Las represas Kirchner y Cepernic representan un desembolso estimado de US$ 4500 millones; la Universidad de La Plata estará a cargo del control por el plazo de un año

La construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernicen vuelve números millonarios. No sólo en términos de inversión (el desembolso estimado ronda los US$ 4500 millones, incluido el tendido de una red de alta tensión), sino también en todo lo que rodea al control de esa obra gigantesca.

La construcción de las centrales fue una de las grandes promesas que la gestión de Mauricio Macri decidió continuar. Pero la actual administración no sólo heredó el proyecto, sino también un convenio millonario de asistencia con la Universidad de La Plata, que recibirá exactamente $ 106.123.255 millones por prestar servicios de auditoría para el Estado que permitan controlar la marcha de las represas patagónicas por el lapso de un año. Así consta en registros públicos que, mediante adjudicación directa, la dieron el trabajo a esa casa de estudios.

La relación del kirchnerismo con las universidades es investigada en la Justicia. La administración anterior utilizaba a las casas de altos estudios para contratar trabajos y transferir sumas millonarias de dinero sin la mayoría de los controles que tiene el manejo del Estado. El propio Gobierno denunció esos convenios, por ejemplo, en el caso de la mina de carbón en Río Turbio (Santa Cruz), donde realizó trabajos millonarios la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Río Gallegos.

El contrato con la Universidad de La Plata, de un año a partir de su perfeccionamiento (ocurrió el 12 de diciembre pasado), contempla el pago de cuatro ítems: gastos de personal (la Universidad pondrá a disposición un staff de 85 personas para los primeros 12 meses de la tarea), viáticos y movilidades (contempla los viajes a la obra y reuniones en China para verificar las características técnicas de las turbinas) y gastos de mantenimiento de oficinas, principalmente.

La misma Universidad había sido elegida por el kirchnerismo para auditar la construcción de las polémicas centrales patagónicas. El gobierno de Mauricio Macrimantuvo esa elección.

Una fuente cercana a las discusiones le explicó a La Nación por qué la gestión de Juan José Aranguren continuó con el convenio. Entre otras cosas, justificaron que por el retraso de las obras no se pudieron hacer los trabajos de auditoría previstos y ya contratados. De hecho, sólo se revisó la construcción del obrador.

Con respecto al pago millonario, sostuvieron que está en línea con las dimensiones del proyecto. Por caso, es uno de los 10 mayores proyectos de infraestructura a nivel mundial y es la mayor obra financiada por China fuera de ese país.

De cara a los futuros requerimientos de auditoría de las centrales, el Gobierno lanzará este año una licitación pública nacional e internacional para contratar servicios, que también se estiman tendrán un costo millonario, dado que requieren el trabajo de entre 80 y 100 personas por mes, según la estimación que hacen en despachos públicos. La encargada de la contratación será Ebisa, la empresa estatal que comercializa la energía de Yacyretá y Salto Grande, entre otras cosas.

La Universidad recibirá 10% a la firma del convenio. El saldo se le cubrirá en doce cuotas mensuales y consecutivas a certificar de acuerdo al plan de trabajo requerido por la inspección.

Las centrales patagónicas son una obra emblemática del kirchnerismo que la actual administración prometió terminar. Si bien modificó el proyecto (lo achicó y le sumó la construcción de infraestructura de transporte eléctrico para evacuar esa energía), se comprometió a finalizarlas en el año 2022.

La construcción estará a cargo del consorcio integrado por la cordobesa Electroingeniería, una empresa afín al kirchnerismo cuya subsistencia está atada a la continuación de la iniciativa; China Gezhouba Group y la local Hidrocuyo.

El 21 de diciembre pasado, la Corte Suprema suspendió provisoriamente las obras de las represas por una medida cautelar dictada en el marco de una acción de amparo ambiental promovida por dos ONGs. Según el máximo tribunal, las obras podrán reanudarse cuando se cumpla el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública en el Congreso.

El primero de los procesos lo lleva a cabo la provincia de Santa Cruz bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente de la Nación. Durará al menos hasta marzo y luego sí irá al Congreso, informó Pablo Fernández Blanco en La Nación.