimos ocho años en Chile (US$ 80.000 millones) y Perú (US$ 52.000 millones), las dos potencias mineras de América latina
Nuevos empleos
Los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000 entre empleos directos e indirectos, también podrían multiplicarse, prometen los promotores del proyecto. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar los 130.000 puestos de trabajo para 2021
Rechazo ambientalista
El plan enfrenta un gran escollo: el rechazo de organizaciones ambientalistas y varias comunidades locales, en estado de alerta ante la posibilidad de que la minería siga avanzando sobre áreas protegidas por la ley de glaciares. Las organizaciones argumentan que el Poder Ejecutivo prepara un decreto de reglamentación de la ley, que podría flexibilizar los estudios destinados a delimitar las zonas prohibidas para la actividad minera
En forma paralela a la elaboración de un proyecto para un nuevo Acuerdo Federal Minero, el Poder Ejecutivo prepara una reforma del decreto reglamentario de la ley de glaciares, muy resistido por las asociaciones ambientalistas. Bajo análisis está la posibilidad de flexibilizar el criterio usado para delimitar las zonas vedadas para actividades como la minería.
Así consta en un borrador del decreto reglamentario que forma parte de una causa en la que se investiga el incumplimiento de la ley de glaciares por parte de funcionarios nacionales de este gobierno y del anterior.
La discusión gira en torno de la definición del ambiente periglaciar, como se denomina a las zonas que rodean los glaciares.
La Secretaría de Minería pretende que en esas áreas sólo sean consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos -y, por lo tanto, objeto de protección- los glaciares de escombros que tengan una contribución hídrica "estadísticamente significativa". Propone, además, que para determinarlo no se recurra a una "evaluación ambiental estratégica", como quiere el Ministerio de Ambiente, sino a un "estudio de significancia hídrica", un examen más específico.
"La ley establece que el ambiente periglaciar es el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico, pero este decreto pretende modificar esto dejando afuera los glaciares de escombros, decisión no prevista por la ley, y permitir así el avance de las mineras en estas zonas", levantaron su voz la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, por medio de un comunicado en el que denunciaron un "nuevo ataque a la ley de glaciares".
Durante la investigación judicial, que instruye el juez federal Sebastián Casanello, se comprobó también que, de acuerdo con documentos oficiales, existen un total de 44 emprendimientos mineros, todos aprobados, pero la mayoría todavía en etapa de preparación, "cercanos a cuerpos criogénicos" incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares.
El inventario fue ordenado por la ley de glaciares, sancionada en 2010, y quedó a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo técnico dirigido por científicos del Conicet.
Ese trabajo, fundamental para determinar si había proyectos mineros fuera de la ley, se demoró mucho durante el gobierno de Cristina Kirchner y tuvo avances durante la actual administración.
Hasta el momento se registró el 40 por ciento de las cuencas, según detalló a LA NACION el secretario de Política Ambiental, Diego Moreno.
Las asociaciones ambientalistas objetan también que para el inventario sólo se tengan en cuenta las formaciones de al menos una hectárea de superficie, pese a que en la ley no existe esa restricción.
"El inventario cumple con los más altos estándares internacionales y lo recomendado por las instituciones especializadas en la temática", respondió el funcionario Moreno. Y agregó: "El umbral de área mínima utilizado no representa en sí un indicador de su significancia ambiental, pudiendo existir otros cuerpos de hielo cuya relevancia debe ser evaluada por la autoridad provincial competente a los fines protectorios de la ley".
El inventario realizado hasta el momento bastó, de todos modos, para detectar potenciales violaciones de la ley.
Según un informe técnico de la Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos, entre la documentación que secuestró Casanello en los procedimientos que llevó adelante en septiembre pasado en Minería y Ambiente hay 77 proyectos mineros (de un total de 322 en todo el país) en las subcuencas del inventario. De esos 77 proyectos, concluye el informe, hay 44 "cercanos a cuerpos criogénicos" inventariados.
"Era información sumamente preliminar. No se hizo sobre información oficial de los proyectos ni había un detalle geográfico suficiente para sacar mayores conclusiones", le bajaron el tono en Ambiente.
De esos 44 emprendimientos, el único que está en plena actividad es Veladero, el proyecto de extracción de oro de la empresa Barrick Gold, en San Juan. La causa que lleva adelante Casanello se abrió a partir de un derrame de cianuro en ese emprendimiento. El juez investiga las demoras en la confección del inventario, en especial en las zonas donde se desarrollan actividades prohibidas por la ley de glaciares, como la minería.
Casanello secuestró otro documento que detalla que de los 25 principales proyectos previstos para los próximos ocho años siete están en potencial conflicto con la ley de glaciares. Cuatro de ellos corresponden a zonas ya incluidas en el inventario (Altar, Lama-Pascua, Los Azules y Pachón) y tres a cuencas aún no relevadas por el Ianigla (Agua Rica, Del Carmen y Constelación).
Esos emprendimientos tienen inversiones previstas por más de US$ 16.000 millones, casi dos tercios del total de inversiones previstas para los próximos ocho años.
La cúpula de la Unión Cívica Radical (UCR) cenará esta noche con el presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos, con quien buscará comenzar a definir los lineamientos de la campaña hacia las elecciones legislativas.
El radicalismo va con varios planteos claros a la primera cumbre del año con el primer mandatario: hay que institucionalizar más al frente Cambiemos y fortalecerlo con una presencia sólida en los 24 distritos el día que la gente vaya a votar.
El pedido de que la alianza figure en las boletas de todo el país echaría por tierra la estrategia del Gobierno de acercarse a sectores que no integran el frente, como ocurre en Córdoba con el peronismo gobernante, por ejemplo. Además, obligaría al macrismo a aceptar de una vez que haya Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, bastión que Pro conserva celosamente.
Participarán del encuentro el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el de Corrientes, Ricardo Colombi. También estarán presentes el vicegobernador de la provincia Buenos Aires, Daniel Salvador, y los presidentes de los bloques de diputados y senadores, Mario Negri y Ángel Rozas respectivamente.
