FERNANDO NAVAJAS*

La semana pasada el Presidente y su equipo anunciaron, con bombos y platillos, el relanzamiento de la estrategia de desarrollo de Vaca Muerta con un acuerdo entre gobierno nacional, provincial y sindicatos para hacer una reforma laboral que resuelva la baja productividad que en parte dificulta las inversiones en ese proyecto.

Al mismo tiempo, y sin ninguna discusión transparente de otras alternativas posibles, se anunció que se extendían hasta fin del mandato de Cambiemos los planes de estimulo al gas natural heredados del gobierno anterior, y que reconocen precios elevados en pos de incentivar el desarrollo de Vaca Muerta. Esta semana YPF salió a anunciar que –a pesar de no estar nadando en liquidez o en bajo endeudamiento– está dispuesta a hacer una inversión billonaria...en gas convencional...en Bolivia.

Y al mismo tiempo, aparece una Resolución del MINEM de re-autorización de exportaciones de gas, en un país que viene de un colapso energético –en parte causado por autorizaciones temerarias otorgadas en los años 90– y es un importador masivo de gas. Digamos, por lo menos, que el ciudadano común que es ‘lego‘ en energía, y mira todo esto, va a quedar algo confundido. 

De todos estos anuncios, el que se plasmó en la resolución de re-autorización de exportaciones de gas natural es el más llamativo, porque un análisis hecho con rigurosidad académica y espíritu crítico, no puede soslayar que –lejos de ser en principio un ingrediente importante en el desarrollo y la integración energética– las autorizaciones de exportación de energía, hechas de manera desprovista de un marco de planeamiento preventiva y de balance de consistencia agregada de decisiones individuales –algo que fue un vacío institucional serio de la política energética de los 90–, pueden conducir a un problema de seguridad energética (un ‘energo-crunch‘) de gran magnitud. 

No estoy diciendo que el desabastecimiento energético de los 2000 fue exclusivamente por haber autorizado exportaciones. Más bien el control de precios fue un causante primario de una colosal caída de la oferta (y un estimulo irracional a la demanda) que el gobierno anterior recién pudo terminar de entender en 2013 y que dio lugar a los planes de estímulo a precios altos, que causaron la reversión de la caída de la oferta. Es decir, está claro que aún no habiendo exportado gas igual hubiéramos tenido un faltante muy importante.

En números, la Argentina exportó desde fines de los 1990s hasta comienzos de los 2010s algo así como 40 mil millones de metros cúbicos (que es equivalente al 10% de su demanda en un lapso digamos de 10 años) mientras que importó desde 2005 a la fecha algo así como 70 mil millones de metros cúbicos, de los cuales algo más de 30 mil millones provienen de costosísimas importaciones de LNG. Es decir que un proceso de integración y exportación de gas con una supervisión más planificada nos hubiera ahorrado muchos miles de millones de dólares en importaciones posteriores de LNG. Sin contar con la suma escalofriante representada en los litigios entre privados o con el Estado, y los correspondientes costos asociados, que siguieron a la ruptura de los contratos de exportación. 

Existen muchos interrogantes detrás de este anuncio y que no han sido aclarados. ¿Cómo puede el Gobierno apurarse a querer abrir las exportaciones después de semejante fracaso histórico, aun tomando las precauciones de que los mismos sean intercambios de corto plazo ‘compensados‘ con importaciones? ¿Es simplemente dar la señal a las inversiones en Shale, de que la abundancia va a ser colocada en algún otro mercado? ¿Es una adecuación para permitir una integración con intercambios o swaps físicos que nos permitan manejar mejor nuestra infraestructura?

¿O se trata de una concesión para flexibilizar el negocio de productores y comercializadores con pocos beneficios para el mercado interno? ¿Cuál es la cuenta que el Gobierno puede mostrarle a la sociedad de que hay beneficios concretos, no subjetivos, para los consumidores y empresas argentinos y que no se trata de que ellos financien los costos hundidos de la inversión en Shale que luego se va a comercializar afuera? ¿Qué significa justificar razones de exportación de corto plazo basadas en restricciones de capacidad de transporte interno, si estas restricciones hoy no ocurren y si lo hacen son en invierno cuando tampoco hay abundancia de gas? ¿Porqué apurarse a flexibilizar exportaciones y no mostrar el mismo ímpetu para flexibilizar y abaratar importaciones de LNG, que sería lo lógico ahora? 

Más allá de estas preguntas, la Resolución del MINEM que re-autoriza exportaciones de gas tiene un correlato institucional que muestra que, a este nivel, tampoco se extrajeron lecciones de la crisis de exportaciones anterior. Porque lejos de hacer intervenir explícitamente, en las autorizaciones para exportar, a una instancia de planeamiento energético (que hoy sí existe en el MINEM) o al ente regulador ENARGAS (que dicho sea de paso, es el único que entiende y maneja las restricciones al transporte que supuestamente justifican estas autorizaciones) deja las decisiones, exclusivamente, en el ámbito de la Secretaría de Hidrocarburos. Es decir ahí donde no debería haber estado exclusivamente en los 90s, y en donde tampoco debería estar exclusivamente ahora.

*Economista jefe de FIEL