La Secretaria de Minería de la Nación recibió, en el salón COFEMIN, dos ofertas en el Acto de Apertura de la Licitación que tiene por objetivo la contratación de las obras de remediación ambiental de la ciudad rionegrina San Antonio Oeste.
El Acto se llevó a cabo con la presencia de Santiago Dondo, Subsecretario de Política Minera de la Nación; Carolina del Valle, Coordinadora General del subprograma GEAMIN; Carlos Albar Díaz, Director Nacional de Infraestructura y Cadena de Valor; Matías Rulli, Secretario General del Gobierno de Río Negro; Ricardo Quiroga, Jefe de Operaciones del BID; Mariela Pérez, de la Sindicatura General de la Nación; Laura Viz, Secretaria de Ambiente y Producción de la Municipalidad de San Antonio Oeste y Patricia Llonch, de la Comisión Multisectorial por el Plomo.
El Acto comenzó a las 16 hs y contó con la presencia del escribano Fernando Prisco. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Subsecretario Dondo y del Secretario General Rulli. Ambos destacaron el trabajo coordinado entre el gobierno nacional, provincial, municipal y la comunidad bajo la representación de la Multisectorial. A continuación se procedió a la apertura de las ofertas presentadas por las empresas Texey S.R.L y Taym S.A. y se finalizó con la firma del Acta correspondiente.
Luego del acto comenzó la evaluación de las ofertas por parte del Comité de Evaluación, que hará el análisis y recomendación de adjudicación de las obras de remediación ambiental de las áreas impactadas por la Actividad de la Ex Fundición Geotécnica. Las mismas incluyen la remoción, transporte y disposición final de materiales contaminados en una celda de seguridad de acuerdo a la normativa aplicable.
El dueño del campo ubicado en el Paraje Mancha Blanca que debería brindar la servidumbre de paso para que la empresa que será designada para efectuar el saneamiento definitivo del plomo ubicado en el ingreso a esta ciudad acceda cuando se trasladen los tóxicos, se presentará con un abogado ante la Justicia, para reclamar que Nación cumpla con los compromisos que según él asumió.
Se trata de Félix Correa, el comerciante local que fue cuestionado por la secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Provincia, Dina Migani, por entorpecer en su momento el desarrollo de las tareas de saneamiento, al cerrar con un candado la tranquera de ingreso al área en la que se estaba construyendo el foso que contendrá los contaminantes. Tras esas acusaciones, Migani presentó ante el Superior Tribunal de Justicia un recurso de amparo, que fue aceptado por el tribunal, que a su vez ordenó la medida de no innovar, impidiendo que Correa volviese a bloquear el acceso.
“Migani miente. Mi cliente nunca buscó entorpecer las tareas. Sólo reclamó y reclama que Nación cumpla con los compromisos que asumió en el momento en el que le pidió a Correa pasar por su campo” expresó Gabriel Botari, el abogado del comerciante.
“Todavía no se firmó el acuerdo para la servidumbre de paso. Ése paso es el que resta darse. Y nadie convocó a Correa para hacerlo. Lo que sí existe es una lista de compromisos asumidos por Nación, entre ellos mejoras en el campo que es de su propiedad, colocación de postes y construcción de tajamares, que constituyen lo que se le ofreció a mi representado para utilizar sus tierras, algo que nunca se cumplió, pese al tiempo trascurrido” agregó Botari.
Ahora, el abogado afirmó que “una vez que se levante la feria judicial le haremos llegar a la Justicia un escrito para aclarar la postura de mi cliente. Porque lo que expresó Migani no es cierto” reiteró.
Por otra parte, el letrado manifestó que más allá de lo que les adeuda Nación “existe un reclamo económico que le estamos efectuando a la empresa Ezequiel Walter Silva (EWS), que era la que hasta hace unos meses se ocupó de las obras. Correa efectuó, a pedido de ellos, mejoras en el camino de acceso a la zona donde estaban construyendo la celda o foso en la que depositarían el plomo. Y nunca le pagaron el monto estipulado por esa tarea”.
Cabe recordar que el plomo que se menciona es el que proviene de Mina Gonzalito, y fue acopiado por la exempresa fundidora Geotécnica. Su existencia es altamente nociva para la salud porque se aspira junto al polvo en suspensión. Para remediarlo se dispone de un crédito internacional que fue obtenido en el marco de un programa en el que intervienen de manera conjunta Nación, provincia y municipio. En 2016 se dio de baja el contrato que se había firmado con la firma EWS, y ahora hay dos nuevas firmas que aspiran a concretar la obra.
Luego del recurso de amparo aceptado por el tribunal, se ordenó la medida de no innovar, impidiendo que Correa volviese a bloquear el acceso.