El entusiasmo se respiraba en las calles. Por primera vez, la historia parecía estar del lado de Cerro Chato, un pueblo de poco más de 3 mil habitantes que tiene una pata en Treinta y Tres, otra en Durazno y otra en Florida.

Los habitantes de aquel lugar no hablaban de otra cosa. Observaban sorprendidos como día tras día los diarios traían novedades sobre un megaemprendimiento que revolucionaría la zona.

Mientras con enérgicos discursos los uruguayos comenzaban a debatir sobre la megaminería a cielo abierto, ellos soñaban con dejar atrás los tiempos de salarios sumergidos, altos índices de desocupación e informalidad. Aratirí, una empresa de capitales indios, negociaba con el gobierno de José Mujica la puesta en marcha de un proyecto de inversión estimado en los US$ 2.770 millones.

Luego de escuchar esas cifras desorbitantes, Francisco Da Silva fue uno de los que renovó la esperanza de lograr salarios dignos para los trabajadores. Pero aquel sueño se transformó en una pesadilla. El final de la historia es conocido: Aratirí jamás llegó a concretar su proyecto.

Francisco trabajó para la firma y hoy es uno de los 95 trabajadores que están a la espera de que termine la feria judicial para volver a la carga con las acciones legales, en busca de cobrar cuanto antes lo que la empresa aún les adeuda por los despidos. "A nosotros nos pagaron el 50% de lo que correspondía. La empresa minera Aratirí incumplió el acta firmada en el Ministerio de Trabajo", dijo el trabajador a El Observador.

En su momento de mayor auge, hubo unas 500 personas que trabajaban para la empresa y para las firmas tercerizadas, pero aquellos tiempos de mucho movimiento quedaron en el pasado.

El pueblo volvió a la tranquilidad de siempre y, como forma de salir adelante, Francisco compró un par de vacas para vender leche.

Otros exfuncionarios debieron abandonar la zona para buscar oportunidades laborales lejos de sus hogares, dado que Cerro Chato no tenía nada para ofrecerles. A esta altura, algunos ya están desesperados por cobrar, porque han pasado muchos meses.

"Los tiempos de la justicia no son los mismos que lo de los trabajadores. Todos estamos esperanzado en que esto se agilice y poder cobrar lo que nos deben. Necesitamos ese dinero", dijo Da Silva, quien antes solía ser el delegado del sindicato de trabajadores.

Los 95 afectados que están en juicio con la empresa cuentan con el asesoramiento de un abogado de la Unión de Trabajadores del Metal y de Ramas Afines (Untmra). El doctor Manuel Echeverría adelantó a El Observador que, una vez que se levante la feria judicial el 1 de febrero, habrá novedades. "Vamos a solicitar medidas en el juzgado para intentar cobrar", afirmó, aunque prefirió no adelantar la estrategia que llevará adelante.

En diciembre de 2015, la empresa y los trabajadores firmaron una serie de acuerdos para abonar los despidos. "Pero la empresa incumplió groseramente", dijo el abogado del Untmra. Ante ese escenario, los funcionarios iniciaron los juicios a comienzos del año pasado. "Pagaron algunas cuotas pero después dejaron de cumplir", sostuvo el abogado. Como sea, aquel inusual movimiento que había esperanzado a Cerro Chato y Valentines, ya se acabó hace más de cinco años . "Nosotros estábamos entusiasmados porque era una posibilidad laboral para mucha gente", sostuvo Da Silva. Según dijo, él siempre tuvo dudas del proyecto, pero terminó confiando. Ahora espera ansioso la llamada del abogado a ver si logra cobrar lo que, según entiende, le deben.

Las mil y una vueltas de Mujica

Mientras ejercía la Presidencia, José Mujica mostró una posición favorable a la instalación de Aratirí en Uruguay y, de hecho, enfrentó públicamente a los activistas que cuestionaban la llegada de la empresa por razones ambientales. En 2011, repartió un documento durante el Consejo de Ministros llamado "Mitos y errores sobre el proyecto de minera Aratirí", donde se analizaba al detalle el asunto con una visión positiva para darle luz verde al proyecto.

Tiempo después, Mujica manejó la posibilidad de realizar un plebiscito acerca de la megaminería a cielo abierto para que, en definitiva, sea la ciudadanía quien defina directamente qué rumbo tomaba Uruguay en ese sentido. El expresidente también coqueteó en su momento con ser socio del proyecto para que el país logre una mayor ganancia. "El Estado es pobre", dijo.

El caso reaviva el debate sobre conveniencia de fondo laboral

El final que tuvo el proyecto de inversión de Aratirí reactivó un debate acerca de qué mecanismo puede tener el Estado par

El abogado de los exfuncionarios de la firma minera, Manuel Echeverría, dijo que es imprescindible que se sancione una ley mediante la cual se garantice el cobro de los créditos laborales. "No solo es algo necesario. Es algo que ya a esta altura es imperioso si pretendemos ser un país de primer mundo", dijo a El Observador.

El experto en Derecho dijo que debería existir un fondo a utilizarse para indemnizar a los trabajadores ante el cierre de una empresa.

Esa idea ha sido impulsada por legisladores del Frente Amplio y, obviamente, despierta entusiasmo en el PIT-CNT. Presentado por los diputados Luis Puig (PVP) y Carlos Reutor (MPP), el proyecto propone que en casos de insolvencia –cuando la firma no pueda hacer frente a sus obligaciones– los trabajadores puedan apelar a este mecanismo. El financiamiento de ese fondo se concretaría mediante una contribución que caería sobre los hombros de los empleadores, Pero ese proyecto de ley nunca fue aprobado luego de ser debatido en la interna del Frente Amplio. Al Frente Líber Seregni, una agrupación de varios sectores que responden al liderazgo del ministro de Economía Danilo Astori, la idea le generaba dudas, debido a que creían que podía complicar la ecuación de algunas pequeñas empresas.