Durante la campaña electoral, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) prometía 'Oro Limpio', en referencia a la minería informal e ilegal que afecta al Perú, en especial a regiones como Madre de Dios, Loreto, Puno y Ucayali.
El plan de PPK decía lo siguiente:
Ahora en el Gobierno, como parte de las facultades legislativas que delegó el Congreso, el Poder Ejecutivo ha emitido 112 decretos legislativos (DL), varios sobre la minería informal e ilegal. Pero uno que ha despertado la preocupación de algunos es el DL 1293, que simplifica los pasos para la formalización minera.
Antes, para formar parte del proceso era necesario que el Ministerio de Culturaemita, en un plazo máximo de treinta días, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en la zona de explotación minera. Ahora, con esta norma, se exonera del requisito de tener un CIRA.
En recientes declaraciones a Cuarto Poder, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, justificó la exoneración de este certificado.
"Se quiere formalizar a mineros que ya están en actividad hace mucho tiempo, entonces pensar en un CIRA para ellos cuando ya tienen años trabajando ahí no tiene sentido", dijo.
A pesar de ello, del Solar señaló que "esto no significa que el Ministerio de Cultura renuncie a su responsabilidad de velar por el patrimonio arqueológico".
"Estamos trabajando de cerca con el Ministerio de Energía y Minas y en el reglamento se va a establecer claramente que cada vez que el MEM reciba una solicitud de formalización va a informar a Cultura, de manera que Cultura pueda responder y pueda verificar la zona como un monitoreo arqueológico, pero ya no con un CIRA", afirmó.
En declaraciones a LaMula.pe, el abogado Iván Lanegra explicó que los CIRA fueron creados para prevenir daños al patrimonio arqueológico; es decir, son certificados que se supone deben ser tramitados antes de iniciada la actividad minera, por lo que carecen de sentido en casos de zonas ya explotadas.
Sin embargo, el exadjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Puebloseñaló la necesidad de que en los casos en los que se detecten daños al patrimonio producto de la actividad extractiva se deben crear "instrumentos correctivos arqueológicos", como ocurre en los temas ambientales. "El Ministerio debe incluir estos instrumentos. Se tiene que resolver en el Reglamento", dijo.
Además, Lanegra sostuvo que los costos de las supervisiones deben ser responsabilidad de quien realiza la actividad minera. Y, en los casos en los que se detecten daños, las eventuales reparaciones también deben ser pagadas por los mineros. "Si se identificara que durante la actividad minera se afectó al patrimonio, se debe denunciar por delito contra el patrimonio", agregó.
Todos estos detalles no se encuentran en el DL 1293. Estos vacíos, como dijo Lanegra, deberían ser resueltos en el Reglamento de esta norma. Pero, afirma, hay un problema de fondo no resuelto:
"La legislación anterior no lo resolvió y creo que esta tampoco lo va a hacer. El problema de fondo es la enorme debilidad del Estado en la implementación de las medidas necesarias en un lugar donde existe una enorme carencia de instituciones mínimas para poder llevar a cabo esta labor. El Estado ha tenido enormes dificultades para poder luchar contra una actividad ilegal que es abierta, una enorme incapacidad de controlar lo que ocurre en ese territorio. Las estrategias policiales tampoco han sido efectivas".
Para Lanegra, este problema no se resuelve con la simple modificación de las reglas de la formalización minera haciéndolas más flexibles. "Eso lo único que hace es consolidar la situación que hoy día existe. Como se dan cuenta de que no pueden tener éxito en formalizar a un nivel de exigencia más alto, bajan el nivel de exigencia para que más personas puedan formalizarse", señaló.
El programa 'Oro Limpio' de PPK prometía que la formalización minera iba a incluir la recuperación de áreas destruidas:
¿Mejorará el tema ambiental con los decretos sobre minería informal? Lanegra considera que "el panorama parece que va a seguir siendo, en los hechos, muy parecido, aunque en la forma pareciera que más gente se formalice". "La fotografía de los impactos negativos va a seguir igual aunque en los papeles habrá más gente formalizada", afirmó.
Este DL 1293, así como los demás decretos legislativos, deberán pasar por la Comisión de Constitución del Congreso, cuya presidencia está en manos de Fuerza Popular. No podemos saber de antemano la posición de la bancada fujimorista sobre este decreto, pero sí recordamos que durante la campaña electoral Keiko Fujimori firmó un compromiso con los mineros informales.
La ministra del Ambiente, Elsa Galarza, ratificó que la lucha contra la minería ilegal se ha impulsado en los últimos meses con el trabajo coordinado de distintas instituciones, permitiendo recuperar más del 70% del área total afectada en la Reserva.
El trabajo conjunto del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas –DICAPI de la Marina de Guerra del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – FEMA del Ministerio Público permitió que desde setiembre del 2016 a la fecha se hayan recuperado más de 500 hectáreas de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, que se encontraban afectadas por actividades de la minería ilegal.
“En estos meses de gestión, el Ministerio del Ambiente nunca ha retrocedido en sus competencias ante la minería ilegal, y esto lo vemos reflejado en que hemos recuperado más de 500 hectáreas de la Reserva Tambopata de esta actividad ilícita, extensión que representan más del 70% del área total afectada. Esta lucha contra la minería ilegal es posible gracias al trabajo articulado que realiza el SERNANP con la DICAPI y la FEMA”, apuntó la ministra del Ambiente, Elsa Galarza.
Las acciones conjuntas de estos organismos, cada una en su competencia, priorizaron la intervención a los campamentos mineros que proveen de apoyo logístico a los mineros ilegales al interior del Área Natural Protegida, y luego las interdicciones propiamente a los lugares con operaciones mineras.
En estos operativos se logró desmantelar 4 campamentos mineros ubicados en la zona de amortiguamiento, los que proveían de logística a los mineros ilegales que ocupaban al interior del área natural protegida.
Para la realización de estos operativos, se reforzó la presencia del personal guardaparque y efectivos de la Marina de Guerra del Perú en el puesto de vigilancia y control “Azul”, uno de los sectores más amenazados por la minería ilegal en la Reserva. Habiéndose instalado permanente cerca de una veintena de efectivos de la DICAPI.
Entre los operativos efectuados una de las intervenciones más transcendentales se realizó en el campamento “Panterita”, ubicado en el sector del río Malinowsky, donde operaban más de mil personas dedicadas al abastecimiento de implementos e insumos para la minería ilegal, así como al suministro de combustible, alimentos, transporte, mecánica y otros que sostenían el desarrollo de la ilícita actividad.
El resultado de esta acción fue el desmantelamiento de este campamento, en el cual los mineros ilegales se refugiaban durante los operativos contra la minería ilegal que se realizaban al interior del área natural protegida, lo que les permitía guarecerse y, luego, retornar inmediatamente a la Reserva. Similar acción se realizó en el campamento minero “Cetical”, el cual era ocupado por más de 40 personas dedicadas a la minería ilegal.
Complementando estas acciones de control y vigilancia, se han incorporado 15 nuevos guardaparques en la Reserva Nacional Tambopata, siendo destacados a los puestos de vigilancia y control Azul, Otorongo y Correntada, contando con equipos de logística y comunicación necesarios para el desarrollo de las acciones de coordinación entre los mencionados puestos de control.
