La acitividad de minería informal sería catalogada como crimen organizado en Perú, según la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello. La meta del gobierno es formalizar al 50% de mineros ilegales; La primera etapa de la formalización duraría tres años.
El ministro de Energía y Minas, Tamayo Flores, junto a sus pares de Ambiente, Elsa Galarza, de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, y de Cultura, Salvador del Solar, ofrecieron una conferencia de prensa para explicar el relanzamiento del proceso de formalización minera integral en el Perú y las disposiciones recientemente dictadas.
La ministra Pérez Tello señaló que el delito de minería ilegal se ha incorporado como una forma de crimen organizado, a fin de utilizar los mecanismos para perseguir ese tipo de delitos.
“Se ha incorporado el supuesto de minería ilegal a la Ley 30077 – Ley de Crimen Organizado. Porque es la única manera de poder enfrentar problemas de crimen organizado, y la minería ilegal lo es”, anunció la ministra hoy en conferencia de prensa, donde expuso una serie de decretos sobre lucha contra minería ilegal.
Señaló que para esto han separado al minero ilegal (que se asienta en zonas no autorizadas, como reservas naturales) del minero informal (en proceso de formalización). Esta última, de no adecuarse a dicho proceso, “terminará siendo ilegal en algún momento”.
Actualmente, la minería ilegal es considerado un delito para el artículo 307-A del Código Penal, pero este solo contempla penas privativas de libertad de entre 4 y 8 años.
“Al incluir como crimen organizado al minero ilegal, tú va a poder (desde que la norma se publicó) utilizar los mecanismos que se franquea la Ley (de Crimen Organizado) para que la investigación fiscal llegue a resultados que todos esperamos”, indicó, basándose en el Decreto Legislativo 1244.
Algunos mecanismos que permitirá esta modificación, es que se alargará el plazo de investigación hasta 36 meses, plazo en que el investigado por minería ilegal puede estar detenido. “Eso no era posible antes”, dijo.
Otra de las protecciones que brinda la Ley de Crimen Organizado es que el juez y fiscal podrá “llevar el caso con agentes encubiertos, con una Sala Penal Nacional, que evite todas esas distorsiones”, dijo la ministra Marisol Pérez Tello.
“Todos conocemos que la minería ilegal, a pesar de todas las acciones que se han hecho, no ha tenido resultados en términos de sanción penal”, finalizó.
En términos de incentivos para la formalización, la ministra señaló que no se podrá penalizar a quienes culminaron el proceso de formalización por responsabilidad de un funcionario estatal.
“Que tú no hayas podido avanzar en el proceso de formalización por causa inexcusable del funcionario que debió implementarla. Por ejemplo, si el funcionario debió implementar una oficina donde podías comprar uncertificado, y el gobierno regional nunca habilita la oficina necesaria. Si no es tu responsabilidad que como sujeto de formalización dar el paso siguiente, no te pueden atribuir responsabilidad penal”, explicó.
Recalcó que espera que el proceso de formalización dure tres años, y que la meta para el plazo que tiene este gobierno es formalizar al 50% de solicitantes, informó Gestión.
"Lo que se busca es que se formalice por lo menos el 50% de los ciudadanos que están involucrados en esta actividad, ¿cuál es la base, sobre qué numero puede calcularse ese 50%? Yo díría que el número real debe estar entre 100 mil, 120 mil o 150 mil", manifestó Flores.
Tamayo explicó que los mineros informales podrán inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) desde el próximo 6 de febrero hasta el 1 de agosto de este año, y tendrán 3 años para completar el proceso. Se ofrece simplificación de trámites, incentivos económicos y trabajo multisectorial.
A su turno, la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, informó que se han recuperado más de 500 hectáreas de la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios, afectadas por la minería ilegal.
El nuevo proceso de formalización minera integral que acaba de establecer el Gobierno, con los decretos legislativos (DL) N° 1293 y N° 1336 que emitió al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso, beneficiará a los pequeños mineros y mineros artesanales del país porque tendrán una simplificación de los trámites, incentivos económicos y trabajo multisectorial, que involucra a varios ministerios, aseguró el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores.
“El plazo de vigencia del proceso de formalización tendrá una ampliación de 3 años, desde el cierre del Registro hasta el 2020. Hemos reformulado el instrumento ambiental, creándose el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), el cual contiene una parte preventiva y otra correctiva, que irán por las vías de evaluación de los gobiernos regionales”, agregó.
Tamayo comentó que se dispuso la promoción de incentivos económicos para los titulares mineros, a través del otorgamiento excepcional de una acreditación como pequeño productor minero.
“Hemos recuperado más de 500 hectáreas de la Reserva Nacional de Tambopata de la minería ilegal, que representa más del 70% del área total afectada. Esta lucha contra la minería ilegal es posible por el trabajo articulado que realiza el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI, de la Marina de Guerra del Perú), y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA)”, precisó.
En tanto, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, recordó que el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es un instrumento de naturaleza preventiva, que regularmente se exige antes de la ejecución de cualquier proyecto u obra, para revisar si en la superficie hay restos arqueológicos.
Por ello, precisó que no debe exigirse el CIRA en las zonas donde se desea impulsar el proceso de formalización minera, informó Correo.
