Luego de la cancelación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, a manos del Consorcio Gasoducto del Sur, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, anunció que esta obra continuará y se relicitará pero esta vez a cargo de un comité especial de Proinversión.
“El Gobierno cumplirá con todo lo que legalmente corresponda para que la nueva licitación de la construcción del Gasoducto Sur Peruano, que estará a cargo de un comité especial de Proinversión, se concrete en un proceso transparente”, destacó Tamayo Flores.
De otro lado, indicó que se ejecutará una carta fianza por 262 millones de dólares a favor del Estado. “Se trata de la mayor carta fianza que se haya ejecutado alguna vez en el Perú, como una penalidad de que no cumplieron lo que ofrecieron”, señaló.
Sobre el motivo de la cancelación del contrato con el citado consorcio, el funcionario señaló que fue por un tema financiero.
"Ante el cumplimiento de la fecha límite del cierre financiero del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y anuncio de la empresa concesionaria de no haber logrado obtener la totalidad de los recursos para financiar la obra, se da por terminada la concesión conforme lo establece el contrato”, señaló el ministro.
Acerca del escándalo de Odebrecht, que ha alcanzado distintos sectores a nivel nacional e internacional, el ministro citó que su cartera viene cooperando en todo lo necesario en la lucha anticorrupción.
"Hemos sido respetuosos de los plazos y nunca hemos contemplado ampliaciones, ni retiro de la cláusula anticorrupción. Eso no ha sido negociable, porque el Gobierno ha iniciado una lucha frontal contra la corrupción y desde mi sector venimos colaborando con la Fiscalía, Procuraduría y con las comisiones investigadoras del Congreso de República por el actual proceso de investigación existente sobre el proyecto”, finalizóTamayo Flores.
Al ejecutar la penalidad de 262 millones de dólares al consorcio que encabezó la brasileña Odebrecht, por incumplir el contrato sobre el Gasoducto Sur Peruano, se salvaguardaron los intereses del Perú, subrayó el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien reafirmó que dicha obra será una realidad.
Precisó que la obra podrá ser continuada utilizando dicho dinero y se tendrá que llegar a un acuerdo con los contratistas, entre ellos Graña y Montero –que no fue parte del grupo original de inversión– y la española Enagas y otros posibles inversionistas.
“Creo que, a pesar de que sin duda habrá una demora, el gasoducto del sur es una realidad. Vamos a forzar las marchas para poder llevarlo a cabo en los tiempos previstos”, señaló en RPP.
El Jefe del Estado recordó que había una garantía para la culminación del proyecto de gas, por medio de una carta de crédito financiada por aseguradoras.
“Con el progreso hecho, la carta tenía un valor de 262 millones de dólares, eso se ejecutó esta mañana [ayer] a partir de que venció el momento en que la empresa debía mostrar que tenía el ducto financiado y no lo pudo hacer porque los bancos no le quisieron prestar”.
Afirmó: “Con eso hemos salvaguardado nuestros intereses porque, de otra manera, los 262 millones sabe Dios adónde se iban a ir y nos quedábamos sin nada”.
Respecto a Odebrecht, el Mandatario indicó que deberá vender sus proyectos por la tara de corrupción que pesa hoy sobre dicha empresa. “Tiene que irse, se acabó y deberán llegar a un acuerdo con la Fiscalía”.
En ese sentido, consideró que los 30 millones de soles que adelantará como parte de la devolución de las ganancias ilícitas que obtuvo en el Perú es una suma muy baja ante los 2,500 millones de dólares que deberá pagar en Estados Unidos, donde registra poca actividad en obras.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, dijo: “Estamos exigiendo que se haga efectivo [el pago de la fianza] de inmediato”.
Apuntó que “es la fianza más grande que se ha cobrado en el Perú”.
Tamayo detalló que el megaproyecto registra un avance del 90% de la ingeniería, 60% a 70% de los tubos y 10% de las obras construidas (tubo enterrado). “Tenemos invertidos alrededor de 1,800 millones de dólares”.
En tanto, Odebrecht ofreció disculpas a la sociedad peruana y a sus 10,000 trabajadores por los “graves errores” que consideró cometieron exdirigentes.
La Policía Nacional capturó anoche al exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno aprista Miguel Ángel Navarro Portugal, quien estaría involucrado en el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La intervención se efectuó a las 19:00 horas en el jirón Unión Panamericana, Balconcillo, distrito limeño de La Victoria.
En su cuenta de Twitter, la Fiscalía de la Nación informó que dirigió anoche un operativo de allanamiento en ocho inmuebles y logró la detención de Miguel Navarro, vinculado a los exfuncionarios apristas Edwin Luyo y Jorge Cuba.
Medios locales reportaron que una de las viviendas intervenidas fue la de la pareja de Carlos Cuba, la exvoleibolista Jessica Tejada.
Entretanto, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional dictó anoche una orden de prisión preventiva, por un plazo de 18 meses, contra el ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno aprista Jorge Cuba, actualmente no habido y acusado de recibir sobornos por parte de Odebrecht. También dictó una orden de captura nacional e internacional contra dicho exfuncionario.
Por su parte, el Ministerio del Interior incorporó en el Programa de Recompensas a Cuba, por quien ofrece una recompensa de 30,000 soles.
El proyecto Gasoducto Sur Peruano quedó trunco el pasado lunes, cuando el Estado decidió rescindir el contrato que tenía con el Consorcio Gasoducto del Sur porque este no alcanzó el financiamiento de orden para continuar con la obra.
Tras esto, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo llegó a Cusco para sincerar la situación del proyecto, argumentando que bajo la manga el Estado tiene un Plan B, el mismo que comenzará a ejecutarse de inmediato.
Este Plan B no es otra cosa que llevar gas al sur del Perú a través de camiones en lugar de tuberías, bajo el modelo de gas virtual, sin embargo, esta posición no fue tomada con agrado por los cusqueños, ya que consideraron esta medida un paliativo inútil y costoso, ya que el transporte de este elemento vía terrestre significaría un alto costo.
“Tenemos que reconocer que la situación actual sí esta amenazando que el gas llegue al sur del Perú específicamente a Cusco, por lo tanto aplicaremos el Plan B, es así que el gas natural vehicular llegará probablemente antes que llegue el gasoducto, esto en un plazo de dos años”, citó el ministro.
Una de las personas que se manifestó en contra del discurso pronunciado por el ministro fue la congresista por Cusco Nelly Cuadros, quien citó textualmente que Cusco no aceptará 'caramelos' en lugar de proyectos reales.
“Cusco no está dispuesto a aceptar este Plan B del Gobierno; no queremos paliativos de ningún tipo, queremos más bien que se apresure la relicitación del gasoducto y que el gas llegue al sur como se había prometido y no en camiones que no ayudarán a la industria ni a la masificación”, refirió.
De otro lado, el ministro también mencionó que el plazo que se fija para este nuevo proceso de licitación y la conformación de un nuevo contrato será más o menos de un año a año y medio, no atreviéndose a establecer un monto aproximado del costo total de la inversión, el mismo que ahora pasa los siete mil millones de dólares.
“Estamos constituyendo un comité especial en ProInversión para que se encargue del proceso de relicitación del GSP, este comité tendrá como obligación desarrollar el proceso lo más antes posible para no aumentar más el retraso que ya tenemos”, citó el ministro.
El Gasoducto del sur del Perú, ahora es un proyecto más atractivo para nuevos inversionistas, pues tiene la tercera parte avanzada, reservas de gas comprobadas y estudios de impacto ambiental aprobados, dijo hoy el especialista Aurelio Ochoa.
“Es un proyecto relativamente avanzado, un poco más de un tercio ya está construido, entonces las empresas han dicho que es un negocio interesantísimo”, declaró a la Agencia Andina.
Ochoa señaló que el Gobierno proyecta una imagen seria del país, que ya tiene en el exterior, con el retiro de la concesión al Consorcio GSP para la construcción del gasoducto del sur por incumplimiento del contrato y su correspondiente ejecución de la penalidad por 262 millones de dólares.
Asimismo, refirió que las empresas del sector consideran al Gasoducto Sur Peruano como un “superproyecto” y desean continuarlo con el avance logrado.
“Cuando las empresas interesadas vean los equipos que están sobre el terreno y las tuberías que serán mantenidas con el dinero de la penalidad, entonces querrán adjudicarse este proyecto con mucho más interés que al comienzo”, destacó.
El Gobierno ordenó hoy la ejecución de la penalidad de 262 millones de dólares al consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) integrado por la brasilera Odebrecht, la española Enagás y la peruana Graña y Montero, por haber incumplido el contrato al no presentar el cierre financiero (el 100% del financiamiento) para concluir las obras.
“Parece que en este caso hemos tenido suerte, pues además están los estudios de impacto ambiental ya hechos y la tubería ya ha sido traída al país en un 70%, es digamos una especie de plato servido”, enfatizó.
El experto en hidrocarburos explicó que las obras serán asumidas por las empresas o el consorcio que se presenten y ganen la nueva licitación.
“Hay muchísimo interés de empresas especializadas como lo ha declarado el ministro de Economía, Alfredo Thorne, porque el proyecto está avanzado en 37%, y la tubería está en un 70% en el país, por lo tanto, lo único que tiene que hacer es enterrase y se ha enterrado aproximadamente en un 10% hasta hoy”, precisó.
Asimismo consideró que el nuevo contrato será beneficioso para el país, porque "será un proyecto mucho mejor percibido y concebido", pero que en principio no deberían participar las empresas que formaron parte del consorcio que ha incumplido el contrato.
“Además, hay grandes jugadores interesados, como la empresa Sempra, la estatal china y otras empresas canadienses y europeas”, dijo.
El especialista explicó que desde el punto de vista institucional, resultaría un éxito para cualquier empresa en el mundo mostrar en su currículo que ha construido el Gasoducto del sur del Perú, pues es una obra de más de 1,000 kilómetros de longitud, que atraviesa la selva y la sierra, para llegar a la costa.
Ochoa opinó que la decisión del Gobierno de aplicar la penalidad "es una buena decisión", porque ya era inviable otorgar un plazo más a las empresas del consorcio que no consiguieron el financiamiento necesario para la construcción del Gasoducto Sur Peruano.
“Debemos saludar la firme acción del Gobierno en este caso, de haber decidido aplicar la parte contractual, porque no ha habido ningún abuso por parte del Gobierno”, afirmó.
Recordó que el consorcio había pedido un plazo adicional de 120 días, algo que el Gobierno no aceptó, porque ya era suficiente con los tres plazos anteriores que ya habían vencido, pues el primero se venció en abril del 2016, luego se venció otro en octubre del mismo año, y la última prórroga culminó ayer.
“La otra buena acción que ha emprendido el Gobierno es que de ninguna manera se retiró la cláusula anticorrupción, porque en este contrato y casi en todos los contratos en el Perú y el mundo, incorporan la cláusula anticorrupción”, afirmó.
Refirió que el incumplimiento contractual ha sido por parte del concesionario, por lo cual ya se rescindió el contrato, y esta mañana ya se envió la carta notarial respectiva.
“En consecuencia, el contrato llegó a fojas cero y simplemente no se puede hacer un contrato con las mismas características”, puntualizó.
