Lucía Pérez Moreno
Un canadiense testarudo y 800 mdd invertidos mantienen viva esta mina de oro en la explosiva Cocula. Pero aún quedan algunos problemas por resolver: reclamos económicos de pobladores y críticas por sus yacimientos a cielo abierto.
Afinales de la década pasada, Fred Stanford, un canadiense que “vive de romper rocas”, llegó en busca de oro a Cocula (“lugar de discordia”, en náhuatl), ubicada en la sierra norte de Guerrero. Rodeada de montañas y bañada por el caudaloso río Mezcala (también conocido como Río Balsas), esta zona subtropical es parte del llamado “cinturón de oro”.
Recién jubilado de una minera canadiense, su plan de vida era comenzar un proyecto minero, desde el aspecto financiero, hasta la llamada licencia social. “Siempre estuve [trabajando] en operaciones… y quería tomar un proyecto desde cero”, dice.
Stanford sabía mucho de minería, poco de México y nada de Guerrero. Tan pronto como reunió fondos en Toronto, comenzó a construir la planta minera y el camino de entrada. Los contratiempos no tardaron en llegar. Los camiones de los proveedores que traían la maquinaria pesadaeran obligados a pagar protección. Después vinieron los secuestros de varios empleados de la obra, las extorsiones, el descubrimiento del cementerio clandestino de Cocula y, para rematar, los bloqueos de comuneros de la zona, inconformes porque nadie les consultó sobre la explotación de la mina.
“La región tenía fama de brava pero nunca [imaginé] los problemas que hay ahora”, dice Stanford, CEO de Torex Gold, la minera que controla Media Luna, subsidiaria mexicana que extrae, desde abril de 2016, el oro de Cocula. Fue “muy fuerte” lidiar con estos problemas, reconoce.
Otras empresas ubicadas en la llamada ruta dorada cerraron sus puertas. La belga Nyrstar dejó Campo Morado y anunció la venta de todos sus activos mineros, disuadida por la inseguridad; y la canadiense Goldcorp, a la que también le secuestraron trabajadores, anunció ese año la venta de sus activos en Los Filos.
Hay otras mineras canadienses interesadas en la zona, como Timmings, que planea abrir la mina Ana Paula; pero, por ahora, Media Luna trabaja en solitario.
La mina cerró en 2011, poco después de comenzar las obras; Stanford recibió mensajes de la delincuencia organizada pidiéndole pagos millonarios. Él optó por detener el trabajo dos meses, pues “una vez que pagas, estás atrapado”, señala. La segunda vez fue cuando los habitantes de la zona bloquearon el acceso a la mina, poco antes de ser inaugurada.
“También es una extorsión”, dice Stanford. En esa ocasión aceptó sentarse a negociar proyectos de “salud, entrenamiento y becas”, asegura. Torex Gold es una de las decenas de mineras canadienses que llegaron a México atraídas por sus bajas cargas fiscales (esto ha cambiado desde la reforma a la Ley Minera de 2014) y leyes que permiten extraer el oro con prácticas prohibidas en muchos países, incluidos Estados Unidos y Canadá.
“El desarrollo de políticas ambientales restrictivas en Europa o Estados Unidos ha potenciado que las actividades contaminantes se trasladen a terceros países, subdesarrollados, generalmente”, dice el estudio La minería en México: un análisis comparado con Canadá, publicado en 2015 por la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Gobernación.
En menos de una década, una parte importante del oro mexicano ha sido extraído por canadienses, que han hecho inversiones relevantes. En el caso de Media Luna, ha destinado 800 millones de dólares (mdd), la mayor derrama económica en Guerrero en las últimas décadas.
Entre 2005 y 2015, la producción aurífera de México creció de 20 a 120 toneladas anuales; en valor, representa más de 30% de las exportaciones metálicas mexicanas. Le siguen el cobre y la plata, según el informe Situación de la minería en México 2015, de la Cámara Minera Mexicana (Camimex).
Torex Gold, una empresa modesta en comparación con gigantescanadienses (como, por ejemplo, Goldcorp), sólo tiene un activo: Media Luna, por lo que los bloqueos de sus yacimientos afectan fuertemente su posición financiera. Cuando la mina fue inaugurada, en abril de 2016, estuvo en la mira de todos… y no sólo por lo que hay en juego para la minera, sino por la perseverancia de Stanford quien, asegura, nunca pensó en irse.
El secretario de Economía del gobierno federal, Ildefonso Guajardo, quien acudió a la inauguración en representación del presidente Enrique Peña Nieto, destacó que “el mensaje desde Cocula es que hay condiciones para garantizar la inversión extranjera y la seguridad”, mientras que el gobernador Héctor Astudillo habló de “la esperanza de un futuro mejor para Guerrero”, un estado donde, a falta de maquiladoras o fábricas textiles, la población se dedica a la agricultura de subsistencia o se va a trabajar a Estados Unidos.
Torex Gold tiene una concesión de 29,000 hectáreas, a 180 kilómetros de la Ciudad de México (CDMX), que adquirió a finales de la década pasada, de otra empresa canadiense que había caído en problemas financieros. A Stanford le interesó Cocula por sus enormes reservas de oro, pero también porque la zona cuenta con recursos abundantes de agua y servicio eléctrico, así como por su cercanía con la capital del país.
La mina trajo una pequeña bonanza durante su construcción; había más de 3,000 trabajadores en la zona, y Nuevo Balsas, el poblado que está a dos kilómetros en línea recta del emplazamiento, se benefició directamente. El pueblo entero estuvo dedicado a la hotelería, la gastronomía y a trabajos de la mina, reconoce el comisario ejidal, Mario Arrieta Miranda.
Terminada la obra, los trabajadores se fueron y los mineros se instalaron en un campamento, donde, gracias a un convenio con el gobierno del estado, tienen un perímetro seguro. La mayoría pertenece a brigadas del norte (Chihuahua y Sonora) y conoce bien el oficio. Nuevo Balsas volvió a su lánguido ritmo de vida de antes.
De los 600 o 700 empleos directos y los 1,000 indirectos que genera Media Luna, sólo entre 10 y 15% están ocupados por trabajadores de la zona… y se trata de puestos de menor escalafón. La minera tiene planes de capacitación para insertar a una mayor proporción de locales en su planta.
La producción aurífera está centrada en dos tajos: Los Guajes y El Limón, con capacidad de recuperación anual de 358,000 a 468,000 onzas troy de oro, lo que se traduce en un volumen entre las 11 y las 14 toneladas anuales y entre 30 y 38 kilos diarios, considerando un valor de 31 gramos por onza troy. “Son proyectos complicados y arriesgados, pero traen ganancias”, dice Stanford. El plan es abrir una tercera mina subterránea que, si todo sale bien, comenzará a funcionar en 2017.
El método de extracción genera gran cantidad de desechos tóxicos porque, de cada tonelada de piedra que se saca de la montaña por medio de explosiones, se recuperan apenas 2.6 gramos de oro, de acuerdo con Torex Gold. El resto se tira en las “presas de jale”, que son depósitos abiertos altamente tóxicos.
El movimiento internacional No Dirty Gold (No al Oro Sucio) ha afiliado a 100 de las más prestigiadas firmas joyeras, incluyendo Tiffany’s, para que rechacen la compra del metal precioso extraído de minas a cielo abierto (como ésta), pues, para producir un anillo de oro de 2 onzas, se necesita volar cerca de 30 toneladas de montaña, lo que afecta tanto a los paisajes como a la flora y la fauna local.
El doré, metal que se extrae de Media Luna por medio de la lixiviación por cianuración, es una mezcla sin refinar de oro y plata, producido en la mina y trasladado a una refinería en Estados Unidos para su posterior limpieza. Stanford aclara que las barras de doré (con 60% de oro), son refinadas para obtener un oro de 99.9% de pureza que luego va a los mercado internacionales.
Los informes trimestrales de Torex Gold Mining, que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el nombre de TRX, muestran que el costo de producción de cada onza de oro es de 699 dólares, y el de la venta, que se rige por los precios internacionales, se acerca a los 1,300 dólares. Es decir, que obtiene una ganancia bruta de 600 dólares por onza.
El reporte destaca que la minera vendió 210 mdd en oro y recibió ingresos de 86 mdd, pero reportó pérdidas operativas por 7.5 mdd.
Este año, la empresa prevé extraer 275,000 onzas de oro y el año entrante elevará la cifra a 358,000 onzas. La planta puede procesar diariamente 14,000 toneladas de mineral, mediante trituración y molienda; lixiviación con cianuro de sodio, recuperación, electrodeposición y fusión.
Stanford reconoce que, aun cuando cerca de 60% de sus costos se paga en dólares, la empresa se beneficia de la devaluación de la moneda mexicana y, sobre todo, de la inestabilidad financiera. “Cuando suben las tasas de interés, los inversionistas se refugian en el oro”, comenta, y recalca que los metales preciosos tienen ciclos muy volátiles que pueden llegar a provocar el cierre de las minas. “El riesgo más grande en este negocio es la cotización del oro”, señala.
Los tiempos que corren son buenos para las minas de oro porque la cotización del metal subió con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues la incertidumbre ha hecho que muchos inversionistas vendan sus acciones en la bolsa.
Media Luna, como otras mineras canadienses en México, enfrenta el enorme reto de ser aceptada por las comunidades locales, pues, como dice el estudio La minería en México…, la falta de acuerdos aumenta los costos financieros y pone en peligro la capacidad de la minera para dar ganancias a sus accionistas.
En la visita que hizo Forbes México a la mina de Cocula, Leonardo Valdéz, jefe de operaciones, explicó que el molino de piedra no puede detenerse sin generar grandes pérdidas. Por eso, la mina no descansa nunca y los bloqueos le afectan mucho.
La posición de los pobladores de Nuevo Balsas está dividida sobre cómo negociar con la minera. La mayoría cree en el dialogo porque, como dice el comisario ejidal Arrieta, “Si van a ser nuestros vecinos, mejor nos llevamos bien”. Reconoce que, al principio, las relaciones fueron tensas porque la mina se centró en negociar con los dueños de los terrenos ejidales y no con toda la comunidad, lo que les obligó a crear un comité ciudadano, que hoy es el principal interlocutor con la minera.
A través del diálogo han conseguido que Torex Gold invierta en mejorar los caminos, cambiar el drenaje y pavimentar las calles del pueblo, y también han logrado que se instale un centro de salud y espacios deportivos.
Pero los habitantes todavía tienen una larga lista de peticiones, que incluye, por ejemplo, abrir nuevos caminos, instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales, techar las casas del pueblo y hasta levantar un centro cultural. “La lógica es: tú te llevas nuestros recursos, ¿y qué nos vas a dejar a cambio?”, señala el comisario ejidal.
Una de las obras que más presume la minera es la reubicación de 160 familias de rancherías cercanas a la mina, a una zona residencial donde se dispone de todos los servicios: agua, drenaje, áreas infantiles y templos. A excepción del cementerio, los poblados de La Fundación y Real de Limón se mudaron por completo y los habitantes parecen satisfechos, salvo por pequeños detalles.
No todos están de acuerdo con estas mejoras. Hay un grupo pequeño que presiona a la minera para recibir dinero. Desea que la mina le pague 500,000 pesos anuales a cada comunero por los daños ambientales ocasionados y ha solicitado la mediación del gobernador y de organizaciones externas, como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) como forma de presión. Stanford considera que es otra forma de extorsión ante la que no está dispuesto a ceder.
Saber si la mina está contaminada es una gran incógnita porque sus operaciones acaban de iniciar y no hay estudios científicos que lo avalen. La tecnología que utiliza Media Luna es muy sofisticada y, desde que comenzó operaciones, no se ha producido ningún derrame.
Los pescadores de la zona no tienen quejas, pues no acusan ninguna reducción de su producción, e incluso algunos agradecen los apoyos que les ha dado la minera para constituirse como cooperativa. “No somos sus defensores, pero reconocemos el apoyo que nos ha dado”, dice Mario Valentín Ramírez, de la Unión de Pescadores de esta zona, donde se captura tilapia, bagre y langosta italiana.
Pero la inquietud está en boca de todos porque el uso de sustancias químicas tóxicas es un riesgo latente. La investigadora del Cinvestav, Unidad Saltillo, Fabiola Nava, quien estudia métodos alternos para reducir la contaminación minera, señala que la lixiviación por cianuración se usa en el 80% de las minas auríferas del mundo y, aunque puede ser tóxica, también es controlable. “Si las empresas cumplen con las normas [ambientales], no deben tener ningún problema”, dice.
El riesgo, más bien, parece ser la cercanía de la mina con el Río Balsas y los pobladores. El doctor en Ciencias Juan Carlos Fuentes, también de la Unidad Saltillo del Cinvestav, señala que las minas de oro a cielo abierto no deben instalarse cerca de ríos ni de comunidades, porque los desechos tóxicos se pueden filtrar a la tierra y al agua. “Es un peligro… y esto suponiendo que el cianuro está bien controlado”, dice. El investigador, quien estudia la hidrometalurgia sustentable, destaca que Guerrero es una zona sísmica, lo que eleva el riesgo de que las voladuras provoquen derrumbes. Un primer accidente ya sucedió en la mina, después de una explosión que arrolló a un trabajador, quien perdió la vida. El problema es complicado porque, como dice Stanford, “a diferencia de un Walmart, que puede elegir su ubicación, la mina debe estar cerca del mineral”.
El doctor Fuentes señala que, entre los retos de la minería moderna, está el desarrollo de procesos alternativos al cianuro que sean menos contaminantes. El Laboratorio de Hidrometalurgia Sustentable e Ingeniería Electroquímica del Cinvestav tiene patentado un proceso de lixiviación “sin cianuro”, que permite recuperar los valores metálicos y posteriormente reutilizar la solución de lixiviación.
“Lástima que una industria que genera tanta riqueza en México no invierta en estos descubrimientos, que podrían ayudar mucho a mejorar el medio ambiente”, dice.
En Cocula, lo único en que la genete coincide es que la minera debe presentar estudios de impacto ambiental. El primero ha sido encargado a la Universidad Autónoma de Guerrero y, mientras llegan los resultados, Stanford espera no sufrir más bloqueos. Afirma que a nadie le conviene el cierre de la mina.
La última reforma a la Ley Minera, de agosto de 2014, establece un “derecho especial a la minería”, que obliga a los propietarios de concesiones y asignaciones mineras a realizar un pago anual de derechos sobre minería del 7.5% sobre la utilidad, el cual se calcula con base en la diferencia entre sus ingresos y ciertas deducciones a las que tienen derecho.
El sentido de todo esto es apoyar el desarrollo social y económico de las zonas cercanas a las minas, pero, hasta ahora, eso no se ha reflejado en Cocula. Tanto los directivos de Media Luna como los habitantes próximos a la mina se preguntan: ¿Dónde está el dinero?
