Néstor Franco, director de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, explica cómo queda el panorama de la minería en el departamento tras la Resolución 2001 del 2016, del Ministerio de Ambiente, que declaró a 21 zonas compatibles con tal actividad en esta región.
Además, indica en qué van los trabajos para recuperar el río Bogotá y si los municipios están cumpliendo con la sentencia de descontaminación.
-¿Qué viene para el departamento luego de la resolución del Ministerio de Ambiente?
El Ministerio, previo estudio técnico entregado por la CAR, y por consultas adelantadas con la Agencia Nacional Minera y el Ministerio de Minas, decidió expedir esa resolución a finales del año pasado, que estableció los polígonos en los que se podría desarrollar minería en la sabana de Bogotá. Establecidas estas zonas, se concluye que en el resto del área no se puede adelantar esta actividad.
Pero antes de entrar a vacancia judicial, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió los efectos del documento, hasta verificar la coherencia de los polígonos adoptados y la actividad minera que se desarrollaba allí, porque según algunos ciudadanos, se abrieron nuevas áreas y se desconocieron otras en las que ya había.
Por ello, la CAR suspendió los trámites mineros, para evitar una colisión entre lo que dice Minambiente, y nosotros con los expedientes que teníamos. Esto durará entre enero y febrero, el tiempo que empleará la magistrada Nelly Yolanda Villamizar en inspeccionar los polígonos, pues arranca esta semana.
Nosotros confiamos en que los polígonos se mantengan y en que se realice una revisión en zonas que pensamos pueden resultar contraproducentes.
-¿Cómo cuáles áreas?
Se ha hablado de una zona de Subachoque y de El Rosal, donde existen críticas sobre el polígono que se determinó, pero quedamos sujetos a las decisiones judiciales. (Le puede interesar: Por aire y tierra, autoridades van detrás de minería ilegal)
-¿Pero la resolución habilitó nuevas zonas o reguló las que existían?
El sentido del fallo del río Bogotá, del cual partió la expedición de la resolución, era regular las áreas existentes, no habilitar nuevas zonas. Si se comprueba que los polígonos están bien delimitados, tendremos dos acciones inmediatas para hacer: habilitar lo que es válido para la resolución y deshabilitar todo lo que está por fuera, así ya tenga título minero.
-¿No afectan esas actividades los trabajos de recuperación de la cuenca del río Bogotá?
La habilitación de áreas compatibles con la minería en la cuenca alta es un reconocimiento de la minería que ya está, para identificarla con precisión y crear el polígono. Lo que nos obliga es a seguir con el ejercicio de autoridad ambiental frente a esas actividades, y paralelamente a adelantar con prontitud la adecuación hidráulica de la cuenca alta del río Bogotá.
-¿En qué van esos trabajos?
En el 2016 culminamos el contrato suscrito con FCC de España para la intervención de los tramos A, B y C de la cuenca media del río, que va de Alichachín (Soacha) al puente de Guadua (en la calle 80), que corresponde a 54 kilómetros.
Solo faltan algunos detalles pequeños, en el barrio Porvenir de Mosquera. Pero las obras ya están listas y se entregarán en febrero.
Además, estamos ejecutando un contrato con una firma colombiana en un tramo de 16 kilómetros, que va de la calle 80 a puente de la Virgen (vía Suba-Cota). Ya hay ocho kilómetros intervenidos y a más tardar en marzo 30 entregamos las obras de este punto. (Lea también: Los estragos ambientales que deja la minería en Bogotá)
Con ello damos por recuperada y adecuada la ronda hidráulica de la cuenca media del río Bogotá y emprenderíamos trabajos en la cuenca alta.
-¿Qué se va a hacer en esta zona y cuándo arrancan?
Ya adelantamos los estudios y diseños de la intervención. Se adelantará en tres frentes: el primero, con algún grado de similitud a lo que hicimos en la cuenca media, en un tramo aproximado de 30 kilómetros, que va desde puente de la Virgen (en la vía Suba-Cota) hasta puente Vargas (cerca de Cajicá). Se ampliará el cauce del río y se construirán jarillones.
Lo segundo, desde puente Vargas habrá limpieza, poda y retiro de obstáculos. Esa es una zona de muy buena conversación. La tercera intervención será en Villapinzón, donde se realizará el parque del Agua, en honor del páramo de Guacheneque.
Ya se adelantaron los permisos de los copropietarios, pues allí no se hará adquisición predial. Solo se identificaron seis predios en los que siempre hay inundación, que la CAR comprará y se volverán zonas de inundación controlada.
-¿Cómo va la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar)?
Estamos ejecutando 20 convenios para dotar a los municipios de Ptar, entre los que están Cajicá, Chía, Tocancipá, Facatativá, Mosquera y Suesca, entre otros.
Ya entregamos la de Cogua; culmina este semestre la de Toncancipá; en Mosquera ya está en 90 por ciento; en Zipaquirá arrancaron, mientras que en Cajicá y Cota se están haciendo ajustes a los diseños.
Confiamos que en el 2017 entregaremos 10 listas, y en el 2018 un número igual.
La comunidad de este par de municipios organizó plantones el año pasado por la solicitud de títulos mineros de dos empresas en esas zonas.
En Cogua, el trámite de solicitud para ampliar el parque minero a la explotación de gravilla avanza, pero se ha sometido a audiencias públicas con la comunidad y la Alcaldía municipal.
“Estamos adelantando las valoraciones sociales, técnicas y legales de lo planteado por todas las partes”, indicó Franco.
En Suesca, una cementera solicitó un permiso para explotar materiales de construcción en el municipio. “No se ha levantado la medida de suspensión que dictó el municipio y estamos cotejando la validez del título frente al nuevo escenario derivado de la declaratoria de la resolución del Minambiente”, explica Franco.
